El gobierno de Veracruz salió en defensa de la empresa del diputado federal Fidel Kuri que maneja el club Tiburones Rojos de Veracruz. Con una demanda de amparo que un juez federal desechó por improcedente, consiguió frenar que la compañía comience a pagar 12 millones de pesos que le debe a extrabajadores despedidos injustificadamente.
[contextly_sidebar id=”Vsr6gXDTESDOld51Pxz29pyQPc3brxPL”]Dos horas antes de que iniciara la diligencia para solicitar a la empresa la reinstalación y pago de uno de los afectados, en cumplimiento de la sentencia laboral ya confirmada, los abogados de Kuri “avisaron” a la junta de Conciliación que el gobierno había solicitado un amparo. Aunque la notificación no era oficial, la diligencia se suspendió.
La empresa de Kuri, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, es la responsable de pagar a los extrabajadores. Pero fue el gobierno de Veracruz el que presentó la demanda de amparo en la que pedía que todo el proceso, que derivó en la sentencia favorable a los extrabajadores, fuera revocado.
El argumento de la administración de Duarte es que “nunca se enteró” de este juicio laboral —de más de cinco años—, el cual podía afectarle en caso de que se embargaran bienes que dio en comodato a la empresa. Esto pese a que la ley en realidad dice que los bienes del Estado son inembargables.
[animalp-quote-highlight position=”left”]Es claro que están coludidos porque ¿cómo supieron que había una demanda?[/animalp-quote-highlight]
El juez analizó la solicitud de demanda de amparo y la desechó sin abrir ningún juicio. En la resolución judicial de la que Animal Político tiene una copia íntegra, el juzgado concluyó que el gobierno carecía de cualquier interés legal y legítimo, por lo que la “desechó de plano”.
Sin embargo, de acuerdo con lo denunciado por el trabajador Julio Martínez Arroyo, quien es el primero de los afectados que deberá ser reinstalado o indemnizado, el escrito de la demanda de amparo fue utilizado por los abogados de Kuri para retrasar las diligencias de cobro o de embargo.
“Ellos metieron el escrito ante la Junta Local de Conciliación, ni siquiera fueron los del gobierno pero es claro que están coludidos porque ¿cómo supieron que había una demanda? Esa demanda de amparo ni se notificó a las partes porque el juez desechó la solicitud, pero aún con eso consiguieron que el presidente de la Junta no quiera fijar una nueva fecha ahora” dijo.
Lo peor, dice Arroyo, es que en la junta ya se van de vacaciones y los dejarán sin por lo menos una fecha nueva para que se realice la diligencia.
Los “argumentos” del gobierno
De acuerdo con la información a la que Animal Político tuvo acceso, el pasado 16 de junio el procurador fiscal de Veracruz, Javier Yáñez Vázquez, interpuso a nombre del gobierno estatal una demanda de amparo en contra de una diligencia de la Junta Especial 10 de Conciliación y Arbitraje, resultado del laudo laboral (sentencia) a favor de los extrabajadores.
La diligencia reclamada no involucraba al gobierno, sino que se trataba de la notificación formal a la empresa Promotora Deportiva del Valle de Orizaba para que comenzará con la reinstalación o indemnización de un trabajador despedido de forma injustificada según la sentencia laboral ya dictada, y en caso de negarse, proceder con el embargo de bienes para garantizar el pago.
Pero aunque el tema era entre particulares, el procurador fiscal argumentó que ellos nunca se enteraron del juicio, lo que consideraron irregular.
“Nosotros como gobierno del Estado nunca hemos sido llamados a juicio laboral ni al de sustitución patronal ya que el gobierno del Estado es propietario del nombre, marca comercial y logotipo Tiburones Rojos” señala la solicitud de aparo.
Según la demanda, el gobierno de Veracruz se enteró del caso apenas el pasado 13 de enero, gracias a una “nota periodística”. Ese día Animal Político publicó la resolución del caso y la obligación del club Tiburones Rojos de pagar o en su defecto de la posibilidad de ser embargado en sus bienes.
La solicitud del amparo subraya que el gobierno es propietario de la marca comercial y el logotipo de Tiburones Rojos de Veracruz, así como del estado, pero por convenirlo a sus intereses lo cedió en comodato a la empresa de Fidel Kuri.
En ese contexto, el gobierno estatal reclamó que no se les citara en todo el proceso laboral pero además, expresó su temor de perder bienes que le había cedido a la empresa de Kuri.
“Con la ejecución del laudo que se pretende hacer en el juicio laboral del cual deriva el acto reclamado, se puede llegar a trabar el embargo sobre bienes que son propiedad única y exclusiva de mi representada (el gobierno estatal), lo cual de materializarse constituiría una franca violación al debido proceso” indica la demanda.
