Para tratar de regular de forma efectiva una industria que aglutina a miles de escoltas y guardias de seguridad privada, y cuyo número ha crecido en una década más de 17 mil por ciento, el gobierno federal prepara una nueva estrategia que incluye una ley nacional, un padrón único y varias medidas de control como credenciales y certificaciones a todos los elementos.
[contextly_sidebar id=”MNC7yj8TZ4LKueCj0dhhSshNBCrBhKfF”]La propuesta que estará anunciándose el próximo 30 de agosto en el Consejo Nacional de Seguridad, se ha preparado en conjunto con organismos reguladores de seguridad privada y consejos del sector, con el objetivo de limitar la existencia de empresas que operan en la ilegalidad y con guardias que no están certificados.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Samuel Cacho de la Teja, adelantó en entrevista con Animal Político algunos de los detalles que estarán incorporándose al nuevo marco regulatorio y que consideró urgentes debido a las trabas y vacíos legales que existen actualmente en el sector.
“Hoy en día tenemos leyes locales y una ley federal que no son compatibles, con requisitos que en algunos casos se contradicen; hay varios registros de guardias pero ninguno que los agrupe a todos; existen además corporaciones como las policías complementaria que dan servicios de seguridad sin controles. Todo esto tiene que homologarse y en ese sentido va la propuesta”, dijo.
Lo que quedara fuera de la iniciativa será la propuesta lanzada por algunos gobernadores, como el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, de regular los vehículos de los escoltas con placas y logotipos especiales.
Al cierre de 2015 había más de 73 mil guardias de seguridad privada registrados ante la Secretaría de Gobernación, cantidad muy superior en comparación con los apenas 419 que había diez años antes. El número de empresas registradas también creció más de un 530 por ciento.
En dicho padrón no están inscritas las compañías que dan servicio en un solo estado, ni tampoco las que operan fuera de la ley.
Información de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada señalan que en México existen alrededor de 8 mil empresas que dan servicio sin estar reguladas e inscritas oficialmente. Esta cifra represente ocho veces más en comparación con las que están en regla.
Homologación urgente
De acuerdo con la CNS, el próximo 30 de agosto, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Privada se presentará a los gobernadores la propuesta para homologar la regulación de la Seguridad Privada. El planteamiento, consistirá en proponer al Congreso una reforma del artículo 73 fracción 21 de la Constitución para que se pueda emitir una ley nacional de seguridad privada.
El titular de la Comisión Renato Sales adelantó en una reunión con reguladores de seguridad privada el pasado 17 de agosto, que se buscan establecer criterios que “permitan homologar prácticas para planear y conducir las verificaciones y elevar la calidad del servicio”.
Actualmente hay 33 leyes o normas en el país que en teoría sirven para regular la actividad de las empresas de seguridad privada: está la ley federal en la materia, así como las 32 leyes estatales. El problema es que cada una plantea requisitos y mecanismos distintos.
“Hay que hacer dobles y hasta triples registros a la vez. Tenemos que tener el permiso federal si es que damos servicio en dos estados, luego en cada uno de esos estados también hay que registrar a los agentes. Eso incrementa los costos pero más grave que eso es que no son requisitos compatibles”, dijo Cacho de la Teja.
Por ejemplo, detalló, existen diferencias en las normas de los estados entre el tamaño y colocación de distintivos que deben llevar vehículos de traslado de valores o de seguridad de una instalación. Otro muestra es que hay entidades como Nuevo León que piden obligatoriamente una determinada capacitación para los agentes que en otros estados no se exige.
En ese contexto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada dijo que la importancia de la promulgación de una ley nacional es que homologará todos estos requisitos, es decir, que se pidan las mismas obligaciones en Yucatán, en Baja California o a nivel federal para que una empresa y sus elementos operen dentro del marco legal.
