[contextly_sidebar id=”sqmj7BkMa5S4aHim3jlRb2JX382qIjOu”]El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció que la Procuraduría General de la República les ha negado el acceso a nuevas evidencias relacionadas con esta investigación, y que no han sido incluidas en la averiguación previa original.
Entre estas evidencias se encuentran declaraciones de presuntos implicados que han sido detenidos en los últimos meses, como la de Gilberto López Astudillo (detenido en septiembre de 2015) así como peritajes, que la PGR ha integrado a nuevas carpetas de investigación no contempladas en el acuerdo de colaboración signado entre la CIDH y el gobierno mexicano, y por esta razón, quedan fuera del escrutinio del grupo de expertos independientes.
Por ello, el GIEI instó a las autoridades mexicanas a desistirse de esta estrategia de “fragmentación” de las investigaciones, y concentrar toda la información relacionada con la desaparición de los normalistas en una sola averiguación previa.
Aunque el Grupo de Expertos reconoció que, desde diciembre de 2015, un nuevo equipo de investigadores designados por la PGR está encargado de este caso, también destacó que las irregularidades cometidas por el anterior equipo siguen afectando el curso de las indagatorias.
Aún no se entregan fotos, documentos y vídeos tomados por miembros del batallón 27 la noche de los hechos.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) febrero 21, 2016
Un ejemplo de ello, señaló el GIEI, es el amparo promovido por 22 policías de Iguala (a los que se acusó de las vejaciones y asesinato del normalista Julio César Mondragón), y a quienes un juez federal otorgó “recientemente” la “aceptación parcial del recurso de amparo“, dada la “falta de motivación de los autos de consignación” elaborados en su contra.
Por esta razón, el Grupo de Expertos demandó a la PGR que continúe la búsqueda de evidencias en contra de los todos los procesados, para consolidar las acusaciones formuladas ante los juzgados.
Un segundo ejemplo de este proceder irregular por parte de la PGR sigue siendo el caso del “quinto autobús”. Como se recordará, en septiembre de 2015 el GIEI reveló que la Procuraduría General de la República había ocultado evidencias de que habían sido cinco autobuses los atacados por la policía –y no cuatro, como afirmaba la versión oficial–, la noche en que fueron raptados y desaparecidos los 43 normalistas.
Al respecto, el GIEI denunció que, aun cuando desde noviembre de 2014 solicitó a la PGR asistencia técnica para continuar investigando todo lo relacionado con ese quinto autobús, dicha asistencia les fue otorgada apenas en febrero de 2016.
Según las investigaciones del GIEI, este quinto autobús podría ser la prueba de que estos vehículos son usados por el crimen organizado para traficar droga desde Iguala hasta Estados Unidos.
La información sobre trasiego de drogas entre Iguala y Chicago puede contribuir a esclarecer el caso. Esa información llegó el 15 de feb.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) febrero 21, 2016
La falta de colaboración y el ocultamiento de evidencias, sin embargo, no sólo es atribuible a la PGR, destacó el Grupo de Expertos, sino también a la Secretaría de la Defensa Nacional, que sin justificación legal alguna continúa reteniendo videos y fotografías tomadas por sus elementos durante los ataques de la policía contra los normalistas.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero sigue reteniendo el video captado desde el Palacio de Justicia de Iguala, que registró el momento en que policías atacaron a un grupo de normalistas.
Explicaron que es difícil suponer el propósito de esta fragmentación interna, pero que es “un claro obstáculo para la investigación del caso”.
Se causó innecesario sufrimiento adicional a la familia de Julio César Mondragón, debido a la excesiva burocracia e insensibilidad.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) febrero 21, 2016
La (falsa) quinta versión…
Luego de que peritajes tanto del GIEI como del Equipo Argentino de Antropología Forense descartaran la posibilidad de que en el basurero de Cocula fueran incinerados los 43 normalistas raptados por fuerzas de seguridad pública, ha surgido un nuevo intento de las autoridades de crear una versión intermedia.
Esta “quinta versión” establece que, efectivamente, no fueron 43 los normalistas incinerados en Cocula, sino un número menor, 17 estudiantes.
Sin embargo, el GIEI advirtió que esta versión carece totalmente de sustento, y ha sido construida a partir de supuestas declaraciones ministeriales, que han sido manipuladas o que son abiertamente falsas, pero que han sido filtradas a medios y periodistas con disposición a difundir estas versiones falsas o no verificadas.
Por ello, los integrantes del GIEI subrayaron que “alertamos sobre la creación de esta quinta versión y reiteramos que la misma no se sustenta ni en declaraciones ni en otros elementos de convicción”.
Asimismo, lamentaron que “la filtración de declaraciones sigue siendo un factor que genera confusión, pues generalmente se trata de informaciones que no han sido contrastadas; muchas de estas filtraciones no responden a la verdad de lo que se dijo en las declaraciones, y hay incluso casos de procesados que se han reservado totalmente” su derecho a declarar, mientras en algunos medios les atribuyen testimonios, que en realidad son totalmente inventados.
En su intervención, Carlos Martín Beristain dijo que el grupo de expertos es una especie de vacuna que busca estimular las defensas del Estado mexicano contra la impunidad, pero que hay quienes consideran más al GIEI “como un cuerpo extraño, algo que hay que vigilar y encapsular... queremos seguir siendo una vacuna que estimule las defensas del Estado mexicano y no un cuerpo extraño del que hay que defenderse”, expuso en la conferencia de prensa.
La investigación “no está fragmentada”, responde PGR
En respuesta al pronunciamiento del GIEI la Procuraduría dijo que la investigación no está fragmentada, pues expuso que por una parte, la Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia.
En cuanto al amparo promovido por los 22 policías señalados por el GIEI, la dependencia dijo haber interpuesto un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente, y que además, los elementos de seguridad también están sujetos a procesos federales por delincuencia organizada y secuestro, por lo que no podrían quedar libres con el recurso que solicitaron.
En un comunicado, la Procuraduría respondió, tras el reclamo del excesivo trámite solicitado a los familiares del normalista Julio César Mondragón para la toma de ADN, que esta petición “tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos”.
También dijo que el posible tráfico de droga entre Iguala y Chicago es una de varias líneas de investigación, y desaprobó cualquier filtración de información del caso, por lo que dijo haber instruído al Ministerio Público de la Federación investigar estos hechos.
Sobre la serie de peticiones que ha hecho el grupo de expertos a la dependencia, “se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención”, detalló el comunicado.
