[contextly_sidebar id=”Oc5OYZ68SWrJ6WQJb7rgOQAgdOw0Iz9P”]Organizaciones de la Sociedad Civil interpusieron un juicio de amparo para frenar los moches, que son recursos públicos que los diputados federales pueden usar para fines privados.
De acuerdo con un comunicado difundido este martes 21 de junio por México Evalúa, el juicio de amparo ocurre luego de que en noviembre de 2015 los diputados federales “excedieron su facultad constitucional para ‘modificar’ el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ‘creando’ nuevos fondos dentro del Ramo 23, los cuales no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros”.
La Constitución mexicana indica que sólo el Ejecutivo tiene la facultad de iniciativa para elaborar y definir el contenido del Proyecto de PEF, de acuerdo con el comunicado firmado por las organizaciones que impulsan el juicio de amparo, entre ellas el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.
“Los diputados federales se están atribuyendo competencias más allá de lo establecido en la Constitución para facilitar el uso discrecional y opaco de los recursos federales”, destacaron.
El pasado 4 de mayo, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja contra la admisión del juicio de amparo, el cual fue declarado sin fundamento por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa el pasado 4 de mayo.
Las organizaciones calificaron de histórico este juicio de amparo porque “abre la oportunidad para que, por primera vez, el órgano jurisdiccional dé muestras de que hay Estado de derecho y que incluso los diputados federales están obligados a respetar lo que la Constitución establece en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