“El comisionado Renato Sales ya expresó que está consciente de esta doble tributación y requisitos duplicados que es uno de los problemas del sector, que incluso impiden que algunas empresas opten por regularizarse, y la ley corregirá esta situación”, indicó
Padrón único… y confiable de escoltas
De forma paralela a la Ley Nacional, el gobierno propondrá en el Consejo Nacional de Seguridad la formalización de un Registro Único en Materia de Seguridad Privada que sustituya al que actualmente tiene la Secretaría de Gobernación así como las entidades.
El referido registro, informó la Comisión Nacional de Seguridad, estará compuesto por lo menos de tres rubros: El de las empresas que operan legalmente; el personal que integra a cada una de ellas y el equipo (vehículos y armamento) con el que cuentan.
“De inicio se trata de que los estados pasen la información de los registros con los que cuentan a la federación y al revés para que entonces la autoridad tenga realmente un catálogo y un control sobre la gente”, explicó Cacho de la Teja.
Con lo anterior se facilitaría por ejemplo, que si un escolta o guardia privado comete un delito en Hidalgo y luego se va a Zacatecas a intentar enrolarse haya manera de identificarlo. Esto, subrayó el presidente del Consejo, solo es posible con una única base de datos que todos compartan.
En la reunión con los regulares de Seguridad Privada del pasado 17 de agosto, Renato Sales dijo que es necesario que “como autoridad tengamos mayor información y un mejor control sobre las actividades y los elementos que integran la comunidad de seguridad privada en el país”.
Credenciales sí, placas no
El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, propondrá también a los gobernadores y empresas de seguridad privada una estrategia nacional para la definición de estándares mínimos de certificación y acreditación de los agentes de seguridad.
Para este efecto, la propuesta hecha al gobierno por el Consejo Nacional de Seguridad Privada es como un primer paso la credencialización de todos los guardias custodios y escoltas que estén registrados y regularizados.
Samuel Cacho de la Teja dijo que en recientes escándalos públicos de agresiones de supuestos escoltas a personas, se asegura de forma genérica que se trata de elementos de seguridad privada pero en realidad no se sabe si esto es así, y eso se debe a que no hay un mecanismo oficial de identificación de esos personajes.
“Con un proceso de credencialización que sea serio esto podría resolverse. Se tratará de una credencial única que acredita a la persona como un elemento capaz de desempeñar esa función con independencia de la empresa en la que esté. De esta forma, si por alguna causa un elemento incurre en una ilegalidad se puede anular su credencial y además que ya no sea contratado en otro sitio. Habrá mucho mayor control”.
Como parte de la certificación el gobierno también planteará el tema de la batería de pruebas de control de confianza que incluye polígrafo, examen toxicológico, de conocimientos, físico y entorno social.
Cacho de la Teja dijo que las empresas del sector están de acuerdo, aunque se “cabildea” con el gobierno la posibilidad de que no tengan que cubrir el costo de las mismas pues dijo que debido a la movilidad que hay del personal, esto sería imposible de pagar para las compañías.
Lo que si quedará fuera del marco regulatorio y la estrategia federal, al menos por ahora, es el planteamiento que hizo el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera para que los vehículos que utilicen escoltas tengan “placas especiales” o alguna otra identificación, luego de casos de agresiones como el del llamado #LordFerrari
“En este punto definitivamente no hay consenso y no estamos de acuerdo porque no es práctico. Los coches normalmente no son nuestros sino de nuestros clientes, de los usuarios, entonces sería muy complicado que esto se llevara a cabo. Además en algunos casos el servicio debe de ser totalmente discreto y esto iría en contra de ello”, expresó.
En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada dijo las empresas realmente incluso optan por seguridad escoltas desarmados a los clientes, pues se trata de un trabajo mucho más de inteligencia.
“A estas personas que hemos visto agrediendo conductores en la vía pública, ese no es el perfil de los escoltas de las empresa serias. Ahí estamos hablando de gente de compañías patito o de las policías complementarias como la del estado de México que operan fuera de controles legales que nosotros respetamos”, sostuvo.
