[contextly_sidebar id=”mnkyXgb5MUcUC7aWxhHWEojFZLtIYxl2″]Un nuevo revés contra el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Un tribunal concedió un amparo en contra de la asignación de notarías “a modo” que hizo el mandatario estatal, sin publicar anuncios para que interesados pudieran aplicar por la patente de Notaría.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito justificaron su decisión en que “es de interés social que los nombramientos de aquellos que ejercen la función pública, o bien, de aquellos particulares a quienes se autorice a ejercerla, se encuentran firmes y sin cuestionamientos jurídicos sobre la validez de sus designaciones y, especialmente para que los actos que desarrollen no provoquen inseguridad jurídica en las relaciones con los particulares”.
A principios de julio, un reporte de La Jornada documentó cómo el gobernador Roberto Borge creó Notarías Públicas y las repartió entre diputados y funcionarios locales cercanos a él.
De acuerdo con el diario mexicano, Borge creó al menos 10 Notarías. Dos de ellas fueron entregadas, a través de la Secretaría de Gobierno, a las diputadas priistas Berenice Polanco Córdova y Judith Villanueva. Una más fue entregada a Javier Jesús Cárdenas Rivero, actual titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente.
De acuerdo con la legislación estatal, el cargo de notario es vitalicio.
Un reportaje de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad evidenció que, apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge han despojado a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.
De acuerdo con los denunciantes, los actos ilegales fueron llevados a cabo con la ayuda del notario número 22.
Esto ocurre luego de que el gobernador Borge presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para derogar una reforma recientemente aprobada en la entidad que lo blindaba contra el sistema anticorrupción.
La reforma en cuestión es la que aprobó la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y, con ello, el nombramiento de tres magistrados que son cercanos al gobernador priista.
