El presidente Enrique Peña Nieto regresó al Senado el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades administrativas, el cual obligaba a que empresarios presentaran su declaración fiscal, patrimonial y de intereses al hacer negocios con el gobierno, informó este jueves 23 de junio el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.
[contextly_sidebar id=”yczB8Sg4EGOfH4uPk8rRGz1VGTwrAZl6″]Los senadores mexicanos también tendrán que revisar las observaciones hechas por el mandatario federal a otros 15 artículos relacionados con el 32. Sin embargo, Castillejos no mencionó cambio alguno al criticado artículo 29, que estableció que los funcionarios públicos en México pueden ocultar información sobre su patrimonio o su declaración fiscal, con el argumento de que son datos de su vida privada.
“Peña Nieto devolverá al Senado el artículos 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros 15 artículos más relacionados con el 32″, dijo el funcionario en conferencia de prensa, y agregó que Peña Nieto solicitará hoy mismo a la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario.
De acuerdo con Castillejos, la decisión del mandatario federal es respuesta a “las voces que argumentan que esta medida (que personas físicas y morales que tengan contrataciones o reciban recursos públicos presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses) es excesiva (…) sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”.
Agregó que lo estipulado en el artículo 32, también “inhibiría a los particulares de vender o prestar servicios a los gobiernos (…) afectaría a personas”.
Hace apenas dos días, Peña Nieto se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que el mandatario se comprometió a analizar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción que aprobó el Congreso, en específico lo referente a la ley 3de3, para “encontrar la mejor solución” y hacer que el sistema opere de forma correcta.
“Nos dijo que sí le preocupaba que operara el sistema, que estaba buscando cuál sería la mejor fórmula para hacerlo operativo”, ya que tal como se aprobó el dictamen implica que aquellos que reciban becas o sean beneficiarios de programas sociales presenten sus declaraciones, lo cual es “muy complejo de cumplir”, dijo ayer 22 de junio el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Asimismo, organizaciones ciudadanas habían hecho llamados para que el presidente Peña Nieto utilizara su facultad de vetar los artículos 32 y 29 de la ley de responsabilidades administrativas, aprobados por la mayoría priista en el Congreso, porque los consideran inadecuados.