Por estos motivos, el gobierno pidió que todo el proceso laboral que favoreció a los extrabajadores y responsabilizó a la promotora de Fidel Kuri de pagarles, fuera anulado.
“Notoriamente improcedente”
El 22 de junio pasado el juez Mario de la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz, resolvió que la demanda de amparo del gobierno era “notoriamente improcedente” y por ello, determinó “desecharla de plano”. Es decir, no le dio trámite al proceso por falta de sustento jurídico.
En la resolución judicial, de la que Animal Político tiene copia, el juez hace un recuento del procedimiento laboral el cual terminó dirimiéndose en tribunales federales, los cuales confirmaron que aunque los trabajadores fueron despedidos antes de que Promotora Deportiva de Orizaba recibiera en comodato al club, esto la convertía en “patrón sustituto” y por lo tanto en responsable de los exempleados.
En ese contexto, el juez determina que se trata de un conflicto entre dos partes, en donde el gobierno estatal no tiene ninguna participación, pues tanto en el laudo laboral como en la sentencia de los tribunales ha quedado claro que la responsabilidad recae en la promotora de Fidel Kuri.
“Por eso no puede considerarse que le asista un derecho (al gobierno de Veracruz) en razón de que el acto reclamado (la sentencia a favor de los extrabajadores) deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes (trabajadores y empresa), así como los derechos en disputa” indica la resolución.
[animalp-quote-highlight position=”left”]Es claro que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente[/animalp-quote-highlight]
Sobre el temor del gobierno a que sus bienes fueran “embargados”, el juez subraya que se trata de un “hecho hipotético” y recuerda que los amparos son contra hechos concretos y no contra circunstancias probables.
Además, el embargo de cualquier propiedad del gobierno en realidad no es posible. El artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado señala textualmente que “todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables”.
“En tales condiciones, es claro que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, conforme con lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano” concluye la resolución.
Con las manos vacías
El pasado lunes 20 de junio, Julio Arroyo Martínez acudió con su abogado a las oficinas de Promotora Deportiva ubicadas en el Estadio “Luis Pirata Fuente”, en Veracruz. Tras una batalla legal de casi cinco años, finalmente el club sería notificado de la obligación de reinstalar a este extrabajador y de pagarle los salarios caídos, o en su caso, indemnizarlo.
[animalp-quote-highlight position=”left”]Arbitrariamente la promotora da aviso a la junta local cuando no fue quien promovió dicho amparo sino había sido el gobierno[/animalp-quote-highlight]
La cita estaba programada para el mediodía pero fue hasta las dos de la tarde cuando arribó al sitio el abogado de la empresa, Rafael Rodall. El retraso, detalla el trabajador afectado, se debió a que dicho abogado fue a buscar una copia de la solicitud de amparo del gobierno al juzgado, y luego le avisó al presidente de la Junta de Conciliación, Eutiquio Vargas, para que suspendiera el procedimiento.
“Rodall solicitó por escrito a la junta de conciliación y arbitraje local, anexando copia del amparo interpuesto por gobierno del estado, para que le fuera suspendida cualquier tipo de diligencia, es decir arbitrariamente la promotora da aviso a la junta local cuando no fue quien promovió dicho amparo sino había sido el gobierno” dijo el trabajador.
Sumado a lo anterior, cuando el abogado se presentó afuera del estadio, argumentó ante el actuario de la Junta que ellos no habían sido notificados 24 horas antes de la diligencia de reinstalación como marca la ley, por lo cual tampoco podía realizarse. Aunque el exempleado y su abogado argumentaron en contra, la diligencia termino suspendiéndose.
Así, Arroyo Martínez se regresó con las manos vacías una vez más.
El extrabajador comenta que en las últimas dos semanas le ha insistido al presidente de la Junta para que fije una nueva fecha de la audiencia; sin embargo, no ha ocurrido. El argumento es que no lo puede hacer, pues están esperando a conocer el resultado de la demanda de amparo del gobierno.
“El amparo ya fue desechado por las irregularidades claras que tenía pero el trámite sigue obstaculizado en la junta local; la junta sigue empecinada en no quererme agendar fecha para llevar a cabo nuevamente la diligencia en las oficinas del club deportivo, además de no entender que injerencia podría tener gobierno del estado en un juicio entre particulares” agregó Arroyo en entrevista.
En un intento por tratar de agilizar su pago, el extrabajador acudió el pasado 21 de junio a una entrevista con el secretario del Trabajo de Veracruz, Fernando Aguilera Dehombre, quien jerárquicamente es el superior de las juntas de conciliación y arbitraje. El funcionario le dijo que cambiaría al titular de la Junta; sin embargo, hasta ahora sigue sin fijarse una fecha.
