Cuando María Ángeles Cárdenas, de 24 años, estaba por iniciar el octavo semestre de la licenciatura en Biología en la Universidad Nicolaíta, el Consejo Universitario impuso una cuota de inscripción de 420 pesos. Pero apelando a que la educación es un derecho humano y gratuito, ella y otros 791 estudiantes interpusieron un amparo para evitar la medida.
Aunque 427 amparos prosperaron y han avanzado en la ruta legal, el caso de Ángeles es el primero en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y será discutido en el pleno el próximo miércoles 13 de enero.
El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y argumenta que la autonomía universitaria permite que la institución fije las cuotas que considere necesarias. Sin embargo, estas no son malas noticias, sino todo lo contrario, explica el abogado Jorge Álvarez, quien ha encabezado la defensa de los estudiantes.
Si la mayoría de los ministros vota a favor del proyecto, la sentencia obligaría al gobierno de Michoacán a etiquetar los recursos suficientes para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que derribaría el argumento que dio el Consejo Universitario para imponer la cuotas: una supuesta insuficiencia de recursos.
“Legitima nuestro derecho a tener el apoyo del gobierno y fortalece a la universidad para que asuma su responsabilidad (de asegurar el derecho a la educación) y apoye a los alumnos”, dice Jorge Álvarez Banderas, en entrevista con Animal Político.
El largo camino contra las cuotas
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo siempre había cobrado cuotas de inscripción a los estudiantes –como se establece en su Ley Orgánica decretada en 1919– pero en agosto de 2010, el Congreso de Michoacán reformó el artículo 138 de la Constitución local para asegurar la gratuidad de la educación, desde el nivel preescolar hasta el superior.
Por ello, el ex gobernador del estado, Leonel Godoy, firmó un convenio con la universidad en 2010, donde se comprometía a que el gobierno estatal crearía un fondo que absorbería el pago de inscripción, que hasta entonces realizaban 55 mil estudiantes de bachillerato, técnico, licenciatura y posgrado.
Pero la gratuidad sólo duró tres años. Durante la administración del rector Salvador Jara, en la sesión de agosto de 2013, el Consejo Universitario aprobó el cobro de cuotas argumentando problemas económicos debido a que el convenio con el gobierno estatal no se renovó durante 2011 y 2012. Por tanto, si el gobierno estatal ya no se hacía cargo de las cuotas, los estudiantes debían pagarlas nuevamente.
En la relatoría de acuerdos de sesión, se explica que el Consejo Universitario hizo un “llamado a la solidaridad de toda la comunidad universitaria” para que quienes pudieran pagaran por su inscripción, lo hicieran y lograr así el “fortalecimiento de la universidad”. Por este concepto, la Universidad preveía recaudar 48 millones de pesos.
Según la información de transparencia, el presupuesto etiquetado por parte del gobierno estatal creció durante los cuatro años siguientes. En 2011 –el primer año de entrada en vigor de la reforma constitucional– recibió mil 809 millones de pesos. El siguiente ejercicio fiscal se registró un crecimiento de 25% y el presupuesto ascendió a 2 mil 271 millones de pesos. En 2013, la universidad recibió 2 mil 271 millones de pesos; en 2014, 2 mil 403 millones de pesos y en 2015, 2 mil 565 millones de pesos.
¿Pagar o no pagar cuotas? ¿Qué dice la Corte?
La decisión administrativa de la universidad tomó por sorpresa a los estudiantes en 2014. El salario que José Luis Cárdenas, padre de Ángeles, gana como sastre apenas era suficiente para solventar los gastos de la casa y los estudios de sus tres hijos, dos de ellos en universidad y otro en bachillerato.
Ella tenía que gastar en materiales de laboratorio, libros cada semestre y 70 pesos diarios para transporte y comida. Por eso, en la recta final de la carrera universitaria, en febrero de 2014, los 420 pesos de inscripción representaban un gasto extra que su familia no contemplaba.
En ese momento, otros estudiantes habían acudido con el abogado Jorge Álvarez para interponer un amparo y, Ángeles, como cientos más, también se ampararon contra la cancelación de la gratuidad.
El juzgado cuarto de Distrito de Morelia, Michoacán, concedió amparos provisionales y luego amparos definitivos a favor de los estudiantes. Gracias a ello, ninguno de los 427 ha pagado cuotas y han sido inscritos cada semestre desde 2014.
Aunque los amparos estaban dirigidos hacia el gobernador, la Universidad, su tesorero y el Consejo Universitario, sólo la institución se inconformó por la medida legal e interpuso un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa y de Trabajo.
El rector de la Universidad, Medardo Serna, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso, por lo que fue aceptado para su discusión en la primera sala desde abril de 2015.
De acuerdo con el abogado de los estudiantes, Jorge Álvarez, el amparo de los estudiantes pretende hacer valer la Constitución de Michoacán y obligar al gobierno estatal a cumplirla a través de recursos etiquetados.
En tanto, el proyecto del ministro Pardo Rebolledo argumenta que ninguna Ley Federal o Constitución local está por encima de la autonomía universitaria, protegida por la Carta Magna, por lo que la institución tiene la facultad de implementar el cobro de cuotas.
Sin embargo, este caso se concentra en la obligación del gobierno del estado de otorgar los recursos para absorber dichos pagos. Por lo tanto, la Corte propone que no sea la estudiante quien pague las cuotas, sino el gobierno de Michoacán.
Esto, dice el abogado Álvarez Banderas, sentaría jurisprudencia para el resto de los casos que se encuentran en la segunda sala de la Corte y, por tanto, el gobierno del estado tendría la obligación de acatar la sentencia y asignar los recursos correspondientes para todos los estudiantes inscritos en la Universidad Nicolaíta.
