Joaquín el Chapo Guzmán fue el delincuente más buscado por Estados Unidos durante la última década. La Cancillería mexicana concedió este viernes la extradición e hizo más real la posibilidad de que sea juzgado en ese país.
[contextly_sidebar id=”3zFVIFJ4RjuKUBS8KalJVk3fyZBOsAGi”]Aunque en contra del Chapo existen demandas en al menos siete estados estadounidenses —Arizona, California, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y New Hampshire— sólo se inició un proceso de extradición por dos: el de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, emitida en abril de 2012; y el de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de California, de septiembre de 1995.
Ese caso abierto del Chapo en California, que ya cumplió veinte años, es la primera demanda emitida en el país en contra del líder del Cártel de Sinaloa y sólo contiene un cargo: asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.
La demanda en el Distrito Oeste de Texas es mucho más grande e incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos la considera uno de los casos más importantes en contra del capo pues se señalan diversas violaciones a la Ley sobre Organizaciones Corruptas e influidas por la Extorsión, (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés).
Los cargos que enfrentaría El Chapo en Texas son catorce distintos por los delitos de: asociación delictiva, delitos contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.
Esta demanda señala que Guzmán Loera es líder de “la empresa del Cártel de Sinaloa”, la cual está a cargo de actividades ilícitas de comercio al interior y exterior tanto de Texas como de Estados Unidos para el tráfico ilegal de toneladas de cocaína y mariguana y lavado de dinero.
Se acusa al Chapo y a otras 23 personas —entre las que se encuentra Ismael El Mayo Zambada— de mantener una empresa que “preserva y protege el poder, territorio y los beneficios de la firma a través de la intimidación, la violencia, amenazas, secuestro, tortura y asesinato”.
“Uno de los objetivos de esta Empresa es el enriquecimiento de sus miembros, a través, entre otras cosas, de la conspiración para importar y distribuir sustancias ilegales y controladas; lavado de dinero y conspiración para cometer homicidio”.
Entre los cargos se incluye la comisión de asesinato y de diversos cargos de secuestro. Aunque en Texas el homicidio se castiga con la pena de muerte, el tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos señala que para concretar una extradición debe haber condiciones para que no se dicte esa pena que no aplica en territorio mexicano.
En otro cargo se menciona que el Chapo y los integrantes del Cártel de Sinaloa son responsables de poseer armas en sus actividades de tráfico de drogas y en la comisión de homicidio y secuestro.
También indica que la Empresa del Chapo cometió el delito de “producir, recibir, esconder, comprar, vender o cualquier otra operación con sustancias prohibidas”.
Las actividades de Conspiración entre los integrantes del Cártel de Sinaloa iniciaron en el estado al menos desde el año 2000 y fueron continuas hasta 2012, cuando se presentó la demanda.
Ahora que la Cancillería mexicana concedió la extradición de Joaquín Guzmán a través de estas dos denuncias en Cortes del Distrito Oeste de Texas y del Distrito Sur de California, a la defensa del Chapo le queda la opción de presentar un amparo ante un Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito en contra de la determinación
Si los jueces niegan el amparo, el gobierno mexicano podrá extraditar al líder del Cártel de Sinaloa y éste será juzgado en Estados Unidos por estas demandas.
