[contextly_sidebar id=”fhiUIhRx1nyNDFM0Qkw0LACQ8jZZ06mp”]Para 11 organizaciones de la sociedad civil, el actual proceso de designación de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “carece de transparencia y de garantías” de que los elegidos para sustituir a los ministros salientes Olga Sánchez y Juan Silva sean independientes.
En una rueda de prensa celebrada este lunes 23 de noviembre en el Centro Pro Derechos Humanos, en la ciudad de México, las organizaciones —entre las que se encuentran México Evalúa, Artículo 19 y Fundar, entre otras— expusieron diversas “debilidades” en el proceso de designación de los ministros, el cual, dijeron, “no respeta los estándares internacionales ni los requisitos legales incluidos en la Constitución mexicana”.
Estas son las debilidades expuestas por las organizaciones civiles:
Presidencia no justifica sus propuestas
El pasado 13 de noviembre, el Ejecutivo Federal envió al Senado dos listas con tres nombres de juristas aspirantes a convertirse en ministros del Tribunal más alto rango en el país. Dichas listas incluyen, en primer término, a las magistradas Sara Patricia Orea, Norma Lucía Piña y Verónica Judith Sánchez; y por otra parte, a los magistrados Álvaro Castro Estrada y Javier Lainez Potisek, así como a Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, y quien se desempeñó también como subprocurador cuando Enrique Peña Nieto gobernada la entidad mexiquense.
Sin embargo, las organizaciones civiles acusaron que el presidente Peña Nieto se abstuvo de justificar sus propuestas, por lo que criticaron que la elección del mandatario “carece de criterios objetivos y preestablecidos”.
Layda Negrete, coordinadora del proyecto de calidad de justicia en México Evalúa, explicó que la obligación por parte del Ejecutivo de presentar argumentos acerca de la idoneidad de los aspirantes es una exigencia constitucional, aunque es cierto que el artículo 96 de la Constitución, que regula el proceso de designación de ministros, no es explícito a este respecto.
En realidad, subrayó Negrete, “esta exigencia está plasmada en el capítulo de garantías básicas”, que requiere que “todo acto de autoridad esté fundamentado y motivado”.
Asimismo, la integrante de México Evalúa, recordó que la Fundación para el Debido Proceso señala que las buenas prácticas internacionales también requieren que el presidente explique públicamente las razones por las que considera que cada uno de los candidatos tiene un perfil adecuado para ocupar el puesto de ministro de la Corte.
Elección de candidatos sin método ni criterios
Samuel Kenny, de la Fundación para La Justicia y el Estado democrático de Derecho, añadió a este respecto que realizaron diversas solicitudes de información pública a Presidencia de la República “para conocer el proceso y los criterios” que el Ejecutivo Federal utilizó para seleccionar las ternas de candidatos.
“A nuestras solicitudes la respuesta de Presidencia fue: ‘no existen los documentos’. Es decir, Presidencia no tiene ningún elemento para conformar la terna de candidatos. Y eso es algo que nos preocupa mucho”, resaltó Kenny.
Poca información sobre el perfil de los candidatos
Aunado a lo anterior, Layda Negrete indica en su artículo Los ministros que vienen, publicado este lunes en Animal Político, que de los seis candidatos y candidatas a ministro de la Suprema Corte “hay escasa información”, lo cual supone un “mal punto de partida” porque “añade incertidumbre al proceso y delega al Senado y a los ciudadanos la tarea de hacerse con esa información”.
Además, Negrete resaltó que lo que sí queda claro de los aspirantes es que “ninguno cuenta con una trayectoria en protección de los derechos humanos, siendo éste un tema trascendental en el país”. “Esto habla de que no es una prioridad para el presidente, quien armó la terna”, añadió Negrete.
Por otra parte, las organizaciones civiles señalaron que el perfil del candidato Alejandro Gómez, procurador mexiquense, “es cuestionable, al relacionarse con un caso reciente de violaciones graves a derechos humanos, el caso Tlatlaya”. En este sentido, recordaron que personal ministerial de la Procuraduría estatal que encabeza Gómez “fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la comisión de actos de tortura, malos tratos y agresiones sexuales en contra de tres mujeres víctimas que estuvieron presentes durante el momento de los hechos”.
Temor a una designación ‘Fast-Track’
El pasado jueves 18 de noviembre, la Mesa Directiva del Senado aprobó un acuerdo para la designación de ministros, el cual fue modificado tan sólo un día después, adelantando con este cambio la comparecencia de aspirantes para mañana martes 24 de noviembre, en lugar de que ésta se llevara a cabo a principios de diciembre, tal y como estaba previsto originalmente.
Para las organizaciones civiles, esta modificación las excluye del proceso y restringe el tiempo de análisis de las postulaciones por parte de los senadores, dejando en evidencia que el proceso de designación de ministros “no tiene garantía de estabilidad alguna”.
“Si un aspecto de procedimiento puede modificarse en menos de 24 horas, por cualquier razón, queda claro entonces que el proceso de designación se construye en arenas movedizas”, criticó Layda Negrete, quien advirtió que “formalmente nada impide” que mañana martes se pueda llevar a cabo una designación “Fast-track” de los dos nuevos ministros.
“La Constitución, en su artículo 96, establece como requisitos para el Senado la comparecencia de candidatos y aprobación del elegido con dos terceras partes de los votos de Senadores presentes en sesión válida, nada más. Si la Mesa directiva quisiera asumir el costo político de elegir a los ministros esta semana, podría hacerlo. El único freno viene dictado de la política, el control no es legal”, argumenta la integrante de México Evalúa.
Falta una ley que establezca criterios de selección
Ante estas debilidades, las organizaciones civiles coincidieron en apuntar que la falta de una ley reglamentaria que exija que los aspirantes a ministros sean seleccionados “bajo criterios objetivos preestablecidos” es la razón de la incertidumbre del actual proceso.
“Necesitamos que el proceso quede en una ley. Y que este nuevo proceso nos ayude a corregir las deficiencias del actual sistema de designaciones”, estimó Layda Negrete.
Los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparecerán este martes 24 de noviembre ante el Pleno del Senado.
