-Díganme: ¿acaso ustedes no tienen hijos? ¿No tienen familia?
La voz de Selene está rota.
Desgarrada.
[contextly_sidebar id=”rEZGWe7dGZvMnfSNu60soMqVIL2stxLV”]Hace poco más de un minuto que tomó el micrófono, se colocó a unos pasos de los rostros acartonados y sudorosos de los granaderos y de las agentes de la unidad Atenea de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México, y no deja de gritarles su rabia contenida apuntándoles con el dedo.
-¿Por qué no nos apoyan, eh? ¿No ven lo que está haciendo este Gobierno? –se lleva el índice a la sien y les advierte con los ojos muy abiertos-. Ahorita nos toca a todos nosotros, es verdad. Pero al rato van a ser ustedes.
Ante la regañada, cuatro agentes vestidas con su uniforme de camisa blanca y amarilla, y tocadas con una gorra azul marino de la corporación, bajan al unísono la mirada y taladran el suelo.
-¡Miren mis lágrimas! –les grita furiosa Selene, quien rompe a llorar mientras una compañera le coloca con delicadeza la mano en la nuca para tratar de apaciguarla sin éxito-. ¡Véanlas bien –les espeta de nuevo-, porque estas son lágrimas de lucha y de coraje!
“¿Qué sentiría Peña Nieto si entráramos a la fuerza a su Casa Blanca?”
Esta escena sucedió ayer en la calle Sierra Gorda, en la colonia Lomas de Chapultepec. El lugar donde el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera vivían en una lujosa casa conocida como ‘La Casa Blanca’; misma que, según la investigación que realizó el equipo de la periodista Carmen Aristegui, es propiedad de una filial de Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien consiguió obras millonarias durante el gobierno de Peña Nieto en el Edomex.
Hasta allí se trasladó un contingente de vecinos de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, perteneciente al municipio mexiquense de Lerma.
El objetivo: protestar por los hechos del pasado 11 de abril, cuando fueron desalojados por agentes de la Policía Estatal para permitir la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, obra que además estará a cargo de una empresa filial de Grupo Higa.
“Venimos hasta la Casa Blanca para preguntarle al señor presidente qué sentiría él si ahora nosotros entráramos a la fuerza a su casa, le despojáramos de todo, y la derrumbáramos”, dice un vecino de Xochicuautla, quien apoya la marcha lanzando consignas con un altavoz a la barrera de granaderos y policías de tránsito que impiden el acceso a las inmediaciones de la ‘Casa Blanca’.
Y es que eso precisamente, que unos extraños entraran en la vivienda de un vecino y sacaran a sus habitantes literalmente a rastras para derruir la casa, es lo que sucedió el lunes pasado en Xochicuautla.
Sólo que en este caso no se trataba de unos simples extraños, sino de policías con armas y escoltados por aparatosas retroexcavadoras.
Así lo explica en entrevista con Animal Político Sergio García Salazar, habitante de la localidad indígena otomí y hermano de Armando García, el vecino cuya propiedad fue derruida a pesar de que el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió en febrero una suspensión definitiva de las obras a favor de los pobladores, quienes desde hace 10 años se oponen a que la pista Toluca-Naucalpan pase por su territorio por el daño ecológico que ocasionaría la tala de árboles para trazar la carretera.
“Los granaderos y la policía del Estado de México invadieron la casa de mi hermano. Se metieron a la fuerza y lo sacaron como a los perros. Lo arrastraron a él y a su familia”, dice Sergio, quien sostiene entre sus manos una lona con el rostro de Emiliano Zapata y el emblema ‘No más ecocidio en San Francisco Xochicuautla’.
“Los policías arrastraron y patearon a una señora para sacarla de la casa”
Selene Romero ya está más tranquila. Tras encararse verbalmente con uno de los granaderos que dibujó una sonrisa burlona en los labios cuando rompió a llorar en la primera escena de esta crónica, se ha refugiado con su esposo Sergio García al amparo de la sombra de un raquítico árbol, en la esquina donde una placa anuncia que esta es la calle ‘Sierra Gorda’.
A modo casi de disculpa, Selene explica que se exalta porque no puede guardarse el coraje. Ni la rabia que siente por la impotencia de ver que su cuñado Armando “vive ahora con su familia en una tienda de campaña”.
“Yo creo que ni a un criminal lo andan buscando así los policías”, lamenta Romero, quien fue testigo directo de lo sucedido el lunes 11 de abril.
“Yo estaba en la casa de mi cuñado, en el tercer piso. Y otras personas estaban abajo. Los policías abrieron la puerta a la fuerza y sacaron a mi cuñado sin dejarlo siquiera que tomara sus cosas, sus documentos y los de sus hijos. Nada. Y no suficiente con eso, nos aventaron el gas lacrimógeno”, recuerda Selene.
Otro vecino de la comunidad, quien también pide guardar su identidad en el anonimato, denuncia que en el despojo incluso fue agredida la señora Isabel Fernández García, de 64 años de edad.
“Los policías los sacaron a todos a rastras de la casa. Incluso a una señora mayor con su nietecita. La arrastraron y la patearon”, asegura el vecino.
“Aunque haya diálogo con el gobierno, nuestra postura va a ser la misma: No a la autopista en Xochicuautla”
Luego del despojo violento del lunes pasado, el gobierno del Estado de México reaccionó ante las notas periodísticas que daban cuenta del suceso con un comunicado en el que se dio “respetuoso” de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
El gobierno de Eruviel Ávila dijo además reconocer la resolución del juicio de amparo 771/3015, donde se refiere la suspensión definitiva de los trabajos en la comunidad de Xochicuautla. Sin embargo, argumentó que hay poca claridad sobre la ubicación del terreno que estaría amparado y que no se ha acreditado la titularidad del mismo, de ahí que las excavadoras procedieran con las obras.
En cualquier caso, ayer jueves habitantes de la comunidad informaron sobre un acuerdo con las autoridades mexiquenses, para suspender las obras de la autopista mientras se realizan mesas de trabajo conjuntas. Asimismo, se acordó que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios y Conexos del Edomex pague una renta a Armando García Salazar y su familia, en tanto le reparen el daño por el patrimonio perdido.
Pero estos anuncios, matizan algunos vecinos, no van a modificar la postura de la comunidad indígena sobre el proyecto carretero.
“Ahora quieren reparar el daño dialogando. Pero el pueblo está muy enojado con las autoridades”, apunta otro líder comunero, quien señala que primero se reunirá la comunidad para analizar cuáles serán sus siguientes pasos, y después decidirán si proceden al diálogo.
“No obstante, aunque haya un diálogo con el gobierno, nuestra postura va a ser la misma que hasta ahora: no queremos que se construya esa autopista en Xochicuautla”, zanja enfática Selene.
