[contextly_sidebar id=”y0fKX0Y6WPDDtbScVoOTXAXgrFWKwmt4″]La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que no impugnará la resolución por parte de una juez federal en la que se negó la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde Ecologista, por delitos electorales.
En un comunicado la noche del lunes 14 de diciembre, la fiscalía dijo que “consideró pertinente no agotar el medio de defensa previsto en la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional”.
El pasado 9 de diciembre la juez décimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Rosa María Cervantes, negó la orden de aprehensión solicitada por la Fepade el 25 de noviembre al considerar que el Ministerio Público federal no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar en los mismos.
La Fepade acusó al exdirigente ecologista de violar la ley electoral al celebrar un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.
Según el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello”.
Escobar, quien se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Participación de la Secretaría de Gobernación desde principios de septiembre pasado, se separó del cargo a fin de “facilitar el adecuado curso de las investigaciones”.
El pasado 10 de diciembre, luego de que la juez negó la orden de aprehensión, Escobar anunció que presentaría una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del titular de la Fepade, Santiago Nieto, por considerar que hubo daño moral al revelarse la investigación en su contra por la presunta violación de la ley electoral.
