La Procuraduría General de la República (PGR) arrancó formalmente una investigación penal en contra de quien resulte responsable tras el hallazgo de 25 empresas en Veracruz que recibieron múltiples contratos del gobierno de Javier Duarte, pero que no existen en sus domicilios fiscales ni hay evidencia material de que alguna vez hayan estado en operación.
[contextly_sidebar id=”Ku4Kpv9cEommMkXEdh6wPuRXKFz0Scx5″]La dependencia informó a Animal Político que la indagatoria inició a partir de las primeras denuncias que ya interpuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Ministerio Público Federal, en la que confirmó la inexistencia de dichas compañías. Por cada empresa, se comenzó la integración de una averiguación previa.
Los trabajos de investigación están a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría de Delitos Federales, que la semana pasada desplegó un operativo en la entidad con agentes ministeriales, policías y peritos enviados desde la Ciudad de México, para realizar las primeras comprobaciones y recabar declaraciones.
Debido a que se trata de averiguaciones de tipo penal, la PGR no proporcionará los resultados hasta que no se lleven a cabo las consignaciones, pero autoridades ministeriales indicaron que se verificarán las operaciones bancarias de estas compañías, desde sus movimientos hasta las personas que abrieron las cuentas.
Una de las personas cuyo domicilio fue utilizado para dar de alta el domicilio fiscal de varias empresas falsas, confirmó que agentes de la PGR lo visitaron para verificar su propiedad y recabar su declaración.
El pasado 24 de mayo Animal Político publicó la primera parte de un reportaje, en el que se reveló que el gobierno de Veracruz había entregado 645 millones a 22 empresas fantasma. El SAT inició una investigación que amplió a 26 compañías, y confirmó que 25 en efecto no existen, y que sus operaciones rebasarían los tres mil millones de pesos.
Por otro lado la PGR confirmó que la semana pasada funcionarios y exfuncionarios estatales del gobierno de Veracruz rindieron declaración en su delegación estatal, pero declinó revelar los motivos o cualquier otro dato por tratarse de indagatorias en curso.
El operativo
La semana pasada un equipo de la PGR encabezado por el fiscal Héctor de la Paz Cázares, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, se trasladó al estado de Veracruz para realizar la revisión de cada uno de las direcciones fiscales de la red de compañías fantasma, entre otras diligencias.
Los agentes, que se dividieron en dos grupos, además de verificar las direcciones tomaron declaraciones ministeriales. Peritos en materia de criminalística y fotografía dela Dirección de Servicios Periciales de la PGR participaron en el operativo de investigación para recabar elementos de prueba.
Cristóbal Álvarez vive junto con su padre en un predio del puerto de Veracruz donde debería estar una de las compañías fantasma de esta red según su dirección fiscal: Carrirey SA de CV. Confirmó que seis personas que se identificaron como funcionarios de la PGR acudieron a su domicilio para recabar sus datos e inspeccionar el lugar.
Explicó que su papá José Álvarez Molina, propietario del predio, rindió una declaración a los agentes en la que narró que nunca dio autorización para que su domicilio fuera utilizado para dar de alta alguna empresa, pero que aun así le llegan estados de cuenta bancarios de Carrirey y de varias empresas más que son falsas.
Los propietarios contaron a los agentes que en el último año intentaron reportar al banco y en las oficinas de la Secretaria de Hacienda esta situación, pero no le hicieron ningún caso.
La situación en el último mes, según Cristóbal Álvarez, ha sido distinta pues ya fueron visitados por funcionarios del SAT a finales de junio, y ahora por el personal de la Procuraduría.
Como parte de esta investigación, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR también revisará la forma en que fueron constituidas todas estas compañías, así como sus socios y representantes legales.
Animal Político publicó que las personas que aparecen como socios en las actas constitutivas de estas compañías tampoco son empresarios, sino se trata en su mayoría de personas de bajos recursos que reconocen haber dado documentos y firmasen campañas de promoción del voto del PRI o a cambio de supuestos apoyos.
Los delitos bajo la lupa
Los artículos 42 y 93 del Código Fiscal de la Federación facultan a las autoridades fiscales para presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, si cuentan con elementos que le permitan presumir que se han cometido delitos. En ese sentido, el SAT presentó las denuncias ante la PGR por el caso de las empresas fantasma.
Como primer paso de la investigación se indaga directamente a las personas morales, es decir a las empresas las cuales figuran como las probables responsables de las irregularidades descubiertas. Quien debe responder por ellas son las personas que hayan sido acreditadas como representantes legales de las mismas.
El Capítulo II del Código Fiscal contempla una amplia gama de delitos fiscales, entre los que se encuentra reportar domicilios fiscales falsos, cambios de domicilio fiscal sin previo aviso, amparar con facturas operaciones falsas, y omitir o evadir obligaciones tributarias. Son delitos que dependiendo de las particularidades en cada caso, se castigan con uno y hasta seis años de prisión.
Pero además de las empresas, el artículo 97 del código fiscal también contempla penas de seis años de prisión a servidores públicos que cometan o sea cómplices de delitos fiscales.
En una segunda fase de la investigación, que podrá requerir de nuevas denuncias y de los resultados de comprobación que lleve a cabo el SAT, se verificará el posible mal manejo de recursos públicos en este caso.
Cabe señalar que el Servicio de Administración Tributaria presume legalmente que las operaciones de estas empresas son falsas, pues las compañías no cuentan con la infraestructura pare realizar el servicio por el que fueron contratadas. Para confirmar lo anterior se contemplan facultades de comprobación a través de auditorías.
Los resultados de este procedimiento acarrearían nuevas denuncias ante la PGR o la ampliación de las ya existentes en los próximos meses.
En la PGR confirmaron que a integración de estas averiguaciones se trabaja de forma conjunta con las instancias fiscales que figuran como coadyuvantes de las mismas.
Y en Veracruz… nada
El 27 de mayo el entonces candidato al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yúnes, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por los contratos que la administración local concedió a esta red de empresas fantasma. Pero hasta ahora, no se ha informado de ninguna investigación en curso.
Incluso, en un comunicado oficial el gobierno de Veracruz dijo que el tema se trataba de una indagatoria que involucraba al gobierno federal con particulares, y reiteró que los contratos que le dio a esas compañías fueron legales.
En este contexto, el pasado 1 de julio el Juez Primero de Distrito con sede en Veracruz concedió una suspensión provisional dentro de una demanda de amparo solicitada por Miguel Ángel Yúnes, que obliga a la Fiscalía General de Veracruz a desahogar las diligencias relacionadas con la denuncia por la existencia de empresas fantasma.
Entre las diligencias que la Fiscalía se encuentra obligada a hacer, según las consideraciones del juez, está el recabar información ante instituciones bancarias e instancias federales, así como recabar la declaración de servidores públicos relacionados con la contratación de las referidas compañías.
