[contextly_sidebar id=”AESCIwhQ8QQmaGXXK4gui1Kd6MKOYZqf”]Académicos, activistas, grupos civiles y víctimas de los abusos cometidos durante el operativo policial del 20 de noviembre de 2014, agrupados en el colectivo CompasDH, anunciaron la presentación formal de denuncias penales, así como el inicio de procedimientos administrativos, contra los mandos y agentes tanto federales como capitalinos que incurrieron en detención arbitraria, abuso de la fuerza y del servicio público, falsedad en declaraciones, así como tortura en contra de 11 personas que ese día se manifestaban pacíficamente.
Las denuncias penales, informó la politóloga Denise Dresser, fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de cinco policías federales que presentaron testimonios en contra de los detenidos, para así fincarles delitos como terrorismo, los cuales, finalmente, se pudo comprobar que eran falsos.
“El desalojo violento del Zócalo (realizado por policías federales y del DF el 20 de noviembre de 2014) evidencia muchas cosas que como sociedad nos deberían alarmar –subrayó Dresser–: el uso, por parte del Estado, de la fuerza y la justicia penal como herramienta de represión de la manifestación social; la agresión directa y el amedrentamiento; el desprestigio y la difamación; la criminalización de víctimas y denunciantes”.
Asimismo, Margarita Griesbach, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI, grupo que encabezó la defensa legal de los detenidos) anunció que se solicitó formalmente una reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas de estas detenciones ilegales, ante la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de Justicia del DF, la Secretaría de Seguridad Pública del DF y la Secretaría de Gobierno capitalina.
“De ser negada esta reparación, procedería el inicio de un juicio por responsabilidades patrimoniales del Estado”, especificó.
Entre los abusos cometidos durante el 20 de noviembre de 2014, subrayó Griesbach, se encuentran “agresiones físicas, amenazas, encapsulamiento, detención ilegal, encarcelamiento y tortura”, así como otras “conductas encaminadas a la disolución injustificada de las manifestaciones”, prácticas sitemáticas que los cuerpos de seguridad han aplicado de forma sistemática no sólo en esta protesta, sino al menos en otras ocho manifestaciones realizadas durante este sexenio.
El objetivo de promover este “litigio estratégico”, subrayaron los promoventes de las denuncias, es el “esclarecimiento público sobre el diseño y operación de las acciones de represión e inhibición de la protesta social”, que se determine públicamente “las responsabilidades incurridas por servidores públicas con respecto al diseño, coordinación e implementación de acciones represivas, así como de las penas administrativas y penales que correspondan”; y por último la “reparación pública de toda aseveración infundada que criminaliza a personas relacionadas con las acciones de protesta social”.
El comité CompasDH está integrado por el Centro Nacional de Comunicación Social AC; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC; la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia; así como por los activistas y académicos Atzin Andrade, Denise Dresser, Hugo Bautista, Isaac Domínguez, Jesús González Alcántara, José Luis Caballero, Juan Martín Pérez, Layda Negrete, Lorenzo Meyer, Luis Carlos Pichardo, Luis González Placencia y Lydia Cacho.
