[contextly_sidebar id=”okyPCiGvzyTn4e891RL413yUreFrCRWJ”]El Senado aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obligará que los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos e incluso empresas que reciban recursos públicos, transparenten su labor y manejo.
Con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó el nuevo marco legal, que tiene como sujetos obligados a cumplirla a los tres Poderes de la Unión, a los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México.
También partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e incluso particulares y empresas que manejen recursos públicos.
La nueva ley incluye 272 obligaciones específicas de transparencia adicionales a las establecidas en la Ley General de Transparencia que fue derogada: 79 son para el Poder Ejecutivo Federal, 23 para el Legislativo, así como ocho al Poder Judicial de la Federación.
Además, 85 a distintos organismos autónomos y 77 a sujetos obligados en materia energética, como son las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, entre otros.
Establece medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, desde amonestaciones públicas hasta multas de hasta 105 mil 150 pesos, más tres mil 505 pesos de multa adicional por día, a quien persista en negar la información.
El castigo será de hasta el doble en caso de reincidencia. Se establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
En su posicionamiento por escrito, el senador Arturo Zamora Jiménez, del PRI, expuso que a partir de este nuevo marco legal, “no habrá dinero público que vaya a fideicomisos, federaciones deportivas, sindicatos o partidos políticos, instituciones privadas o empresas, que no se transparente y se conozca su destino, a quiénes beneficia, y el impacto que tiene en la población”.
Alejandro Encinas, integrante de la bancada perredista, indicó que con la nueva ley “los agremiados de los sindicatos pueden recurrir y requerir información, por ejemplo de aportaciones de las cuotas sindicales a partir de las obligaciones en materia de transparencia”.
La nueva ley fue aprobada pese a que organizaciones de la sociedad civil alertaron que algunos principios e la Ley Federal son incongruentes con la Ley General que se promulgó en mayo pasado, por lo que abre la posibilidad de que se deba esperar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer efectivo el derecho de acceso a información pública.
“La autoridad del nivel federal aplicará la Ley Federal. Sin embargo, una autoridad con base en la Constitución tendría que aplicar el artículo que le beneficie más al ciudadano. Y si está en la Ley General y aunque se contradiga con la Ley Federal debería aplicar el primero. Pero en la práctica esto no sucede. No podemos tener una ley que sea incongruente con la otra”, explica Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19.
Esto llevará a que el ciudadano tenga la opción de acudir a un juicio para solicitar que se aplique el artículo que más expanda su derecho y aunque eventualmente la Suprema Corte de Justicia tendría que declarar inconstitucional que se obstaculice el derecho a la información, el hecho de que un ciudadano pase por un juicio para tener los datos que solicitó atenta contra el principio de acceso rápido y expedito a información pública que marca la Constitución.
