La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó al gobierno de Chiapas aplicar medidas cautelares para garantizar la integridad física de las personas desplazadas en Chenalhó, incluyendo alimentación, vivienda e incluso su vida.
[contextly_sidebar id=”jDcA8ltBQHXN48Ik8OdXIvaftTsBn1wd”]En Chenalhó, Chiapas, se ha dado violencia entre los opositores de la exalcaldesa, Rosa Pérez Pérez, quien fue orillada a renunciar el pasado 26 de mayo, y sus simpatizantes.
La Comisión dio a conocer en un comunicado, que le envió el documento al secretario general de gobierno de la entidad, Juan Carlos Gómez Aranda, para prevenir hechos de difícil o imposible reparación. “Es necesaria la implementación de acciones urgentes para proteger los derechos humanos de aquellas personas víctimas de los hechos ocurridos en Chenalhó”, señala el documento.
Esta solicitud se da luego de que en los últimos cinco días, en Chenalhó, hubo personas heridas por arma de fuego y dos personas -una de ellas menor de edad- murieron.
Algunos medios de comunicación informaron entre el 28 y 29 del presente mes, unas 80 familias huyeron precipitadamente de sus comunidades para proteger su integridad física e incluso su vida, ante la violencia que impera en la zona. De ahí la urgencia de que las autoridades de la entidad presten apoyo a estas personas.
La solicitud de medidas cautelares se basa en las facultades que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene establecidas en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno.
La CNDH analizó requisitos como el riesgo, la urgencia y la irreparabilidad del daño, en el contexto de los sucesos indicados para establecer la pertinencia de medidas cautelares. Al considerar cumplidos los requisitos señalados, sin prejuzgar las cuestiones de fondo, resultó procedente la solicitud.
Por ello, este Organismo Nacional requirió al Secretario General de Gobierno, que escuchando a los beneficiarios, se implementaran las siguientes medidas cautelares:
De manera inmediata, y en coordinación con las autoridades estatales y municipales que correspondan, realizar un censo de las personas víctimas del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) por los hechos de violencia y se les garantice la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Se brinden la protección y resguardo a los desplazados, ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentran, y se garanticen sus derechos a la integridad física y a la vida.
Mientras persista el desplazamiento, se prevean los lugares de alojamiento temporal de las familias desplazadas y, en su caso, el acceso de las mismas a los servicios de salud, educativos, jurídicos y laborales.
Se resuelvan las causas que dieron origen a la violencia en Chenalhó, privilegiando el diálogo entre las partes para evitar hechos de violencia con independencia de donde puedan provenir para que los desplazados puedan volver cuanto antes a sus comunidades, en condiciones de seguridad adecuadas.
Dichas medidas deberán implementarse durante el tiempo que se requiera, evitando así la consumación irreparable de hechos violatorios a los derechos humanos que causen daños de difícil reparación.
La Comisión dio un plazo de 24 horas al gobierno de Chiapas para que notifique la aceptación de las medidas requeridas y, en su caso, que informe periódicamente las actividades realizadas para su cumplimiento.
