Los delitos violentos en México registran su menor baja en cinco años, según Índice de Paz

El estudio ubica a Guerrero, Sinaloa y Morelos como los estados menos pacíficos y en seis entidades las condiciones de seguridad empeoraron. El crimen le cuesta dos meses de salario promedio a cada mexicano (13% del PIB).

Los delitos violentos en México registran su menor baja en cinco años, según Índice de Paz
Guerrero sigue siendo el estado con el menor índice de paz en México. Cuartoscuro

En 2015 el fortalecimiento de la paz en México se estancó. Luego de cuatro años consecutivos en que la baja de delitos violentos y de homicidios propició que los índices de paz en el país mejoraran, en el último año el avance fue prácticamente nulo, de apenas 0.3%. En seis estados, las condiciones de seguridad incluso se han deteriorado.

¿El motivo? El repunte de más del 6% en la tasa de homicidios dolosos registrados el año pasado, combinado con la impunidad que priva en el castigo de este delito: 4 de cada 5 asesinatos quedan sin castigo.

De hecho, si las condiciones de paz no sufrieron un retroceso, fue gracias a que los crímenes ligados directamente con la delincuencia organizada bajaron 10% y  los delitos cometidos con violencia 8%.

Estos son algunos de los resultados del Índice de Paz México 2016, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz y cuyo informe será dado a conocer públicamente el día de hoy.

Es un estudio que calcula desde hace más de una década el índice de paz en el país a través de una calificación que resulta de ponderar siete indicadores, entre ellos el nivel de homicidios y delitos que se cometen con violencia, la eficiencia del sistema judicial, el financiamiento a las fuerzas de seguridad, las actividades propias del crimen organizado, entre otros.

Guerrero, al igual que en los últimos tres años sigue siendo el estado con el menor índice de paz en México. En cambio Hidalgo es la entidad federativa mejor calificada y por tanto, es la entidad más pacífica del país.

El análisis también evidencia que el impacto económico de la violencia en México ascendió a más de 2.12 billones de pesos en 2015. Es como si cada mexicano hubiera perdido dos meses de salario promedio a causa del crimen.

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Freno a la paz; ebullición de impunidad

En 2011 México registró su menor nivel de paz en la última década, lo que los analistas atribuyen a al clímax de “la guerra contra el narcotráfico”  y el embate del crimen organizado contra los ciudadanos. El índice de paz en aquel año fue de 2.80 en una escala del 1 al 5, donde una clasificación más alta es sinónimo de menor seguridad.

Desde ese año el nivel de paz en el país ha mejorado 13%, sin embargo, de 2014 a 2015 el índice se mantuvo prácticamente igual. El índice actual es de 2.50.

De acuerdo con los analistas, se trata de un registro preocupante y de un “estancamiento” en los logros que se habían obtenido en los últimos años. No obstante, consideraron que aún es pronto para establecer si se trata de una desviación aislada de la tendencia o por el contrario, de un retroceso definitivo.

Lo que también evidencian los datos del estudio es que, aun con la mejor de los últimos años, México no ha regresado a los niveles de paz que se registraban  antes de 2008.

De hecho, hoy 27 de las 32 entidades federativas tienen índices más de paz desfavorables en comparación con su nivel del 2003, que fue el primer año en que comenzó a realizarse y presentarse anualmente este registro.

En 2015 hubo aspectos positivos. Entre los indicadores que analizan los especialistas destacan la reducción de ocho por ciento respecto a los delitos violentos y del diez por ciento de delitos atribuibles a la delincuencia organizada.

Entre los aspectos que influyeron negativamente se encuentra el repunte de 6.3 por ciento en la tasa de homicidios dolosos llegando a 14 homicidios ´por casi 100 mil habitantes.

A esto se suma la falta de castigo que hay respecto a los homicidios.  De hecho, el estudio advierte que se trata de una tendencia de impunidad que viene al alza en los últimos años.

