[contextly_sidebar id=”QXIVRVnQysl5liOLbU6KESHXNGPeReAe”]Así trabajan miles de escoltas y guardias de seguridad privada en el país: sin un padrón confiable que regule cuántos hay y quiénes son, sin un sistema homologado de reclutamiento o capacitación, sin reglas que a nivel nacional delimiten claramente su funcionamiento, con convenios que se firman pero que luego no se aplican, y sin un proceso ordenado de control de confianza y de seguimiento de los resultados. Pese a que es un negocio en total ebullición.

De hecho, estimaciones de la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Similares de los Servicios de Ramo indican que el número total de elementos de seguridad privada, entre regulados e informales, duplica a todos los policías de seguridad pública estatales y federales en México.

Y aunque existe una Ley Federal de Seguridad Privada y leyes en la misma materia en los estados, estas además de adolecer de requisitos que hoy se consideran indispensables (como controles de confianza) presentan diferencias significativas. Según un análisis hecho desde el 2012 por la Cámara de Diputados, hay por lo menos 114 contradicciones entre estas normas.

A esto se suman los convenios específicos que algunos gobiernos han firmado pero que no se aplican. Por ejemplo, en 2010 el Distrito Federal firmó un acuerdo con empresas del ramo para que los vehículos de los escoltas de seguridad privada tuvieran leyendas y placas especiales, algo que nunca se materializó.

El pasado viernes 19 de febrero, luego de la agresión que sufrió un funcionario de la delegación Miguel Hidalgo por agentes privados, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera dijo – otra vez – que los vehículos que usan los escoltas serán emplacados y regularizados. “Nos vamos a meter en serio” prometió.

Lo datos oficiales revisados por Animal Político a través de solicitudes de transparencia evidencian la dimensión del crecimiento de este mercado en la última década.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación, en 2005 existían 173 empresas de seguridad privada debidamente registradas que agrupaban a 419 elementos de seguridad.

Es decir, que en los últimos diez años las personas enroladas como guardias de seguridad privada aumentaron más de 17 mil por ciento, mientras que el mercado de las empresas debidamente registradas presentan un crecimiento de más del 530%.

A lo anterior hay que sumar también a empresas pequeñas que cuentan con registro local, aunque solamente operen en una entidad.

Pero la dimensión del mercado de la seguridad privada es aún mucho mayor si se toma en cuenta a las empresas que dan esos servicios aunque no estén reguladas, de acuerdo con Arnulfo Garibo Ramírez, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada.

“Simplemente tenemos a cerca de 8 mil o 9 mil empresas de seguridad privada irregulares (ocho veces más que las reguladas) y que dan estos servicios de escoltas o de guardias de edificios. Y el número de agentes que son informales lo calculamos en por lo menos 250 mil, aunque se ha llegado a estimas que podrían ser hasta 600 mil”, dijo en entrevista.

Reglas de papel

En octubre del 2010 el gobierno del Distrito Federal firmó un convenio con el Consejo Nacional de Seguridad Privada encaminado a “regularizar” el funcionamiento de las empresas de seguridad en la ciudad y en particular de los escoltas.

El entonces procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien encabezó esa firma, dijo que para finales de ese año todos los autos de los escoltas privados tendrían leyendas especiales y placas específicas para que fueran fácilmente identificados. Los acuerdos ahí quedaron pero en la realidad esto nunca se puso en práctica.

El pasado 17 de febrero el “city manager” de Miguel Hidalgo, Arne  Aus den Ruthen Haag, fue agredido por escoltas privados cuando videogrababa en tiempo real las violaciones al Reglamento de Tránsito que cometían con sus vehículos.

Un día después, el ahora jefe de Gobierno prometió que en la capital se regulará la actividad de los escoltas y, como cinco años antes, dijo que sus vehículos serán balizados y tendrán placas especiales.

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), junto con otras organizaciones, impulsan desde hace cuatro años la creación de una Ley Nacional en este ramo que se aplique de forma homologada en todo el país en sustitución de la Ley Federal y las más de 30 que hay en los estados.

