Los diputados de cada uno de los 32 congresos locales del país tienen atribuciones para legislar sobre su sueldo. No existe un tabulador sobre cuánto deberían ganar estos congresistas o una base que permita calcular —y asignar— un salario igual para cada uno de los 1,125 diputados estatales.
[contextly_sidebar id=”Vu5lm5cxhOAjZuQuLtoMHNS6v3tdpKTV”]Este vacío legal abre la puerta para que los legisladores locales se asignen un salario incluso superior al de un diputado federal y a que sus percepciones poco tengan que ver con la proporcionalidad del número de mexicanos que representan.
Es el caso del congreso estatal de Guanajuato. Cada uno de los 36 diputados de esa entidad recibe cada mes 177 mil 425 pesos. Ese monto es superior a los 145 mil pesos que recibe un diputado federal (que representan a todo el país).
Los legisladores de Guanajuato representan a 5.8 millones de personas y aunque existen otros Congresos estatales con un número similar de representados, los salarios de sus diputados son notoriamente inferiores.
Por ejemplo, un diputado de Puebla —estado con 6.1 millones de habitantes— recibe cada mes un salario de 61 mil 724 pesos. Incluso en el Estado de México, la entidad más poblada del país, los diputados ganan menos que en Guanajuato (108 mil pesos).
La única regla que rige las finanzas de los Congresos locales es la proporcionalidad al número de habitantes pero las cifras que reunió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y que revisó Animal Político muestran que en la práctica los recursos públicos en los congresos estatales se manejan y asignan con discrecionalidad.
Bajo la premisa de que los salarios de los diputados locales se asignan en función de la población estatal, cada ciudadano mexicano pagaría lo mismo por su legislador local y los sueldos serían mayores o inferiores según el número de habitantes.
Lo que ocurre actualmente es: un habitante de Colima es el que más paga para sueldos de sus diputados estatales: 36 pesos, y el de Puebla el que menos: 4.8 pesos.
Una diferencia de 86% cuya única explicación es que así lo decidieron los mismos diputados locales.
Presupuesto fantasma
La misma lógica debería operar en la asignación presupuestal: mientras más representados más recursos. Lo cierto es que independientemente de cuánto dinero público se asigne a los congresos locales la mayoría de éstos casi siempre gastan de más sin justificar a qué se destinan los recursos excedentes.
Investigadores del IMCO explican que la función de un legislador local se mantiene en el tiempo y un aumento presupuestal debería responder sólo a cuestiones extraordinarias. Pero en 2015, los 32 congresos locales gastaron 1,339 millones de pesos más de lo que tenían asignado.
Cinco estados incluso aumentaron su gasto en más del 25%: Hidalgo (55%), Guanajuato (40%), Sonora (31%), Ciudad de México (27%) y Guerrero (25%).
El presupuesto de los congresos estatales simplemente no deja de crecer. En los últimos cuatro años, los recursos asignados han crecido en promedio 10% sin que —de nuevo— se tome en cuenta la proporcionalidad que deberían respetar por el número de habitantes de cada estado.
Un diputado de Baja California puede ejercer un presupuesto de 22.5 millones mientras que en la Ciudad de México, cada legislador tiene 27.6 millones pese a la diferencia poblacional que hay entre ambas entidades (5 millones de personas).
Los datos recabados por el IMCO muestran que los diputados locales que tienen (por legislador) un presupuesto más bajo son los de Puebla con 3.5 millones de pesos. Si todos los legisladores locales ejercieran esos recursos el ahorro sería de 8 mil 608 millones de pesos: el 27% del recorte al gasto público para 2016 que recientemente anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Ese escenario sólo es posible si los 32 Congresos estatales trabajan en función de a quienes representan, lo que actualmente no ocurre.
