La reforma antiaborto de Duarte va por su votación definitiva en el Congreso local

La reforma detalla que se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Organizaciones sociales dicen que esta reforma generará la criminalización contra las mujeres.

La reforma antiaborto de Duarte va por su votación definitiva en el Congreso local
Siguiendo el trámite establecido en Veracruz para realizar reformas a la constitución estatal, este jueves, 12 de mayo, el Congreso local votará por segunda vez la propuesta que protege el derecho a la vida “desde el momento de la gestación”, y que fue presentada por el gobernador Javier Duarte, y grupos católicos antiabortistas.
La iniciativa de reforma  –que fue aprobada en primera votación el pasado 21 de enero– adiciona un párrafo al artículo 4 de la constitución estatal, según el cual “el Estado garantizará el Derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.
Esta reforma no anula las cuatro causales para realizar un aborto de forma legal en el estado de Veracruz (que son por violación, por inseminación artificial no consentida, espontáneo o por riesgo de muerte para la madre); sin embargo, “sí eleva el ambiente de criminalización contra las mujeres en el estado, en donde, de por sí, los derechos de las mujeres se han visto seriamente afectados en otros rubros de la vida”, destacó Rebeca Ramos, especialista del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE.
Aunque en Veracruz no existe pena de cárcel para las mujeres que abortan, “las mujeres sí son sometidas a un proceso penal, son juzgadas y, de ser halladas culpables, quedan con antecedentes penales, además, son sometidas a un proceso de sanción que las autoridades denominan ‘tratamiento en libertad’, y que consiste en tratamientos psicológicos que buscan convencer a la mujer de que hizo mal… ese es el proceso de criminalización que enfrentan las mujeres en Veracruz”, subrayó Ramos.
Entre el año 2003 y el 20015, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició 529 investigaciones relacionadas con el delito de aborto, que derivaron en la presentación de 58 personas ante un juez penal, según estadísticas oficiales obtenidas por Animal Político a través de solicitudes de acceso a información pública.
La cifra de personas que han sido enjuiciadas penalmente por el delito de aborto en Veracruz, sin embargo, es mayor de la que reconoce la Fiscalía.
Según el Poder Judicial del Estado, entre 2003 y 2015 fueron enjuiciadas, en realidad, 66 personas por el delito de aborto. Y si esta cuenta se hace del año 2000 al 20015, la cifra aumenta a 84 personas enjuiciadas por interrupción del embarazo.
Además, no es completamente cierto que en Veracruz no se encarcela a las mujeres que abortan.
Oriana López Uribe, coordinadora general del Fondo María –un fondo civil que apoya a mujeres para que acudan a la Ciudad de México, donde el aborto es legal durante su primer trimestre–, señaló en entrevista que “en 2013, una mujer permaneció siete meses en prisión, acusada de homicidio, con el agravante de parentezco.
Es decir, a esta mujer se le acusó de haber asesinado a su hijo, cuando en realidad había sufrido un aborto espontáneo en una clínica de la Cruz Roja… ella no fue acusada de aborto, sino de homicidio, y esa es una práctica común no sólo en Veracruz, sino en todo el país: se equipara el aborto con delitos de otro orden, y a las mujeres que aborta se les acusa de esos otros delitos”.

El derecho a abortar

Como cualquier ciudadano, sin distingo de sus características personales, las leyes estatales y nacionales reconocen que las mujeres tienen el derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y el derecho a decidir libremente cómo vivir sus vidas.

En la realidad, sin embargo, esto no se cumple a cabalidad cuando se habla de aborto, “ya que, al impedirse a las mujeres acceder a servicios legales y seguros para interrumpir un embarazo, esas mujeres ven también cancelado su derecho a la salud, su derecho a la libertad reproductiva, y su derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida”, explica Rebeca Ramos.
Es por ello que, subraya, aunque la reforma del gobernador Duarte y grupos religiosos afirma proteger la vida, “en realidad no protege nada: pone a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, en un contexto en el que, de por sí, vemos cómo en Veracruz hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres”.
La especialista del GIRE pone dos ejemplos del contexto de violencia contra las mujeres en el que se da la reforma antiaborto de Veracruz: “según la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares, Veracruz es el cuarto estado en el que las mujeres sufren más violencia física y sexual por parte de sus parejas; por otro lado, en 2013, el promedio de muertes maternas en Veracruz era superior al del resto del país. En este contexto se da la reforma al artículo 4, que lejos de ser una medida que proteja adecuadamente a las mujeres, generará un clima de criminalización penal, con efectos negativos en el acceso a servicios de salud”.

Castigo a la pobreza

Según Daniela Tejas, también integrante del Fondo María, “el aborto seguro para la salud de las mujeres es una realidad en México, desde hace muchísimos años, pero sólo para aquellas mujeres que cuentan con recursos económicos, aquellas que pueden pagar un médico particular o un viaje a Estados Unidos… por ello, el efecto criminalizador de estas reformas es sufrido en los hechos por las mujeres más vulnerables: las que tienen menos recursos económicos, menos información, menor nivel educativo, muchas de las cuales viven en zonas rurales o son indígenas. Entonces, este tipo de acciones del gobierno vulneran a personas que ya, de por sí, enfrentan una situación bastante vulnerable”.
El Fondo María, de hecho, fue creado como una iniciativa civil que busca tender un puente hacia esas mujeres. “No puede ser que todas seamos mexicanas –remata Oriana López–, y que las mujeres que vivimos en la Ciudad de México tengamos más derechos que el resto. Este fondo ayuda a mujeres de otras entidades de la República con transporte, hospedaje y alimentación, para que puedan acudir a la capital del país”, donde la interrupción del embarazo es legal dentro de los primeros tres meses.
Entre el año 2009 y el 2014, el Fondo María ayudó a 117 mujeres de Veracurz, para practicarse un aborto en la Ciudad de México.
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