[contextly_sidebar id=”fYJ5ezl5TrI4juto9nyRjkQkcol39Z8A”]Por escribir con fea letra en las infracciones; por contar con “sobrepeso” sin importar que sea masa muscular y no grasa; por supuestamente recibir dinero en las autopistas aunque en realidad no trabajen en una; por no saber de un procedimiento del que nunca fueron notificados…
Son ejemplos de los “motivos” de la Policía Federal (PF) para dejar sin trabajo en los últimos dos años a casi 700 agentes, a los que luego tuvo que indemnizar pagándoles cerca de 250 millones de pesos por orden de jueces y magistrados que concluyeron que eran despidos injustificados.
En tres de estas sentencias judiciales, de las que Animal Político tiene copia, los jueces confirmaron que la Policía Federal separó a los agentes bajo el argumento de no ser confiables por múltiples motivos, pero sin mostrar siquiera las pruebas aplicadas y el mínimo sustento de los resultados del control de confianza. Incluso los exámenes en algunos casos ya eran caducos.
De acuerdo un informe oficial, revelado vía transparencia, la Policía Federal desembolsó en 2014 poco más de 150 millones para indemnizar a 381elementos, mientras que de enero a octubre de este año ya sumaban otros cien millones para 318 policías.
El problema, explicó la abogada Reyna Velasco, que desde 2013 ha llevado más de cien casos de agentes afectados, es que aun con las indemnizaciones los policías no pueden recuperar su trabajo, pues la Constitución les da un trato diferenciado que les impide que puedan regresar al puesto como cualquier otro servidor público.
Como consecuencia, varios de los agentes han terminado trabajando en la informalidad, algunos como vendedores y otros como “guardias de seguridad” en empresas “patito”. Hay quienes desarrollaron cuadros de depresión, enfrentaron divorcios e incluso se suicidaron.
El propio Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en el foro de seguridad Ciudadanos más Policías realizado el 10 de noviembre, que es urgente una reforma al artículo 123 de la Constitución, el cual pone a los policías en una grave situación de vulnerabilidad laboral, pues tienen menos derechos incluso que cualquier otro servidor público que si puede recuperar su trabajo si es despedido sin justificación.
“Se trata de que tengan los mismos derechos de otros empleados de la federación, de las entidades federativas, de los municipios (…) Cómo exigirle a la policía que respete derechos, que sea el escudo entre el delincuente y la víctima, si nosotros no respetamos sus derechos y si la propia constitución los discrimina” dijo Sales.
Una evaluación mal hecha
La Ley del sistema Nacional de Seguridad establece que el proceso de control de confianza es indispensable para que los agentes continúen en el puesto. Consiste en cinco pruebas: el polígrafo, entorno socioeconómico, psicológica, física y toxicológica. En caso de no pasarlo se establece que el policía no tiene el perfil y puede ser removido.
Pero las sentencias emitidas por los tribunales a favor de los agentes despedidos en los juicios de nulidad, evidencian fallas graves en la aplicación de este proceso de parte de Policía Federal.
Por ejemplo, en el caso del expolicía Germán Rosas Manilla, los magistrados de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal federal de Justicia Administrativa determinaron que el agente fue sancionado un año y tres meses después de que se le aplicaron unas pruebas cuya vigencia era de solo un año.
En otro caso, el del policía Arturo Solís Gordillo, los jueces confirmaron que la Policía Federal separó al policía en base a un reporte en donde se determinó que no cumplía el perfil, pero sin sustento de ninguna de las pruebas aplicadas.
“No se le permite al agente una real y auténtica defensa, pues aunque efectivamente se le da a conocer un resumen del resultado de las evaluaciones a las que fue sometido, en el expediente administrativo no consta ninguna de ellas (…) esto es, no se le dieron a conocer los motivos por los cuales se consideró que no había aprobado el proceso” señala la sentencia.
Las explicaciones que da la Policía Federal para despedir a los agentes en muchos caso van de lo “ilógico a lo absurdo”, señala la abogada Reyna Velasco, que tiene conocimiento de fondo de más de cien de estos casos. Se trata, como confirman los jueces, de motivos sin fundamento.
