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Sigue abierta la investigación por violaciones a derechos en Tlatlaya: PGR tras absolución de juez militar a 6 soldados
Sigue abierta la investigación por violaciones a derechos en Tlatlaya: PGR tras absolución de juez militar a 6 soldados
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Sigue abierta la investigación por violaciones a derechos en Tlatlaya: PGR tras absolución de juez militar a 6 soldados
31 de marzo, 2016
Por: Redacción Animal Político
@ManuVPC 

[contextly_sidebar id=”jfRu1sm0lhVenmCvAW08cNy3krjCufjL”] La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta sobre el caso Tlatlaya, para deslindar responsabilidades respecto a las denuncias por violaciones graves a los derechos humanos, informó la Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado difundida este jueves 31 de marzo.

“Derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos”, indicó la PGR.

“En esta investigación, atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido”, agregó.

Un día antes el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) informó que el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militares a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México.

Un séptimo militar más fue condenado a un año de prisión por desobediencia, aunque ya cumplió la condena. 

Además de este proceso, se sigue otro en la justicia federal.

“La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos”, detalló la PGR en su tarjeta informativa.

“Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento”, agregó.

El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos.

El suceso se dio a conocer en septiembre de ese año, cuando la revista Esquire y la agencia de noticias Associated Press publicaron -con base en testimonios de víctimas sobrevivientes- que en Tlatlaya el Ejército ejecutó extrajudicialmente a civiles.

El 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas por personal militar en Tlatlaya.

Los otros pendientes

Otra parte de las investigaciones que esta aún abierta en el caso Tlatlaya es la averiguación previa de la PGR donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de “abatir”.

Asimismo, queda pendiente el cumplimiento del amparo ganado por la víctima Clara Gómez González para que la Justicia militar no siga conociendo los hechos. El expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hay una tendencia a dejar el caso en la opacidad: Centro ProDH

Tras darse a conocer la resolución del juez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) advirtió que el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”.

Para el Centro ProDH, la exoneración de los militares “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permita que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.

“Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, subrayó el centro de derechos humanos.

 

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