A seis años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, los familiares de las víctimas continúan sin respuestas, sin acceder a la justicia, y sin obtener una reparación integral del daño.
[contextly_sidebar id=”a72pJ591j5aPY8lJAUfoOErDkcy3vu8q”]Además, a casi cuatro años de que las organizaciones Artículo 19 y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático interpusieran varios amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que exigirle a la PGR que abra el expediente del caso, los ministros aún no se han pronunciado al respecto.
Preguntas clave como quién ordenó el secuestro de los 72 migrantes; quiénes son los policías involucrados en los hechos; qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de la masacre; o cómo fue posible que se enviaran cuerpos equivocados a las familias o féretros con arena, siguen sin respuesta.
En 2013 un juez federal ordenó que se elaborara una versión pública de las averiguaciones de tres masacres: la de San Fernando en 2010; el hallazgo en 2011 de 47 fosas clandestinas en San Fernando con 168 cadáveres; y la de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, donde fueron hallados 49 torsos humanos.
El juez consideró que estos tres casos constituyen graves violaciones a derechos humanos, por lo que ordenó que se abrieran las investigaciones. Sin embargo, la PGR y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) apelaron y llevaron el proceso ante la SCJN; en septiembre de 2014 el INAI se desistió de esta apelación, no así la Procuraduría.
En noviembre de 2015, el proyecto de resolución de amparo solicitado a la SCJN por la Fundación para la Justicia fue elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, pero éste pasó a la ministra Norma Lucía Piña tras la salida de Cordero de la Corte tras 20 años de servicio.
La Fundación explicó a Animal Político que, casi tres años después de interponer el amparo con número de expediente 661/2014, el proyecto de la ministra Cordero está siendo reelaborado de nuevo, por lo que aún no hay ninguna resolución de la Corte sobre si ordena a la PGR que abra la investigación y haga una versión pública del mismo, como sucedió con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Habría que preguntar a la procuradora (Arely Gómez) por qué unos expedientes sí los abre, como el de Ayotzinapa, y otros como los de San Fernando no”, planteó Ana Lorena Delgadillo, presidenta de la Fundación para la Justicia.
San Fernando acumula aniversarios sin verdad: AI
En la misma situación, detenido, se encuentra el amparo 453/2015 que presentó la organización Artículo 19, el cual fue turnado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena al pleno, donde aún no se discute.
La SCJN, a través de su departamento de comunicación social, confirmó a Animal Político que los dos amparos continúan en revisión y sin fecha todavía para que se resuelvan.
“Artículo 19 lleva litigando cuatro años para que se hagan públicos los expedientes de San Fernando, y todavía no tenemos ninguna decisión de la Suprema Corte”, apuntó en entrevista David Mora, integrante del programa de acceso a la información de la organización, quien lamentó que a seis años “todavía no conocemos lo que pasó en la matanza de los 72 migrantes”.
“Esta masacre ejemplifica cómo opera el sistema de justicia en México –añadió-, donde existen capturas que se hacen públicas cuando hay un interés político detrás, pero los juicios que les siguen son completamente secretos. Y debería ser al revés: las investigaciones deberían buscar ser privadas al público, pero los juicios sí abiertos a la sociedad”.
Perseo Quiroz, director de la oficina de Amnistía Internacional (AI) México, lamentó por su parte que la masacre “siga acumulando aniversarios” y las familias de las víctimas aún no hayan podido acceder a las investigaciones.
“Todavía estamos muy lejos de la verdad, de la justicia y de la reparación del daño. Seguimos prácticamente en la misma situación que al principio”, resumió en entrevista Quiroz.
“Si PGR tuviera voluntad de respetar los derechos de las víctimas, ya les habría entregado los expedientes”
En cuanto a la resolución que la SCJN anunció en marzo pasado, cuando ordenó a la PGR a abrir la averiguación previa por el hallazgo de otras 47 fosas clandestinas en San Fernando con 193 cuerpos, encontradas en abril de 2011,
para entregar copias a dos mujeres de El Salvador quienes perdieron a su hijo y a un hermano a manos de Los Zetas, ésta también continúa paralizada.
Aunque esta decisión fue considerada por las organizaciones defensoras de derechos humanos como “histórica”, puesto que podría abrir la puerta a cientos de familias de migrantes que han sido víctimas en México a que accedan a los expedientes de las investigaciones y así poder acceder a la justicia, cinco meses después los ministros de la SCJN aún no terminan de hacer las “modificaciones” acordadas al proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
“La sentencia ya está, pero falta que se hagan las modificaciones al proyecto, por eso no se ha notificado aún a la PGR la orden de abrir los expedientes”, explicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho quien señala que la Fiscalía del Estado ya podría haber entregado los expedientes a las dos ciudadanas salvadoreñas.
“La Procuraduría ya conoce el proyecto de la Suprema Corte y el otorgamiento de amparo. Por lo que, si realmente tuvieran la voluntad de respetar los derechos de las víctimas, ya les podrían haber dado las copias de los expedientes”, opinó Delgadillo.
Precisamente en marzo pasado, cuando la SCJN discutía el proyecto del ministro Rebolledo sobre si otorgaba el amparo a las dos ciudadanas salvadoreñas, un grupo de familiares de víctimas de San Fernando viajaron a México para cuestionar a la titular de la PGR, Arely Gómez, sobre los avances en la investigación del caso de los 72; la reunión fue “decepcionante”.
“En la PGR, el agente del Ministerio Público nos dio un reporte de no más de ocho minutos, informando lo mínimo. Incluso, hay familiares que aseguran que saben mucho más de lo que la autoridad mexicana les presentó”, dijo el 2 de marzo Fray Tomás, director del albergue de migrantes ‘La 72’ de Tenosique, Tabasco.
Ahora, varios meses después de aquel encuentro –al que no asistieron la procuradora ni el subsecretario de derechos humanos, Roberto Campa-, Fray Tomás denuncia que las víctimas y sus familiares continúan en el abandono.
“Ni la PGR, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ni nadie los ha apoyado. Cuando vinieron los familiares se les recibió y se les prometieron muchas cosas, debido a la presión de los medios. Pero más allá de que se les pagó algunas visitas médicas, no se ha hecho nada más. No se les ha brindado una atención integral”, denuncia el activista, quien concluye asegurando que “llevamos seis años de impunidad, de corrupción, y de un gobierno que le apuesta a que se olvide lo que sucedió en San Fernando”.
