[contextly_sidebar id=”TZg3yX3ZW1GC73OqOO7qfTlGSjX7kGGb”]Animada por su abuela, quien le dijo que todos tienen derecho a vivir con dignidad, Jessica decidió dejar atrás la identidad masculina con la que nació, cambiarse el nombre y comenzar una transformación física para verse como la mujer como la que se asumió desde la infancia.
Jessica, quien actualmente tiene 23 años, es una de las 1,159 personas en la ahora Ciudad de México que, entre enero de 2015 y lo que va de este año, cambiaron el nombre y el género que aparece en sus actas de nacimiento.
Desde hace un año, este cambio puede hacerse con un trámite ante el Registro Civil, gracias a una reforma aprobada en la Asamblea Legislativa (ALDF) para reconocer el derecho a la identidad de género. Con ello, se modificó el Código Civil local para establecer que una persona no necesita acreditar intervenciones quirúrgicas, terapias u otros diagnósticos para que el género con el que se asume sea reconocido, a pesar de que no sea el mismo registrado tras su nacimiento.
Antes, lograr ese reconocimiento exigía entablar un juicio que podía durar dos años y cuyo costo podía ascender a los 200,000 pesos, tomando en cuenta el papeleo legal y los peritajes que los interesados debían pagar para comprobar que estaban sometiéndose a tratamientos físicos, hormonales y psicológicos para cambiar de sexo.
Entre 2008 y 2014, únicamente 164 personas pudieron completar ese proceso, menos de una séptima parte de quienes lo han hecho desde que se agilizó el trámite.
Para la activista Gloria Davenport, experta en temas de género, esta modificación administrativa representa el pago de una deuda histórica que tenía la capital en materia de inclusión.
En su caso, dice, aunque pudo haber iniciado un juicio para cambiar de género, optó por hacerlo hasta después de que se lograra facilitar el procedimiento a todos los interesados. “No era coherente iniciar un juicio para hacer valer mi derecho a la identidad si luchaba para que fuera un derecho para todos”, comenta.
Jacqueline L’Hoist, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la ciudad (Copred), señala que con este ajuste administrativo se ayuda a este sector de la población a garantizar su derecho a la salud, al trabajo, a la educación y, por ende, a la no discriminación.
La modificación legal
En la pasada Legislatura de la ALDF, el perredista Jorge Zepeda Cruz presidió la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y, desde esa posición, se convirtió en el principal impulsor de la iniciativa de reforma para facilitar el cambio de género en las actas de nacimiento expedidas en la ciudad.
La reforma se aprobó en noviembre de 2014, con 42 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, todas de diputados del Partido Acción Nacional (PAN).
Con esto, la ciudad se convirtió en el segundo lugar de América Latina que reconoce en sus leyes a las personas transgénero. El primero fue Argentina, donde existe una legislación nacional que sirvió como guía para la que se concretó en la capital.
Zepeda considera que la reforma ha ayudado a sacar a este sector de la incertidumbre legal. Además, dice, no representó fuertes gastos para el gobierno capitalino, que únicamente debió ajustar procesos internos y no contratar más funcionarios.
La “isla de derechos”
Cuando una persona solicita cambiar el nombre y el género en su acta, el Registro Civil de la Ciudad de México debe informar de la modificación a cinco secretarías federales —como la de Gobernación y la de Relaciones Exteriores—, a la Procuraduría General de la República, al Consejo de la Judicatura Federal, al Tribunal de Justicia local, al Centro Nacional de Información y al Instituto Nacional Electoral.
Para las fuentes consultadas, la coordinación entre instituciones es, justamente, uno de los principales pendientes de la capital en materia de combate a la discriminación. En tanto, otro reto es capacitar a los funcionarios para sensibilizarlos y que eviten caer en conductas que obstaculicen el acceso de las personas transgénero al trabajo, la salud o la justicia.
Además, coinciden Zepeda y los activistas, aún debe discutirse cuál es el proceso adecuado para los menores de 18 años que quieran cambiar de género, pues actualmente estos deben seguir el viejo camino: un juicio ante tribunales y contar con permiso de sus padres.
Pese a esos pendientes, los expertos consideran que la ciudad sigue siendo un referente en derechos de las minorías en comparación con el resto del país. Algunos incluso describen a la capital como una “isla de derechos”, a la que personas que quieren cambiar su identidad piensan en migrar y en la que podrían inspirarse otras entidades para reformar sus leyes.
El trámite
Para que una persona de la ciudad cambie de nombre y género en su acta de nacimiento debe:
- Descargar y llenar un formato de la página electrónica del Registro Civil. Posteriormente, el interesado debe solicitar una cita ante las autoridades capitalinas.
- A dicha cita debe acudir con su acta primigenia y otros documentos, como su credencial de elector y comprobante de domicilio. Después, el interesado recibe su nueva acta dentro de los dos meses siguientes.
Derechos que avanzan en la capital
Además de las modificaciones para facilitar el cambio de género en las actas de nacimiento, en la Ciudad de México se han aprobado otras medidas a favor de la comunidad LGBTTTI. En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló las sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo. Dos años más tarde, abrió la puerta a que estos ciudadanos puedan contraer matrimonio y adoptar. Esta disposición entró en vigor en marzo de 2010 y ya ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
