El 83% del personal que se necesita para que este próximo 18 de junio arranque operaciones el nuevo sistema de justicia penal no está capacitado.
[contextly_sidebar id=”GfraB16Fsx3xqa1QkNuxgL06eP2RgKWQ”]Al menos 271 mil operadores de diversas instituciones de justicia no han recibido la capacitación necesaria pese a que desde 2010 se han gastado 484 millones de pesos para esa función.
“En relación con los ministerios públicos, facilitadores y jueces (de control, orales y de ejecución), se reporta una capacitación del 100%. Se trata, sin duda, de una noticia positiva, pero que se ve opacada por el número considerable de policías ministeriales, policías preventivos y personal penitenciario que falta por capacitar”, menciona el reporte “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal” que publicó el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
El rezago entre defensores públicos es de 36%, de peritos de 9.68%; pero en el caso de policías preventivos, ministeriales y personal penitenciario los retrasos en capacitación son superiores al 80%, según datos a septiembre de 2015 de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
“La policía constituye un actor clave en el sistema penal acusatorio ya que se trata del primer vínculo del ciudadano con el sistema de justicia y de la institución encargada de llevar a cabo la investigación de los delitos”, señala CIDAC; y añade que a esos rezagos se suma que no es claro el número de asesores de víctimas que requieren capacitación.
La reforma constitucional de seguridad y justicia que entró en vigor el 18 de junio de 2008 puso como límite ocho años para que el nuevo Sistema de Justicia Penal se implemente en todo el país.
Entre los procesos que traerá este sistema —y para los que se está dando la capacitación— están que se elevó a rango constitucional la presunción de inocencia, un juez de control vigila la legalidad de la detención, la confesión de un acusado sólo es válida si se realiza ante un juez, los procesos se llevan a cabo en audiencias públicas en presencia de un juez (juicios orales) y la prisión preventiva no ocurre en todos los casos, pues se toman en cuenta medidas alternativas para reparar el daño tras la comisión de un delito.
CIDAC señala que los datos estatales sobre cuánto han avanzado en términos reales en la capacitación e implementación del sistema de justicia son cuestionables.
La organización se dio a la tarea de preguntar a las autoridades locales sobre el avance y recibió pocas respuestas y aún en éstas los datos fueron inconsistentes y estaban incompletos.
Tras desarrollar una metodología para medir el avance y calidad del proceso de implementación de la reforma penal, CIDAD alerta que, actualmente, cinco entidades se ubican en una clasificación ideal para 2013, es decir, con un retraso de casi tres años: Baja California, Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato.
Mientras que el resto de las entidades federativas tienen un puntaje inferior en avance y calidad en la implementación del sistema penal cuando falta sólo un mes para que acabe el límite legal que marca el inicio de operaciones en todo el país.
