Para Iraís Ortega Zúñiga, secretaria técnica de la Comisión Estatal de Morelos para la Prevención de la Violencia de Género, los feminicidios ocurridos en ese estado son una cuestión “cultural”.
[contextly_sidebar id=”eQT0uONZbLjR6ABttKqJuPdPajZcYdL7″]Tras la denuncia de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos sobre el aumento de feminicidios en la entidad, pese a la activación de la alerta de género en agosto de 2015, la encargada de prevenir la violencia contra las mujeres en la entidad no sólo dijo que los feminicidios se cometen por cuestiones culturales, sino que agregó que la disminución de ese tipo de delitos ocurrirá al reeducar a mujeres y hombres.
“La violencia contra las mujeres es un aspecto sociológico, cultural que reeducando a las nuevas generaciones, reeducando a las mujeres a los hombres vamos a ver una reducción a la violencia feminicida”, sostuvo.
Entrevistada por Animal Político, la funcionaria informó que de las 59 muertes contra mujeres ocurridas por diversas causas –excepto muerte natural–que tiene registrada la Fiscalía de Morelos en 2016, se han iniciado investigaciones con el protocolo de feminicidios, pero hasta el momento no han determinado cuántos de estos casos se cometieron por esa causa. Por lo tanto expresó, no se puede comparar la incidencia entre un año y otro.
La Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género en Morelos, que encabeza Ortega Zuñiga, fue instalada el 14 de agosto de 2015 para establecer una estrategia coordinada de acciones interinstitucionales que atienda la alerta de violencia de género. Intervienen 13 instancias gubernamentales, encabezadas por la Secretaría de Gobierno.
Diferencia de cifras
En 2012 hubo 92 feminicidios en Morelos, el mayor número registrados en una década. Ante la alarma organizaciones sociales exigieron que la Secretaría de Gobernación emitiera una alerta de violencia de género para que la entidad implementara estrategias para detener los asesinatos de mujeres. El mecanismo se activó el 10 de agosto de 2015 en ocho municipios (Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Cuautla, Yautepec y Puente de Ixtla).
Al cumplirse un año de su implementación, a través de una revisión hemerográfica, la CIDH de Morelos tiene detectados 86 feminicidios, de los cuales, 59 sucedieron en lo que va de 2016.
La alarma en Morelos continúa porque los cuerpos de las mujeres han sido encontrados con huellas de tortura, decapitadas, ultrajadas y en algunos casos, violentadas aún después de la muerte. Eso, según la Ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, se trata de “violencia feminicida”.
Pese a que la Ley establece que la alerta de género incluye la obligación de hacer “reportes especiales sobre la zona y los indicadores de la violencia contra las mujeres”, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha publicado las estadísticas de feminicidio ni las ha entregado a las organizaciones sociales que se la han solicitado.
Por tanto, la CIDH ha documentado el número de feminicidios desde 2000 con base a reportes periodísticos. Una vez que la Fiscalía entrega sus datos, las comparan y comprueban que casi son los mismos números, aunque algunos casos, la autoridad judicial los clasifica sólo como homicidios.
Entre enero de 2000 y junio de 2013, la Fiscalía tenía 269 casos registrados como feminicidios, en tanto, la CIDH contabilizó 530 por tratarse de “asesinatos crueles”.
Animal Político solicitó una entrevista con la Fiscalía de Morelos. Quien atendió la solicitud fue la coordinadora de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género, Iraís Ortega.
En la entrevista la funcionaria dijo que la fiscalía ha contabilizado 269 casos entre 2000 y 2013 que fueron tipificados como feminicidios, según el Código penal de la entidad, por haber incluido agresiones a las mujeres previas al asesinato por parte de conocidos, su entorno social y la crueldad del homicidio.
La diferencia de cifras con la CIDH, dijo, es que la Comisión Independiente contabiliza todas las menciones de un mismo caso que se publican en diferentes medios de comunicación.
A la funcionaria se le solicitó las cifras de feminicidios ocurridos en Morelos entre 2014 y 2015, pero estas no fueron entregadas.
Paloma Estrada, coordinadora de la investigación por parte de la CIDH, comentó que con la documentación que han hecho en materia feminicidios han podido comprobar un alza de los casos, evidenciando además que la Fiscalía ha incumplido con su obligación de establecer mecanismos de investigación y atención a las víctimas para prevenir los feminicidios.
Por tanto, esta Comisión solicitó un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que revise el caso de Morelos y la inacción gubernamental pese a la alerta.
Estrada comentó que es urgente incluir en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia un mecanismo de sanciones para los gobiernos que incumplan con la alerta, como es el caso de Morelos.
De acuerdo con la legislación, las obligaciones de un estado donde se activa la alerta consisten en:
– Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé seguimiento.
– Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.
– Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.
– Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres.
– Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Para Norma Popoca, diputada y presidenta de la Comisión de igualdad de género del Congreso de Morelos, los feminicidios ocurridos en los últimos 12 meses confirman que ha sido “insuficiente e inoperante la declaratoria de alerta”. Significa una “ineficiencia” de las medidas de emergencia.
Recordó que en febrero pasado el gobierno del estado prometió la instalación de mesas de trabajo entre las víctimas, sus representantes y autoridades para el análisis de los casos. Esto con la intención de homologar los datos sobre feminicidios, pero por la falta de información de la Fiscalía no se ha podido hacer.
No sólo eso. Muestra del aparente desinterés gubernamental para informar y atacar el problema, es la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delito en Morelos, inaugurada el 18 de noviembre de 2015; desde su instalación la dependencia y el gobierno estatal no han informado sobre el presupuesto asignado a este instancia y no se ha trasparentado el perfil de su personal. Sobre la “reparación Integral” a las víctimas, sólo ha ocurrido con un caso sucedido en 2010.
Entre las acciones que la Comisión Estatal de Seguridad Pública ha implementado para prevenir la violencia contra las mujeres, se encuentran la instalación de alumbrado público y cámaras de vigilancia; sin embargo, no hay evidencia de que las videograbaciones de los lugares públicos donde han sido encontrados los cuerpos de mujeres asesinadas, hayan aportado información relevante en las investigaciones, dice el informe de la CIDH.
La Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género, informó por su parte que el gobierno de Morelos ha destinado más de 65 millones 813 mil pesos para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres; el Semáforo de Violencia contra las Mujeres; la puesta en marcha de la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas del Delito y la Fiscalía especializada.
Además, dicen, se creó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y se acordó la adhesión al protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para juzgar con perspectiva de género.
Aun con esas acciones los asesinatos contra mujeres en Morelos se siguen presentando, en tanto sus autoridades sostienen que las agresiones son una cuestión cultural y que para detenerlas se requiere reeducar a hombres, mujeres y niños.
