La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue procesada este viernes en el marco de la causa del llamado dólar futuro.
Se trata de un negocio multimillonario que supuestamente benefició a grandes corporaciones y al poder financiero, por el cual el Banco Central vendía dólares a un precio menor que el de mercado, según afirman los denunciantes, el senador macrista Federico Pinedo y el diputado radical Mario Negrlos.
Según la denuncia por la cual Fernández testificó hace un mes, debido a esta venta de dólar futuro a un valor inferior al del mercado, la actual administración del Banco Central tuvo que hacer frente a pagos millonarios.
La expresidenta niega haber actuado incorrectamente y asegura que “es víctima de una persecución política” por parte del nuevo gobierno.
La resolución del juez Claudio Bonadio abarcó también al exministro de Economía Axel Kicillof, al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, y a otros 12 antiguos funcionarios de gobierno, todos procesados por la misma causa.
La figura penal por la que estas 15 personas fueron procesadas es la de“defraudación a la administración pública por administración abusiva o infiel”.
El juez también dictó un embargo sobre los bienes y dinero de los procesados de hasta la suma de 15 millones de pesos argentinos (US$1 millón) para cada uno.
En la resolución, Bonadio aclaró: “Si bien la expectativa de pena del delito enrostrado no resulta menor, lo cierto es que todos los encausados se encuentran a derecho y se han presentado al llamado de esta judicatura”.
El juez es considerado un “enemigo” del kirchnerismo, movimiento político con el cual tuvo fuertes enfrentamientos en el pasado.
Por su parte, el mes pasado Fernández acusó al gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, de persecución política.
De 2 a 6 años de prisión
El dictamen afirma que “es impensable que una operación financiera de esta magnitud (…), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”.
En particular, menciona las instrucciones impartidas por Fernández “para que esta operación financiera se lleve a cabo”.
Según el diario La Nación, la pena que le podría caber a Fernández en caso de ser condenada va de 2 a 6 años de prisión, más la “inhabilitación especial perpetua”.
Fernández también está imputada en otra causa por el delito de lavado de dinero, en la cual se investiga a exfuncionarios y empresarios por el presunto desvío de fondos públicos durante su mandato.
