[contextly_sidebar id=”QEu383rff0mThtHa2Odef5PIqgaXTE3r”]El Congreso de Quintana Roo –de mayoría priista– aprobó este martes 21 de junio la creación de una Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría de Justicia estatal, estableciendo que el Legislativo local nombre un fiscal para un periodo de nueve años.
Opositores acusan que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad busca “blindar” con nombramientos de última hora al gobernador saliente, Roberto Borge –a sólo dos meses de que deje el cargo–, evitando que se investiguen las acusaciones en contra de su administración por supuestos malos manejos.
Tras la apertura del periodo extraordinario del Congreso estatal, manifestantes tomaron la tribuna, por lo que la sesión pasó del pleno a un espacio alterno en el recinto legislativo.
“Esta administración (de Borge) está tratando de dejar un procurador a modo”, dijo a Animal Político el diputado independiente con licencia, Jorge Aguilar Osorio.
El diputado del Partido Acción Nacional, Sergio Bolio, dijo que la reforma para aprobar la creación de la nueva Fiscalía se aprobó con 18 votos a favor y 5 en contra (entre ellos los de tres legisladores del PAN y el diputado independiente), y también alertó sobre el riesgo del blindaje.
“La Procuraduría se convertiría en Fiscalía y (su titular) duraría entre 7 y 9 años, esto trascendería la administración de Carlos Joaquín (quien será el próximo gobernador). Lo que están buscando es blindar al gobernador saliente y que Carlos Joaquín quede atado de manos en materia penal y de fiscalización”, mencionó Bolio.
En un comunicado en la página del Congreso de Quintana Roo, se lee que la aprobación de la nueva Fiscalía es “para armonizar a Quintana Roo con el nuevo sistema de justicia penal”.
El diputado priista Pedro José Flota, según se lee en el boletín, mencionó que se estableció un artículo transitorio, para que quien actualmente ocupa el cargo de procurador General de Justicia, que es Carlos Arturo Álvarez Escalera, sea el titular de la nueva Fiscalía, “aunque la facultad de ratificarlo o nombrar un nuevo fiscal será de la autoridad entrante”.
La autoridad entrante es Carlos Joaquín, el candidato ganador en las pasadas elecciones del 5 de junio.
Sin embargo, el opositor Bolio señaló que “no tienen duda” de que después de un interinato de Álvarez Escalera la mayoría priista designará un nuevo fiscal, antes de que concluya el mandato de Borge, y Carlos Joaquín como gobernador enfrentaría una serie de candados legales para poder removerlo y designar otro.
La reacción de loa manifestantes en el recinto pic.twitter.com/hDSbxKRd9F
— Joana M. Maldonado (@joanayelian1) 21 de junio de 2016
En una revisión del dictamen, que según el legislador Luis Razo fue el aprobado, se lee que la remoción del fiscal general solo podría ser por causas graves contempladas en las leyes estatales, y además tendría que ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del Estado.
En la próxima administración, PRI y su aliado PVEM tendrán 12 de 25 diputados. PAN y PRD tendrán nueve.
Para la designación de un nuevo funcionario como titular de la Fiscalía (en caso de que se cumpla lo dicho por el diputado Flota y se deje en manos de la próxima administración ratificar a Álvarez Escalera o nombrar un nuevo fiscal), se requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, tanto para la integración de una lista preliminar de 10 candidatos, como para la aprobación final, según el dictamen aprobado.
De ese modo, en el escenario de la remoción y del nombramiento, pesaría el hecho de que Carlos Joaquín no tenga mayoría en el Congreso.
Otro de los puntos que se lee en el dictamen aprobado este martes es que “el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá designar a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, mediante el procedimiento establecido en la ley, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”.
Según el legislador Bolio, para que entre en vigor la reforma de la Constitución estatal, aún falta la aprobación de la mayoría de los cabildos en los municipios de Quintana Roo.
En las afueras del Congreso, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada, la policía lanzó gases lacrimógenos, para disuadir a manifestantes que trataron de impedir la aprobación de lo que llaman “paquete de impunidad”.
En un video, quien será el sucesor de Borge tras ganar las elecciones del pasado 5 de junio con una alianza entre el PAN y PRD, Carlos Joaquín, llamó a los integrantes del Congreso estatal a no traicionar a la sociedad, “nombrando a cómplices de la corrupción” para ocupar cargos públicos.
“Diputados, no traicionen el espíritu de la democracia, la voz de la gente fue muy clara en el pasado proceso electoral, el mensaje fue: no más corrupción e impunidad”, dijo Carlos Joaquín.
“La sociedad no permitirá ya que un sistema corrupto se blinde”, agregó quien encabezará la alternancia por primera vez en la entidad, ya que siempre había ganado el Partido Revolucionario Institucional.
Animal Político solicitó una entrevista con Carlos Joaquín, pero indicó que su postura ya había quedado clara en el video que publicó, y que no hablaría más del tema.
De acuerdo con el periódico Reforma, se espera que en los próximos días se discuta el nombramiento del nuevo auditor de la entidad y su suplente, además de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia. Estos nombramientos también han sido señalados por opositores y manifestantes, como parte de lo que llaman “paquete de impunidad” o blindaje para Borge.
Según un reporte del colectivo de investigadores México cómo vamos, publicado en mayo pasado, entre 2009 y 2015 la deuda de Quintana Roo aumentó casi 500%.
A partir de 2010, la deuda de Quintana Roo ha ido creciendo 18% por año en promedio, según la organización ciudadana.
En tanto, el Centro de análisis y políticas públicas México Evalúa señaló en mayo pasado que, en 2015, la deuda pública estatal per cápita de la entidad fue de 14 mil 048.0 pesos, monto considerablemente mayor al promedio de deuda per cápita observado a nivel nacional para el mismo año (4 mil 214.9).
De igual forma, en 2015 Quintana Roo aumentó su nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que la entidad recibe anualmente, pasando de 73.5% en 2009 a 280.6%.
