[contextly_sidebar id=”wGt2wR10HmoicL4y1geY1uoNWWmLEYfh”]En Tlatlaya sí hubo ejecuciones extrajudiciales, así que la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la acusación es la que permitió la absolución de todos los militares señalados en el caso, dijo a Animal Político Araceli Olivos Portugal, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
“Desde que dimos a conocer la sentencia del juzgado militar por la que también se absuelve a los elementos castrenses, adelantábamos que el caso se encaminaba a quedar impune, y esta resolución ahora confirma nuestra advertencia”, mencionó en entrevista Olivos Portugal, del Centro Prodh, que ha dado seguimiento al caso defendiendo a una de las testigos y sobrevientes.
La resolución a la que se refirió Olivos Portugal es la sentencia con la que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, los últimos tres elementos que permanecían detenidos por los hechos del 30 de junio de 2014.
Aquella noche, según testimonios y reportes de organismos de Derechos Humanos, militares cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, aunque en un inicio las autoridades mexiquenses aseguraran que todas las muertes se habían dado durante un enfrentamiento, en un operativo contra presuntos criminales.
Con la resolución del Sexto Tribunal, los siete militares contra los que la PGR ejerció acción penal en el caso quedaron absueltos.
Antes, en el ámbito castrense, el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militares a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México.
De ese modo, tanto en el ámbito civil como en el castrense, todos los militares señalados por su presunta responsabilidad en el caso quedaron absueltos.
Al respecto, Olivos Portugal mencionó que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron elementos para confirmar que sí ocurrieron ejecuciones extrajudiciales aquella noche de junio de 2014, a lo que se agregan las declaraciones de testigos como Clara Gómez González, que ha sido representada por el Centro Prodh.
De ahí que sea motivo de crítica la actuación de la PGR para presentar una acusación bien sustentada.
“La PGR nos sigue debiendo mucho en términos de efectividad en sus acusaciones, y de reconocimiento de los derechos de las víctimas, del papel de las víctimas”, dijo la coordinadora.
“No es solo a partir de las declaraciones, considerar que arbitrariamente se privó arbitrariamente de la vida, también hay periciales que así lo indican”, agregó.
En el caso, dijo Olivos Portugal, se ha percibido una postura del poder político en el sentido de obstaculizar el acceso a la justicia, arropando a los militares.
“Por otra parte, desde luego que también hay negligencia, falta de efectividad en la implementación de las estrategias investigativas, por ejemplo de la Procuraduría, de la impartición de justicia del poder judicial”, expresó vía telefónica.
Para revertir la impunidad, consideró Olivos Portugal, aún queda la posibilidad de orientar a las víctimas, los familiares de 8 personas que murieron la noche de Tlatlaya, para que traten de seguir la batalla judicial.
“Todavía se puede interponer un amparo. Desde luego quienes pueden hacerlo son las víctimas reconocidas en el proceso penal. Estas 8 familias”, mencionó la coordinadora.
“Ahí es principalmente la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como asesor jurídico, quien podría orientar a las familias en el sentido de recurrir esta sentencia para que no quede firme” y que el caso no quede en “absoluta impunidad”, agregó.
De momento, dijo, hay una “deuda muy grande” con las 8 familias de fallecidos en Tlatlaya, “pero también hacia la sociedad, para todos los que exigen justicia en este caso”.
En ese sentido, la PGR indicó la noche de este sábado 14 de mayo que, luego de analizar detalladamente la resolución del Sexto Tribunal Unitario, que ordenó liberar por falta de elementos a tres presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos, aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que sean reaprehendidos y formalmente procesados.
“Si bien dicha resolución judicial no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación, el Magistrado estableció, en las páginas 216 y 217 de la misma, que el auto de libertad fue dictado ‘sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia‘”, explicó en un comunicado.
“En esos términos, la Procuraduría General de la República solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes”, agregó.
