[contextly_sidebar id=”DWZNKoW2JYyPLjE2EjjTPPYJUSg6K3kq”]Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el presidente Enrique Peña Nieto fijó cinco prioridades en materia de seguridad, establecidas para la segunda mitad de su gobierno.
En este consejo, al que acuden gobernadores de distintos estados, autoridades y organizaciones civiles, el presidente destacó que durante su mandato se ha trabajado en avanzar en el cumplimiento de las líneas trazadas en tema de seguridad.
Es así que planteó los siguientes puntos:
- Mantener y consolidar la colaboración entre órdenes de gobierno; compartir información y avances.
- Profesionalizar y dignificar los cuerpos de seguridad.
- Concretar el paso hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
- Dar énfasis al respeto y la protección de los Derechos Humanos.
- Consolidar la participación social hacia un modelo transparente y de seguridad ciudadana.
En el evento, Peña dijo que “hoy podemos anunciar que hemos avanzado, aunque si no estamos plenamente satisfechos en materia de seguridad, no podemos dejar de lado los avances y los logros que hoy se tienen a tres años de distancia”.
Adicionalmente, destacó que, según las cifras de gobernación, se ha logrado bajar la incidencia delictiva en un 12% y de homicidio doloso en un 22%. Asimismo, el secuestro descendió en 27%, las extorsiones 30% y remarcó que 96 de 122 delincuentes que son objetivo prioritario “ya no representen peligro para la sociedad”.
Por otro lado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció por el establecimiento del número único de emergencias, el 911, y la operación, atención y calidad de los centros que atenderán a las llamadas de los ciudadanos.
Además propuso crear un acuerdo para homologar las bases de datos criminalísticas y de personal de los tres órdenes de gobierno, así como votar un acuerdo para evitar que corporaciones locales utilicen vehículos o vestimenta que pudieran ser confundidos con aquellos que usan y utilizan las Fuerzas Armadas.
Finalmente, propuso estandarizar la adquisición e instalación de tecnología de video-vigilancia. “Se trata de que en las 32 entidades los equipos se coloquen estratégicamente, se comuniquen entre sí y puedan operar de forma conjunta”, concluyó.
