[contextly_sidebar id=”f98xYYLrh9diIaPuAnxvVnl3YHhGiNvM”]La diputada Lucero Guadalupe Sánchez López declara en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigacion de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) como testigo de la evasión de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán del penal del Altiplano y como presunta responsable por la falsificación de documentos para ingresar a dicho penal.
Elementos de la Policía Federal detuvieron la tarde de este miércoles 20 de enero a la diputada de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López.
Funcionarios federales confirmaron a Animal Político la detención de la diputada, quien fue trasladada en calidad de testigo a las instalaciones de la SEIDO.
Los agentes federales procedieron luego de que se emitió una orden de localización en contra de Sánchez López.
La detención de la diputada ocurrió alrededor de las 13:40 horas de este miércoles.
Horas más tarde, la PGR emitió un comunicado en el que indica que la diputada comparecerá ante el órgano ministerial que la requiere, en virtud de una averiguación previa iniciada a partir de su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, con documentación presuntamente falsa.
De acuerdo con el artículo 111 constitucional, para proceder penalmente, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, indica la Constitución.
Sánchez López presentó este miércoles su renuncia a la bancada del PAN en el Congreso de Sinaloa. La renuncia ocurrió días después de que la procuradora General de la República, Arely Gómez, afirmó que se investiga a la diputada por haberse reunido supuestamente con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
De acuerdo con un documento publicado por Río Doce, la diputada dirigió una carta al coordinador panista Guadalupe Carrizoza. Ahí, Sánchez pide ser “desincorporada”, agradeció las atenciones que se tuvieron hacia ella y afirmó que pide su salida para no provocar algún conflicto interno en el PAN.
“Los últimos acontecimientos, donde de manera tendenciosa y falsa, el gobierno federal ha buscado a toda costa mediatizar con escándalo, cual show televisivo, dando a entender que mi actuar ha sido fuera de la legalidad, aún cuando he reiterado de muchas maneras y en reiteradas ocasiones para que la ley no tenga tintes políticos y se cite a mi persona para aclarar cualquier infundio”, señaló la diputada.
La semana pasada, la dirigencia nacional del PAN pidió que se aclarara la supuesta relación de la diputada con el líder del Cártel de Sinaloa. Asimismo se estableció en un comunicado que Sánchez no es militante de las filas del partido, aunque en 2013 contendió por una candidatura común postulada por el PAN, PRD, PT y el Partido Sinaloense.
Además de supuestamente haber estado con Guzmán en Año Nuevo, la diputada también habría visitado supuestamente al delincuente en el penal del Altiplano en 2014.
¿Se iniciará el desafuero contra la diputada?
La diputada local de Sinaloa está obligada a comparecer y testificar pese a contar con su fuero de legisladora local.
Expertos penalistas consultados por Animal Político coincidieron en señalar que el fuero del que gozan funcionarios o legisladores tanto federales como locales, protege la continuidad de las funciones a su cargo pero no los exime de testificar ante el Ministerio Público por la comisión de cualquier delito, sin importar si es grave o no.
El abogado y ex subprocurador General de la República, Everardo Moreno, señaló que cualquier persona está obligada a cumplir con los citatorios que giren las autoridades ministeriales para declarar por un expediente en curso, y por ende también puede ser traslada en cumplimiento de una orden de localización y presentación.
Solo en caso de que la PGR pretendiera consignarla concluidas las averiguaciones por algún delito, entonces podría ser necesario un procedimiento de desafuero.
“El fuero solo operaría para ella en el caso de que se le pretendiera consignar. El fuero no opera tratándose solamente de una declaración en la averiguación previa” dijo el litigante.
El penalista y ex procurador capitalino Rodolfo Félix Cárdenas, coincidió en que el fuero no ampara el que una persona se niegue a presentarse ante la autoridad ministerial.
“El fuero protege a la persona en cuanto a la actividad que realice. Por supuesto que los legisladores tienen fuero ya sea local o federal pero es en cuanto a la función que realiza. Pero si la persona es citada a comparecer y no va, no existe ningún impedimento para que sea presentada” dijo.
Los expertos coincidieron en que solo si el caso de que la indagatoria evoluciona y Sánchez López tuviera que ser consignada, ahí sí sería necesario un proceso de desafuero en la lógica de que es necesario que la función que ella realiza como representante social no quede en el limbo.
Con información de Río Doce y Reforma.
