Entre noviembre de 2014 y julio de 2016 se iniciaron más de tres mil 800 juicios a nivel federal bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio; sin embargo, dos de cada tres de esos juicios siguen hoy sin resolverse.
[contextly_sidebar id=”KDQRdUJBLkGViGQoTjsIFKr6Kjbes10I”]Aunque uno de los principios del nuevo sistema penal es lograr una justicia pronta y expedita, mediante alternativas como la negociación entre las partes o procesos cortos que permiten cerrar un caso en menos de 48 horas, solamente la tercera parte de los procedimientos iniciados se ha resuelto de esa forma.
La estadística oficial del Consejo de la Judicatura Federal que Animal Político obtuvo a través de una solicitud de información vía transparencia, revela que hay casi 400 casos iniciados hace más de un año que siguen sin solución.
El Poder Judicial de la Federación junto con el gobierno federal comenzaron, en noviembre de 2014, la implementación del nuevo sistema penal acusatorio través de una estrategia gradual con estados. Arrancó en Puebla y Durango y el proceso culminó en la Ciudad de México el 18 de junio pasado.
En la 40 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada este martes 30 de agosto, se acordaron medidas para fortalecer la operación del sistema penal sobre todo lo relacionado con la actuación de los policías cuya labor es clave para que un proceso no se complique o desvirtúe desde el inicio de una investigación.
En dicha sesión el presidente Peña Nieto hizo un llamado a las procuradurías del país para que se fortaleciera la difusión de medidas alternativas que permitieran resolver un mayor número de casos,
“Hago un llamado al secretario de Gobernación y a la procuradora General de la República para que se analice el funcionamiento del sistema y se planteen los cambios que resulten necesarios para mejorar su eficacia”, dijo el presidente.
Salidas alternas, la minoría
El Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige a nivel federal y en los estados el nuevo sistema penal acusatorio, tiene como uno de sus principios “la justicia pronta” y para ello plantea dos caminos mediante los cuales se puede resolver un procedimiento penal sin tener que llegar hasta un juicio oral.
Uno de estos caminos son “las soluciones alternas” contempladas en el artículo 183. Esto ocurre cuando las dos partes (víctima y acusado) acuerdan una solución al problema mediante la reparación del daño causado; por ejemplo, a través de un pago económico por algún tipo de robo. Si se logra el acuerdo, el procedimiento se suspende y finalmente se cierra sin necesidad de llegar a una sentencia.
Los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura evidencian que a través de esta ruta se ha conseguido resolver 684 casos, que representan el 17.78 por ciento de todos los procedimientos penales iniciados hasta julio pasado.
La otra ruta que plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver rápidamente un juicio es el “procedimiento abreviado”. Esto ocurre cuando el acusado reconoce su culpabilidad, lo que permite al Ministerio Público solicitar que el juez de control impongan en un lapso de 48 horas la sentencia que corresponda.
Dicho procedimiento otorga ventajas para el acusado que puede ver reducida su pena hasta la mitad si el delito no es grave, o por lo menos en una parte si lo es.
Los datos oficiales arrojan que a través de esta ruta se ha conseguido resolver 695 procesos penales abiertos en los juzgados federales. Solo en siete casos de ese total el juez dictó sentencia absolutoria al considerar que las pruebas no eran concluyentes pese al reconocimiento de culpa.
En suma, a través de estas dos rutas se han resuelto mil 379 procesos iniciados, que equivalen a la tercera parte de todos los casos abiertos.
Pocas sentencias
Hasta el corte de julio pasado, los datos oficiales arrojaban dos mil 468 procesos iniciados en los juzgados federales del país que no se resolvieron mediante una de las opciones alternas.
De ese total solamente 11 casos (equivalentes al 0.28 por ciento del total) ya fueron cerrados luego de que se celebró la audiencia de juicio oral ante un tribunal con tres magistrados y se dictó una sentencia. En 10 casos, el tribunal impuso una sentencia condenatoria en contra de los acusados, y solamente en uno fue sentencia absolutoria.
En los 2 mil 457 casos restantes, los expedientes siguen en curso sin que se haya llegado a ningún tipo de determinación.
De los más de 2 mil procesos pendientes, casi 400 están desde 2014 y 2015. A ellos se suman los abiertos en el primer semestre de este año.
Los anteriores números significan que prácticamente el 64 por ciento de los procesos federales iniciados ente noviembre de 2014 y julio de 2016 siguen abiertos sin una resolución. En ninguno de esos casos, según los datos proporcionados, hay siquiera una fecha de audiencia programa o una solución alterna propuesta.
El sistema penal acusatorio funciona a nivel federal en todo el país aunque su implementación se hizo de manera gradual, siguiendo una estrategia de puesta en marcha por estados, que comenzó en Puebla y Durango en noviembre de 2014 y concluyo con la Ciudad de México en junio de 2016.
Hasta ahora la mayor cantidad de casos se concentran en Guanajuato. Los juzgados federales en esa entidad han iniciado 769 procesos iniciados en el nuevo sistema penal acusatorio, le siguen Puebla con 664 procesos y Chihuahua con 268.
Cambios en puerta
En la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad realizada ayer martes en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que era necesario hacer ajustes que permitan consolidar el funcionamiento del nuevo sistema penal, tanto a nivel federal como en los estados.
En la reunión hizo un llamado a la procuradora General de la República Arely Gómez, así como a las procuradurías del país para que se hagan mayores esfuerzos en impulsar los mecanismos alternos de solución de conflictos que permitan acelerar los procesos penales.
Además, para tratar de fortalecer la solidez de los expedientes en las que se sustentan los procesos, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el diseño de un “Modelo Nacional Homologado de Policía Procesal” que establezca una metodología a seguir para todos los policía en el tratamiento o investigación de los delitos.
“Se debe evitar que por errores en integración o deficiencia en las actuaciones los casos no se sostengan ante un juez”, dijo Peña Nieto.
Lo que no precisó el presidente es si existirá un órgano autónomo que supervise el funcionamiento del sistema penal acusatorio. Animal Político publicó que de acuerdo con expertos que ayudaron en la implementación del sistema penal, este se encuentra operando sin ningún seguimiento autónomo tanto en los estados, como a nivel federal y en las instancias militares.v
