El 10 de abril de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo pública una lista de 22 policías capitalinos, quienes mintieron ante el Ministerio Público, para incriminar a 99 personas que habían sido detenidas durante un operativo en el centro de la ciudad  el 1 de diciembre de 2012 y que, días después, fueron liberadas al comprobarse su total inocencia.

Estos arrestos fueron realizados  en el marco de las manifestaciones por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto y tres meses después, en abril, la CDHDF había acumulado evidencias suficientes para probar que ninguno de los detenidos estaba realizando los supuestos delitos que les imputaron, al momento de ser detenidos.

Al presentar a los detenidos ante el Ministerio Público, todos estos policías rindieron declaración en torno a la hora, el lugar, el modo y las causas que provocaron las detenciones, sin embargo, con base en los videos de seguridad de las mismas autoridades capitalinas, la CDHDF pudo comprobar que toda la información proporcionada por estos policías era falsa.

Por estas mismas razones, en abril de 2013, la CDHDF reclamó al gobierno de la Ciudad de México, ya con Miguel Ángel Mancera a la cabeza, no sólo que pidiera una disculpa pública a las víctimas, acompañada de una indemnización por los abusos cometidos, sino también que se iniciara una investigación, administrativa y penal, en contra de estos 22 policías que, según la Comisión de Derechos Humanos capitalina, presentaron “denuncias oficiales (que) fueron fabricadas con el claro ánimo de criminalizar a las y los agraviados”.

En respuesta, el gobierno capitalino emitió un boletín de prensa, en el cual se comprometió “a instrumentar los procedimientos administrativos y legales que permitan que los hechos sean efectivamente investigados, y los servidores públicos responsables sean sancionados de acuerdo a las reglas del debido proceso”.

Impunidad

Además, la SSP informó que “a la fecha no se encuentra registro de haberse iniciado procedimiento administrativo disciplinario” en contra de los otros siete policías preventivos involucrados.

A pesar de ello, la Comisión de Derechos Humanos capitalina informó que, según sus registros, sí hubo un castigo contra estos policías por estos hechos: diez de ellos fueron sancionados con 24 horas de arresto, mientras los tres restantes abandonaron la institución de forma previa, por lo que los expedientes en su contra fueron desechados.

Esas 24 horas de arresto distan mucho de los siete años de cárcel que el Código Penal del DF establece para el delito de “falsedad ante autoridades”, y que aumenta a diez años de pena cuando el falso testimonio es usado para incriminar a una persona inocente de un delito grave, tal como era considerado el de “ataques a la paz pública”, que estos policías imputaron a los detenidos.

Los otros agentes señalados por la CDHDF por inventar cargos a personas inocentes son ocho elementos de la Policía de Investigación, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Consultada al respecto, la PGJ informó que desde 2013 se inició una averiguación previa en torno a las presuntas irregularidades cometidas por policías capitalinos durante el operativo del 1 de diciembre de 2012 –que no sólo incluyen falsedad ante autoridad para incriminar a inocentes, sino también detenciones arbitrarias, lesiones y tortura–. Sin embargo, a más de tres que esta carpeta fue abierta, ésta sigue en integración, es decir, no se ha determinado aún si existe algún elemento para presentar una denuncia formal.

Estos ocho agentes también fueron presentados ante el Consejo de Honor y Justicia de la institución, el cual, igualmente, no ha tomado ninguna determinación al respecto.

De estos ocho agentes de la Policía de Investigación que fabricaron pruebas contra inocentes, cinco ya contaban con antecedentes de irregularidades, e incluso antecedentes delictivos, desde antes del operativo del 1 de diciembre de 2012, a pesar de lo cual, permanecen en la institución hasta la fecha.

Según la información proporcionada por la misma PGJDF, a Justino Jerez Vargas, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación, por ejemplo, se le comprobó su participación en el delito de extorsión en el año 2005. Su castigo: 30 días de suspensión, y luego volvió a su cargo.

Tres años después, este mismo mando de la Policía de Investigación presentó “licencias médicas apócrifas”, es decir, falsificó incapacidades médicas. Su castigo: otros 30 días de suspensión.

Otro ejemplo es el del agente Enrique Orozco Pérez, que en 2002 abordó su patrulla en estado de ebriedad, la chocó y después huyó del lugar, abandonando el vehículo. Su castigo: 30 días de suspensión.

Otros dos agentes han sido suspendidos por perder su arma de cargo y su placa de policía, y uno más por incurrir en “irregularidades en el cumplimiento de una orden de arresto”.

A continuación, te presentamos la lista de los 22 policías que “fabricaron” denuncias contra personas inocentes, identificados por la CDHDF: