Incluir el término de “vida privada” para que los funcionarios públicos puedan ocultar las declaraciones sobre su patrimonio e intereses envenenó la ley de responsabilidades administrativas aprobada por el Senado, también conocida como ley 3de3, indicaron organizaciones académicas y académicos.
[contextly_sidebar id=”i4sgOYjr3ZxOwuU29vWmi8wCg5pPO5ym”]Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) -una de las organizaciones que promovió la ley 3de3-, dijo en entrevista con Animal Político que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses de los funcionarios serán públicas, siempre y cuando no se afecte su “vida privada” con la divulgación de esos datos.
Esto dice textualmente el dictamen aprobado por el Senado, en su artículo 29:
“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el comité coordinador, a propuesta del comité de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
En cambio, las organizaciones ciudadanas que promovieron la #ley3de3 indicaron en su iniciativa que los funcionarios tendrían que presentar sus declaraciones, y estas estarían disponibles al público, “con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia”.
Los grupos ciudadanos nunca mencionaron el tema de la “vida privada”, y a decir de Pardinas, el hecho de que el PRI y el Partido Verde lo hayan incluido representa una “semilla con veneno” que dificultará tener acceso a la información sobre el patrimonio y los intereses de los funcionarios públicos en México.
Pablo Escudero, senador del PVEM, defiende que la ley aprobada en el Senado sí garantizará la transparencia, porque un comité ciudadano sera el que establezca qué información debe resguardarse y cuál sí puede ser expuesta.
“Cuando nazca el consejo ciudadano tendrá que enfrentar esta enorme responsabilidad, de determinar qué información van a tener que hacer pública, desde el presidente de México, los senadores, los legisladores, y tendrán que entrar en una discusión jurídica sobre qué es vida privada”, mencionó Pardinas.
“Al no haber un referente legal bien establecido, mi intuición es que esto no solo se pateó hacia adelante, sino que se enredó, se va a judicializar. Era mucho mejor dejarlo en el marco de las leyes establecidas. Entonces, ahí está el primer obstáculo”, agregó.
La madrugada del miércoles pasado, con un resultado de 51 votos a favor y 59 en contra, se rechazó un planteamiento de PAN y PRD para cambiar la redacción del dictamen, y establecer que las declaraciones de los funcionarios fueran públicas por ley, sin poner la limitante de la vida privada.
Tras ello, los grupos ciudadanos criticaron que se había dado la espalda a más de 630,000 personas que respaldaron con su firma la iniciativa de ley 3de3.
En cambio, tanto el PRI como el PVEM han defendido que cumplieron con la voluntad de los ciudadanos, y que hay intentos de engañar a la gente, desprestigiando lo aprobado por el Senado.
“Los 640,000 que firmaron esta iniciativa de responsabilidades 3de3 ganaron, hay que decirlo. Es para celebrar. Es el primer ejercicio de una iniciativa ciudadana donde estuvieron en parte del procedimiento legislativo”, dijo el senador Escudero este jueves 16 de junio, en entrevista con Radio Fórmula.
“Hemos atendido al 100% la ley 3 de 3, es una realidad ya esa ley. Es incomprensible que haya descalificaciones a esto”, agregó.
El académico Alberto Serdán, en una columna publicada en Animal Político, coincidió en el punto de que incluir el concepto de vida privada en la ley de responsabilidades administrativas aprobada por el Senado hará que sea letra muerta la “máxima publicidad”, o conocimiento público de las declaraciones que hagan los funcionarios.
“De acuerdo con la minuta, basta con que un sujeto obligado manifieste que ‘afectan su vida privada’ para que la información no sea pública. Si alguien se inconforma ante esto, generalmente la ciudadanía, debe atravesar todo un laberinto jurídico hasta que un juez interprete qué quiere decir en realidad con eso de ‘afectar su vida privada’, escribió Serdán, además de señalar que en la ley aprobada quedó fuera la publicidad de la declaración de impuestos.
Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y coordinador en la redacción de la iniciativa ley 3 de 3, dijo a Animal Político que la presentación de las declaraciones de los funcionarios debe guiarse con la protección de datos personales, y no con el tema de se afecte la vida privada, porque así el esquema se vuelve inoperante.
Y sobre los formatos…
Otro de los puntos criticados por organizaciones ciudadanas, es que tampoco se aprobó en el Senado que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios se hagan con el formato de la plataforma 3de3.
El senador Escudero defiende que las propias organizaciones fueron las que plantearon que un comité ciudadano se encargara de redactar los formatos.
Propuso @ebohorquez que ciudadanos definieran los formatos de #Ley3de3 ¡Así lo aprobó @Senado_PRI y @VerdeSenadoMex! pic.twitter.com/vLRgbPSO8Q
— Emilio Gamboa Patrón (@Emilio_Gamboa_) 15 de junio de 2016
Y en efecto, Pardinas acepta que pusieron esa propuesta sobre la mesa, aunque después el PAN y el PRD plantearon que se adoptara el formato utilizado “por más de 700 candidatos y servidores públicos de todo el país en la plataforma 3de3.mx”, así que tomaron esa bandera, pero a fin de cuentas tampoco fue aprobada esa iniciativa, por la negativa del PRI y el Partido Verde.
“Estuvo sobre la mesa la posibilidad de que los formatos que utilizamos se convirtieran en ley. Es lo que presentó el PAN y el PRD“, dijo Pardinas.
#Contexto Esta es la propuesta textual de las organizaciones civiles y académicas presentada ayer en el Senado. pic.twitter.com/47jpzYwzjH
— Transparencia México (@IntegridadMx) 15 de junio de 2016
En cuanto a que será un comité ciudadano quien redacte las formatos de las declaraciones, según lo aprobado en el Senado, Pardinas dijo que hay incertidumbre respecto a quién integrará ese comité, por lo que hubiera sido mejor tomar desde ahora el formato 3de3.
“Va por el camino de la incertidumbre, porque no sabemos quién va a integrar el comité ciudadano. El comité todavía no existe jurídicamente, porque la ley que le da razón de ser todavía no toma forma, entonces hay muchos márgenes de qué va a pasar, quién lo va a determinar”, dijo Pardinas, del IMCO.
La expectativa, apuntó, es que la ley de responsabilidades administrativas aprobada en el Senado sea corregida al llegar a la Cámara de Diputados, y se quite la limitante de la vida privada, además de que se establezca el formato de la plataforma 3de3 para las declaraciones de los funcionarios.
Ese formato, señaló el doctor Vives, recoge las mejores prácticas internacionales, y es un modelo con el que la clase política ya se estaba empezando a familiarizar.
Organizaciones piden a diputados corregir la ley 3de3
Organizaciones civiles pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, cambiar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, para que todos los datos de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses sean públicos.
Explicaron que modificar el artículo para que todos los datos sean públicos permitirá generar “obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”.
También pidieron que eliminen la parte del artículo 32 que obliga a todas las personas que reciben o ejercen recursos públicos del gobierno a presentar estas declaraciones, pues “carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”.
Las organizaciones civiles dijeron que con este artículo no sólo políticos y empresarios proveedores del gobierno presentarían la 3de3, también “implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del CONACYT, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían que presentar estas tres declaraciones”.
“Consideramos que esta disposición es un contrasentido. El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos -sus declaraciones fiscales- y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía”, se lee en la carta.
Algunos de los firmantes de la carta son Javier Angulo, Óscar Arredondo, Eduardo Bohórquez, María Amparo Casar, Marco Fernández, Max Kaiser, Sergio López-Ayllón, Mauricio Merino, María Elena Morera, Juan Pardinas, Haydeé Pérez Garrido, Pedro Salazar, entre otros.