“Hay muchos elementos que no están obesos pero les ponen que tienen sobrepeso y por eso los dan de baja. Hay un agente que tenía un peso determinado pero era por masa muscular y no grasa. Hay otro que le dijeron que su letra no era muy entendible entonces eso hacía que hubiera confusión en el llenado de informes e infracciones. O sea por tener fea letra” dijo la abogada.
Las irregularidades sobran. Reyna dice que hay casos de policías que les notificaron que no pasaron evaluaciones que les aplicaron hace cinco o hasta diez años e incluso se han dado situaciones donde no les dicen nunca que les iniciaron proceso de separación y luego, cuando les vuelven a hacer una nueva prueba y les preguntan por ello, los tachan de mentirosos por no conocer lo que nunca se les informó y por ellos los califican de no confiables.
“Pobre consuelo”
Los 250 millones que en indemnizaciones han recibido los casi 700 policías despedidos, son en promedio 350 mil pesos para cada policía a cambio de un trabajo que perdieron de forma definitiva, y por una razón injustificada según los jueces.
La abogada Reyna Velasco explicó que el marco jurídico actual impide que los policías puedan ser recontratados, pues el artículo 123 de la constitución, apartado B Fracción XIII, contempla a los agentes bajo el régimen de otra ley (la de Seguridad) que establece que no se puede recontratar a quien sea dado de baja por control de confianza.
“Los funcionarios de seguridad están sujetos bajo un régimen especial según la Constitución. La misma Constitución es la que está coartando el derecho para poder ser reinstalados” dijo la abogada.
Sobre este punto ya se pronunció también el comisionado nacional de Seguridad Remato Sales durante su participación en el Foro Ciudadano más Policías. El funcionario dijo que el problema es grave, pues la debilidad laboral que sufren los agentes ante la Constitución se agrava por las fallas en el control de confianza.
“Creemos que es necesario replantear este procedimiento. Se le da mucho peso a pruebas como el del polígrafo cuando lo más importante por ejemplo, debería ser el análisis del entorno socioeconómico que es mucho más objetivo” dijo sales.
Reyna Velasco consideró que el proceso de control de confianza bien aplicado es una buena herramienta de medición que debe conjugarse con otras. La deficiencia está en que se usa de forma inadecuada y se incurre en excesos.
“Los juicios se ganan porque los agentes quedan en un estado de indefensión jurídica, imposibilitados de defenderse en contra de un proceso de separación en donde les dicen que no son confiables pero no les dan pruebas en contra de las cuales puedan argumentar. Al no haber pruebas los jueces consideran que la separación no tiene sustento y anulan el procedimiento” dijo
De la quiebra a la muerte
El pasado 15 de noviembre el experimentado ex capitán de la Policía Federal Germán Federico Castillo llegó junto con su esposa a su casa tras haber comprado la despensa. Le entregó su cartera a su hija y le dijo que la quería mucho. Salió al patio trasero de su casa en Pachuca, colocó su pistola automática en la sien, y se mató.
Aun conmocionada, la esposa del oficial narró a los agentes investigadores que su marido estaba deprimido pues tenía problemas económicos, luego de que lo dieron de baja por un proceso de control de confianza del que llevan meses defendiéndose, sin poder conseguir otro trabajo.
“El caso del capitán Castillo no es el primero. En Michoacán también hubo otro agente que entró en un cuadro de depresión y se suicidó. También están los divorcios, hay casos donde pasa un tiempo y la familia se desintegra porque la esposa es quien se hace cargo económicamente de la familia y surge in distanciamiento” dijo la abogada.
Aun con una indemnización y con una sentencia que diga que el agente fue separado injustificadamente este queda “marcado”, explica Velasco. La mayoría de las corporaciones serias de seguridad tienen como premisa no contratar ex policías y menos si estuvieron vinculados con un procedimiento de control de confianza.
Los ex policías despedidos, primero tienen que lidiar con el costo de llevar su juicio por lo menos un año y si logran solventar eso y tener una indemnización, aun así quedan a la deriva en su futuro.
“Es triste porque hablamos de agentes que tenían incluso varios años y hasta décadas en el servicio y terminan trabajando de otra cosa para sobrevivir. Hay quienes se vuelven albañiles si aún tienen la fuerza, otros andan de choferes, y otros de plano de comerciantes informales. Buenos agentes que fueron echados injustamente…” dijo la litigante.
