Malos tratos en la atención médica, discriminación, negligencia, mujeres sanas que murieron después del parto. Son 27 casos de violencia obstétrica y muerte materna ocurridos en todo el país con el mismo denominador: impunidad.
[contextly_sidebar id=”udlk2U6YDhBP6gPe2Qq5JUeb9ZbjNN15″]Este lunes 9 de mayo, los testimonios de las propias víctimas o los familiares de mujeres fallecidas fueron expuestos en el Tribunal Simbólico, realizado por 27 organizaciones, ante seis expertas internacionales.
Se trató de un ejercicio ciudadano para denunciar y visibilizar la violencia que decenas de mujeres sufrieron y que les costó su vida o la de sus hijos. Los Tribunales Simbólicos son “importantísimos porque concientizan a la población de la problemática y da elementos para quienes hacen la legislación”, afirma Alda Facio, una de las especialistas.
En su experiencia como una de las relatoras espaciales sobre discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Facio afirma que las mujeres pobres o indígenas sufren las mayores agresiones y la desigualdad también está marcada en la atención en salud.
Luego de escuchar el testimonio de 27 casos durante las seis horas que duró el Tribunal Simbólico, Facio concluyó que el trato que recibieron esas 27 mexicanas “es más que violento, es indignante. Es como si les dijeran ‘ustedes no merecen ningún respeto’”.
Alberto Brunori, representante interino de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, considera que la atención médica con “pertinencia cultural es crucial” para reducir a cero la mortalidad materna, como quedó expuesto en los testimonios.
En México no existe ninguna estadística sobre la incidencia de violencia obstétrica. Sólo se registra la mortalidad materna. De acuerdo con el INEGI, la incidencia bajó en una década, al pasar de mil 278 muertes en 2004 a mil 22 en 2014. Sin embargo, “una sola muerte es demasiado”, asegura Brunori.
Mejorar la atención debe ser una política pública, pero lo más importante, afirma el representante de la ONU es “romper la impunidad”, porque de lo contrario, “la impunidad garantiza la repetición de violaciones a derechos humanos”.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de los casos que han documentado, en 17 hubo violencia obstétrica y en 10, muerte materna. En la mayoría de los casos las mujeres tenían entre 21 y 30 años de edad.
Del total de casos, 5 ocurrieron en Chiapas y 3 en Durango, Oaxaca, Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. También hubo casos en Hidalgo (2), Guanajuato (2), Ciudad de México (2), Zacatecas (2) y Yucatán (1).
Éstas son sólo tres casos que confirman el círculo de impunidad ocurridos en el país.
Historias de muerte e impunidad
El 4 de octubre de 2013, Susana Hernández llegó al hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para dar a luz a su segundo hijo. No había personal médico para atenderla, sólo practicantes, y el área de ultrasonido estaba cerrada.
Iba acompañada por su suegra, que por no hablar español, los médicos la relegaron de inmediato. A las cuatro de la mañana entró a cesárea y tres horas más tarde, el médico informó a la familia que estaba delicada, pero estable.
Las horas siguientes negaron información hasta que el 6 de octubre, el médico les informó: “la niña nació bien, pero la mamá falleció de un paro cardio respiratorio”. Apenas tenía 26 años y su primer hijo, siete.
Romeo, el viudo de Susana, leyó su testimonio frente a las expertas del Tribunal Simbólico, y pidió que no hubiera más huérfanos por la negligencia médica hacia las madres, que el personal médico atienda a la población y que los indígenas no sean discriminados en los hospitales.
El gobierno de Chiapas, dice, ha informado que invirtió 18 millones de pesos al hospital de la Mujer, pero las mujeres aseguran que la atención no ha mejorado y “muchas no quieren ir”.
“La atención debe ser igual para todos, no importa si hablamos español o si somos indígenas. Se debe garantizar que no se discrimine a nadie”, sentencia Romeo. Él vivió en carne propia el desdén del personal médico. “Teníamos planes, pero se quedaron ahí, en el hospital donde ella falleció”.
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Alicia Gómez habla fuerte y claro: “No me voy a dejar, no me voy a cansar de pedir justicia”. Ella es la abuela de María Guadalupe Morales, una joven que cumplió 18 años cuando se encontraba en el hospital y ese mismo día murió.
Era el tercer embarazo de la joven. Tuvo un parto sin complicaciones, pero desde las horas siguientes comenzó a sentirse mal. Regresó al Hospital general de Durango y, según la abuela, no recibió la atención médica adecuada.
Estaba pálida, helada, decía que le dolía el vientre y los médicos no hacían nada. “La dejaron morir”, dice Alicia. Días después, los médicos detectaron que tenía infección en un ovario y la intervinieron para extirparlo.
15 días después del parto, la joven murió a causa de una complicación en el corazón, según la acta de defunción. “Pero si dicen que fue por el corazón, por que le quitaron un ovario”, refuta Alicia.
Interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango y la semana pasada resolvió que el hospital efectivamente tuvo fallas, pero sólo administrativas y su recomendación fue capacitar a los médicos del hospital.
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Anahí Bautista tenía 29 años cuando murió. Era médico en la comunidad de Asunción, Oaxaca, y nunca tuvo ninguna complicación durante su embarazo. Cuando llegó al hospital de Juxtlahuaca fue atendida por los residentes, quienes decidieron que la programarían para cesárea al otro día.
Sin embargo, según informaron, su estado de salud era tan grave, que tenían que trasladarla al IMSS de la ciudad de Oaxaca. Cuando Bernardina Bautista, su hermana, llegó al hospital, escuchó que el médico dijo: “viene muerta, por qué nos la mandan”.
Horas después, el médico les informó que tenía muerte cerebral y a los dos días falleció. De acuerdo con su hermana, después de la investigación que han realizado los abogados, se trató de una negligencia al colocar la anestesia.
“Mi hermana no murió porque Dios lo quiso, hubo negligencia”, sentencia Bernardina. Por eso, dice, su familia no se cansará de denunciar a los responsables, de hacerle ver a otras mujeres que no están solas y, sobre todo, que lo ocurrido a su hermana no vuelva a repetirse.
Estas situaciones son consideradas como violencia obstétrica y también se incluyen otras prácticas como negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas.
A esa violencia se exponen más de 6 mil 800 mexicanas al día, pues México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales.
Hasta febrero de 2015, los estados de Chiapas y Veracruz han tipificado la violencia obstétrica en sus códigos penales. Zacatecas y Jalisco cuentan con iniciativas en trámite que van en el sentido de la criminalización. Ocho estados, entre ellos los dos que la tipificaron, definen “violencia obstétrica” en sus leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAVLV); y cuatro estados ya tienen iniciativas para agregar el concepto en su LAVLV.
