[contextly_sidebar id=”SauFnPygGkiIFOhVG4BvbTWeihzxcS5W”]México vive una grave crisis de derechos humanos y violencia, que ha llevado al país a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe.
La Comisión destaca que los errores en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples, por lo que ve como el gran desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad” para lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
El informe “Situación de los derechos humanos en México” fue realizado por la CIDH tras la visita de su personal a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, mismo que se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos para encontrar justicia y su desconfianza en las autoridades.
La Comisión señala que la “estrategia militarizada” iniciada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) para luchar contra el narcotráfico, y que se ha intensificado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, resultó en “una grave crisis de violencia y de seguridad” que ha provocado graves violaciones a derechos humanos.
También destacó la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad pues de no hacerlo se podría “facilitar el uso excesivo de la fuerza letal así como la impunidad en incidentes de violación a los derechos humanos”.
Según la CIDH, la impunidad es uno de los principales problemas, ya que el 98% de los delitos denunciados quedan impunes.
“En repetidas ocasiones la CIDH escuchó de las víctimas que la justicia en México es una ‘simulación’, ya sea porque se fabrican culpables o porque las autoridades no aplican la debida diligencia y las actuaciones no producen resultados”, dice el informe.
El informe cita los casos de Tlatlaya, donde se dio la presunta ejecución de al menos 12 personas a manos de militares y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que estuvo involucrada la policía municipal de Iguala.
Tras la publicación del informe este miércoles 2 de marzo, el gobierno mexicano refutó las conclusiones de la CIDH y dijo que estas no reflejan el panorama general del país “y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.
“La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial y en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”, respondieron la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
La Cancillería pidió a la Comisión sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones pues dice, el informe “no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”, señala el gobierno.
