La violencia desatada tras la llamada “guerra contra las drogas” de poco sirvió para alcanzar el objetivo de “un mundo sin drogas” que se propuso en 1998 en la primer Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre ese tema.
[contextly_sidebar id=”nJzez4XWkAaXM0nM37HqkuPAKjvR0ix7″]Desde entonces, la estrategia para “acabar” con las drogas ha costado la vida de miles en el mundo —más de 80 mil sólo en México, desde 2006—, la militarización de la seguridad pública, múltiples violaciones a derechos humanos y la criminalización de consumidores.
En ese contexto, en la UNGASS 2016 dedicada por tercera ocasión al tema de drogas —la segunda vez fue en 2009—, 193 estados miembros de la ONU debatirán sobre el futuro de la política de drogas global y si es momento de dejar atrás la guerra y transitar hacia un enfoque de salud pública y de derechos humanos.
México en la discusión
La sesión especial sobre drogas que inicia este martes 19 de abril estaba prevista para 2019, diez años después de que los estados miembro de la ONU firmaron una Declaración Política que establece la necesidad de reducir de forma considerable la producción y demanda ilícitas de drogas; así como el lavado de dinero producto de este negocio ilegal.
Sin embargo, los presidentes de Colombia, Guatemala y México pidieron en septiembre de 2012 adelantar la sesión especial ante el enorme problema que implicaba para sus países la actual política global sobre drogas.
En ese año, el entonces presidente Felipe Calderón solicitó en el seno de la ONU “una valoración profunda de los alcances y límites del enfoque prohibicionista en materia de drogas” y “examinar con honestidad y rigor académico cuáles pueden ser las mejores alternativas, incluso las regulatorias o de mercado para terminar con este flagelo que está costando miles y miles de vidas cada año”.
Pese a ser uno de los países impulsores de la Sesión, el presidente Enrique Peña Nieto había cancelado su participación. Tras varias críticas de sociedad civil y legisladores, Presidencia de la República informó el viernes 15 de abril que el mandatario sí asistiría a UNGASS para fijar la postura de México.
La posición mexicana se centrará en pedir acciones globales para prevenir el consumo de drogas, fomentar el tratamiento del consumo como un asunto de salud pública con mejores servicios de rehabilitación e implementar alternativas al encarcelamiento para delitos menores vinculados a las drogas.
Sin embargo, México puede quedarse corto con lo que el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC) —que engloba a más de 130 organizaciones de sociedad civil— considera que deben ser los nuevos objetivos de la política de drogas.
Un nuevo paradigma
El ideal es que las cifras sobre incautación o de detenidos por crímenes de drogas dejen de ser el termómetro para medir el éxito de la política de drogas; y que se apueste por mejores servicios de salud y un enfoque de derechos humanos.
“Las políticas de drogas se han centrado tradicionalmente en los principios de disuasión, a través de duras leyes prohibiendo la producción, la distribución y el uso de drogas e imponiendo severos castigos en aquellos involucrados en el tráfico de drogas. Se creía que las amenazas de tales castigos reducirían, y eventualmente eliminarían el mercado global de drogas.
Ahora se ha reconocido que este enfoque ha fracasado a la hora de reducir la escala del mercado de drogas y también ha conllevado severas consecuencias negativas. Estas incluyen, entre otros daños, la imposición de penas altamente desproporcionadas sobre pequeños infractores (incluyendo la pena de muerte), la sobrepoblación carcelaria o la detención forzada para las personas que usan drogas”.
En ese sentido, una nueva política de drogas que resulte de UNGASS debería abarcar los siguientes puntos, según el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas:
Salud pública y reducción de daños. Reducir las muertes relacionadas a las drogas, incluidos los casos de sobredosis. Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de tratamiento de drogas, disminuir la incidencia del VIH y la hepatitis.
Este objetivo debe incluir servicios de reducción de daños: en vez de buscar la eliminación del uso de drogas, se debe ofrecer información —como las consecuencias de compartir jeringas— y herramientas —tener centros de distribución de jeringas— para disminuir los riesgos a la salud en caso de consumir drogas.
Medicamentos esenciales. Incrementar la disponibilidad de sustancias con fines médicos y científicos, en especial para aliviar el dolor y los cuidados paliativos.
Seguridad humana. Reducir la violencia, la militarización de la seguridad pública y combatir la corrupción derivada del mercado ilícito de drogas.
Descriminalizar el uso y la posesión de drogas para consumo personal para asegurar que las personas que utilizan drogas tengan acceso a los servicios de salud sin temor a ser detenidos por ser consumidores.
No criminalizar a los pequeños agricultores que participan en el cultivo de cosechas relacionadas con las drogas; así como reducir las penas por delitos menores vinculados a las drogas.
Derechos humanos. Eliminar toda posibilidad de ser torturado o ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes por ser una persona que utiliza drogas. Que no haya más castigos, como la detención arbitraria, para obligar a una persona a ingresar a un centro de tratamiento.
Las organizaciones civiles reconocen que no todos los puntos verán la luz en el documento final de esta sesión especial sobre drogas de la ONU, pero insisten en que los Estados miembro tienen ante sí una oportunidad para evaluar 50 años de una política global que ha fracasado y que, en países como México, ha traído consecuencias devastadoras.