Apenas en junio de 2015 esta asociación envió un exhorto al Senado para que se apresurara a regularizar este tema y recordó que, según un estudio de la Cámara de Diputados, hay más de un centenar de diferencias entre los requisitos de operación de las empresas de seguridad privada en las leyes estatales existentes.

Garibo Ramírez explicó que aunque existen actualmente muchas leyes en el ramo, estas presentan lagunas y diferencias, Por ejemplo, existe duplicidad de registros en tanto que el permiso federal faculta a una empresa y a sus guardias a trabajar en dos o más entidades, pero en esa misma entidad exigen tener un segundo permiso local.

La ley federal y leyes locales tampoco contemplan el tema de la certificación de control de confianza para sus guardias. Algunas incluyen como obligación para los guardias el no contar con antecedentes penales o el examen antidoping, pero esto se termina aplicando casi de forma discrecional, según lo revelado por el empresario.

“Nosotros hemos participado en la promoción de crear la cámara nacional de la industria de la seguridad privada que ayude a regular esto, la Secretaria de Economía en su momento lanzó la convocatoria y se dio el tiempo de 30 días para ver si no había alguna objeción pero luego ya no pasó nada”, señaló.

De acuerdo con cálculos de la AMESP todo el sector de la seguridad privada del país, incluyendo empresas reguladas y no reguladas, contribuye al 1.6% del Producto Interno Bruto nacional.

Registro, lento y costoso

Para que una empresa de seguridad privada, junto con sus elementos, sea considerada como legalmente regularizada, debe estar inscrita en el registro de la Dirección General de Seguridad Privada de Gobernación. Es un trámite que además debe renovarse cada año.

Aunque el número de compañías regularizadas en dicho padrón ha crecido de forma significativa, es superior el número de empresas que operan en la clandestinidad, según lo dicho por el presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada. En consecuencia no hay un padrón confiable de todos los agentes.

De acuerdo con Garibo Ramírez, muchas de las compañías “irregulares” en realidad sí tienen un acta constitutiva, están dadas de alta ante la Secretaría de Economía y cubren el seguro social de sus elementos, pero carecen del permiso oficial de Gobernación o de las secretarías de seguridad de los estados.

“Esto pasa porque es un trámite que como está actualmente es engorroso en cuanto al tiempo que lleva y al dinero que hay que desembolsar. Nosotros hemos calculado que son unos 50 mil pesos al año lo que hay que desembolsar para cumplir con el mismo y hay compañías, sobretodo las chicas, que no pueden hacerlo”, explicó.

Según Garibo, la referida cantidad obedece a que hay que pagar a un “gestor” para que agilice el trámite además de lo que se tiene que invertir en cuanto a la actualización de manuales de operación y capacitación, las copias certificadas, y demás.

Es un trámite, agrega el empresario, que además hay que hacerlo muchas veces doble, tanto ante Gobernación como ante las secretarías de los estados.

A lo anterior se suma el problema de la burocracia. El presidente de la confederación dijo que tan solo en 2015 la Secretaría de Seguridad Pública del DF cambió en cuatro ocasiones al director del área responsable de estos registros, por lo que muchos trámites quedaron en el aire.

“Solamente obtener el permiso que se requiere para el Distrito Federal te lleva 30 días pero con tantos cambios de director hubo tramites que se tuvieron que hacer varias veces. El año pasado hubo más de 300 empresas que no pudieron renovar su permiso por esta situación. Desembolsar dinero para trámites que luego no se finalizan no es negocio”, explicó Garibo.

La existencia de las empresas que optan por operar en la informalidad afecta a las compañías que aun con las dificultades sí invierten en los registros, y en la capacitación y actualización de sus agentes.

En ese contexto Garibo Ramírez subrayó la importancia de que el Senado trabaje en autorizar una Ley Nacional de Seguridad Privada y en la autorización de la Cámara Nacional de esta industria, con lo que se podría avanzar significativamente en el registro de las empresas lo que por ende, dará más seguridad a la sociedad.