Sin punto final en investigación a empresas fantasma en Veracruz, dice SAT a gobierno de Duarte

Aristóteles Núñez reiteró que en caso de determinar el uso de recursos de procedencia ilícita, la denuncia se canalizará a la Procuraduría General de la República.

Sin punto final en investigación a empresas fantasma en Veracruz, dice SAT a gobierno de Duarte
Empresas como Bienart (imagen) tenían como domicilio fiscal casas abandonadas, tiendas o negocios. Arturo Angel (@arturoangel20)

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Luego de concluir la inexistencia de al menos 25 empresas con las que el gobierno de Veracruz firmó contratos, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, informó este miércoles 22 de junio que se presentarán las denuncias con las instancias correspondientes una vez que se determine el origen de los recursos desfalcados.

“Nosotros somos instancia fiscal y en ese ámbito tenemos que actuar y, derivado de los hechos, tenemos obligación de presentar denuncias“, dijo Núñez entrevista con Denise Maerker, en Radio Fórmula.

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El funcionario federal detalló que en caso de determinar el uso de recursos de procedencia ilícita, la denuncia se canalizará a la Procuraduría General de la República (PGR). Si son recursos públicos de origen estatal, “hay instancias que tienen que vigilar que cumplieron con esta normatividad”.

Núñez destacó que “no habrá punto final” en la investigación de las empresas fantasmas de Veracruz que causó un desfalco de al menos 645 millones de pesos en la entidad. Reiteró que el SAT concluyó que son 25 empresas las que no pudieron acreditar que tienen la infraestructura, activos y personal que les permita la prestación de servicios.

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Este martes, el gobierno de Veracruz emitió un comunicado en el que aseguró que la relación comercial con las 25 empresas fantasma terminó “desde hace años” y que, en su momento, fue auditada por órgano fiscalizados local.

“La relación comercial entre las empresas investigadas por el SAT y el Gobierno de Veracruz ha sido finiquitada desde hace años, liquidando éste lo contratado con recursos estatales, mismos que han sido auditados por el Órgano Superior de Fiscalización y aprobada la legalidad de las operaciones en las cuentas públicas de años anteriores, por lo que esta soberanía no tiene ningún interés ni participación en las actuaciones de la dependencia federal”, informó la administración estatal en un comunicado.

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