“En 2007 había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, pero hacia 2013 sólo había una condena por cada cinco casos. Esto, aunado al aumento de presos sin condena, revela la saturación del sistema judicial, como también lo indican las estadísticas de sobrepoblación en las cárceles” indica el análisis.
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Focos rojos de violencia

El balance de 2015 arroja seis entidades cuyos índices de paz no solo no mejoraron, sino incluso se deterioraron, contrario a la tendencia nacional. Se trata de  Baja California Sur, Zacatecas, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato y Colima.

Baja California  Sur fue la entidad con el mayor deterioro en sus condiciones. Su retroceso es resultado de que la tasa de homicidios en la entidad se incrementó más del triple, al pasar a 5.7 homicidios por cien mil habitantes en 2011 a 19.8 homicidios en 2015. Además, la tasa de delitos cometidos con armas de fuego se disparó siete veces.

Este retroceso ya provocó que Baja California Sur fuera en 2015 la quinta entidad menos pacífica de México.

Guerrero, con una calificación de 3.859, sigue siendo la entidad menos pacífica de México. Esto se debe a que tiene la tasa de homicidios más alta de todo el país, y a que ocupa el segundo lugar en número de delitos cometidos con armas de fuego.

El segundo estado menos pacífico del país según este estudio es Sinaloa. Además de contar con la segunda tasa más elevada de homicidios, es también una de las cinco entidades con mayor número de presos sin condena, lo que incide perjudicialmente en su calificación.

Morelos y Bala california, junto con el caso ya mencionado de Baja California Sur, completan los cinco sitios de las entidades menos.

Por el contrario Hidalgo es el estado que tiene la menor calificación , por lo que se le puede considerar en 2015 la entidad más pacífica de México. La entidad registra calificaciones positivas en todos los indicadores. Sin embargo, los analistas advirtieron que dicho estado tiene la cuarta mayor discrepancia más alta entre victimas de homicidio reportadas oficialmente y las que registran los médicos forenses, por lo que se toma con reserva el dato.

Es el mismo caso de Veracruz que aunque se posiciona como la tercera entidad con mayor nivel de paz en 2015, tiene importantes irregularidades en su registro de datos.

“En 2014, Veracruz tenía la mayor discrepancia entre el número de víctimas de homicidio registradas por las autoridades y el número obtenido con los certificados de defunción” señala el estudio.

Millones de pesos perdidos

La violencia dejó en 2015 un impacto económico que asciende a 2.12 billones de pesos. Según el análisis, esto equivale al 13 por ciento del todo el Producto Interno Bruto (PIB) del país o a poco más de 17 mil pesos por cada mexicano. Es aproximadamente dos meses de un salario promedio en el país.

Aunque se trata de una cantidad considerable de recursos económicos, esta cifra representa una reducción del 38 por ciento respecto al impacto del crimen respecto a 2011, cuando las pérdidas ascendieron a 2.92 billones de pesos.

Los datos desglosados sobre el impacto económica de la delincuencia en 2015, arrojan que los delitos conmetidos con violencia generaron un impacto de más de 845 millones de pesos, seguido del daño que generan los homicidios y que ascendió a 727.4 millones de pesos.

El gasto gubernamental que se tuvo que hacer para combatir la delincuencia el año pasado fue de 424 millones de pesos, aunque dicho presupuesto fue menor al de 2015 en el que se invirtieron 450 millones.

Además, se estima que la alteración de actividades o hábitos derivado del miedo a la violencia generó pérdidas por más de 24 millones de pesos, mientras que en seguridad privada los mexicanos invirtieron arriba de 24.5 millones de pesos.

Los analistas del el Instituto para la Economía y la Paz identificaron en su estudio que solo por el tema de los secuestros y las extorsiones atribuibles al crimen organizado, se perdieron más de diez mil millones de pesos el año pasado.

Las pérdidas económicas reportadas en 2015 son un dato conservador, subraya el estudio, pues no incluyen los costos que ocasionan los delitos relacionados con la producción, tráfico y comercio de drogas.

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