La investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa acumula pendientes claves, que no han permitido avanzar en el caso ocurrido hace dos años.
[contextly_sidebar id=”3AUKScPM2f4BwfYXqggMOENkk7kWS8H4″]Desde un peritaje final pedido por el equipo oficial de expertos; detenciones y consignaciones que no se han finiquitado, sin descartar la posible contaminación de pruebas y la falta de esclarecimiento de la participación que tuvieron policías federales y militares en los hechos.
La Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la indagatoria del caso, hizo un balance del trabajo realizado hasta ahora para esclarecer los hechos.
Reconoció que no tiene una línea de investigación confirmada pues aún faltan elementos e investigaciones.
Además, el diálogo con los padres de las víctimas también se encuentra suspendido desde principios de agosto, según lo informó la Unidad Especializada para el caso iguala que encabeza el fiscal Alfredo Higuera.
Animal Político presenta los pendientes que la propia PGR reconoce como “claves” para el esclarecimiento del caso, investigación que ya acumula más de 120 tomos con 110 mil páginas, pero que no arroja conclusiones hasta el momento.
Prueba final postergada
En abril pasado un grupo de expertos en fuego, contratados por la PGR, dijo que para esclarecer si en el basurero de Cocula pudieron ser quemados 43 cuerpos, como sostuvo la llamada “verdad histórica”, se necesitaba hacer un experimento científico que recreara las condiciones de la noche del 26 de septiembre de 2014, dado que los antecedentes teóricos son insuficientes.
Hasta ahora esa prueba no se ha realizado y no tiene una fecha para implementarla.
En su balance del caso, y en posteriores entrevistas, el fiscal Alfredo Higuera habló de la necesidad de realizar el “nuevo peritaje”. Este estudio es el que pidieron los científicos desde hace cinco meses.
La PGR reunió y contrató al grupo de expertos en fuego luego de que especialistas independientes descartaron que en el basurero pudieran quemarse 43 cuerpos como sostuvo la PGR, en la línea de investigación que el exprocurador Jesús Murillo Karam denominó la “verdad histórica”.
El 1 de abril la PGR ofreció una conferencia para anunciar que los expertos concluyeron que sí hubo un gran incendio en Cocula, pero el documento de resultados de ese primer estudio (publicado por Animal Político) revela que no pudieron confirmar ni la fecha de esos incendios ni si era posible que en el mismo fueran incinerados 43 cuerpos, por lo que es necesario un nuevo estudio.
La manipulación de la escena
La PGR confirmó que continúa abierta una averiguación previa en la Visitaduría General por posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal en los primeros meses de la investigación de la desaparición de los normalistas, sin que hasta el momento existan conclusiones respecto a la misma.
Autoridades federales informaron a Animal Político que esa indagatoria involucra al exjefe de la AIC, Tomas Zerón, y a por lo menos cinco servidores públicos más.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que colabora en el caso, denunció en su momento que el resguardo del basurero de Cocula no fue el adecuado como exige una escena del crimen. Detectó la siembra de posibles pruebas en el sitio y la participación de supuestos peritos no autorizados.
El propio grupo de expertos en fuego contratado por PGR confirmó en sus conclusiones la posibilidad de que el basurero fuera una escena del crimen contaminada.
Los videos perdidos
El Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció públicamente que videos clave de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala que, registraron una parte del ataque, estaban perdidos.
El GIEI alertó que eran videos vitales para esclarecer la posible participación de otras fuerzas de seguridad en la agresión además de la de iguala.
La PGR dijo en un primer momento que dichas imágenes pudieron ser borradas pues no hubo resguardo judicial de ellas. No obstante, a Unidad especial de investigación del caso reveló que personal del FBI ya colabora en la verificación del material de video relacionado con la noche del ataque. Esto para determinar si se puede recuperar los videos.
Hasta ahora no hay conclusiones.
¿Complicidad federal?
En su balance del caso la PGR confirmó que continúa investigación la participación de fuerzas federales y militares en el caso de los normalistas.
En el caso de la intervención de la Policía Federal la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que de acuerdo con un testigo, policías federales retuvieron a un grupo de estudiantes los cuales fueron entregados a policías municipales de Huitzuco que se trasladaron a Iguala la noche del ataque.
La PGR ya confirmó a través del seguimiento de teléfonos celulares que agentes de Huitzuco sí se trasladaron a Iguala la noche del ataque (lo que negaban en sus declaraciones ministeriales). La colaboración entre estos y policías federales es una arista que los fiscales siguen verificando.
Respecto a la posible responsabilidad del 27 Batallón de Iguala en los incidentes no hay avances. Expertos independientes y familiares han insistido en que debe verificarse la actuación de los militares. La PGR dijo que no se ha inspeccionado ministerialmente el cuartel del batallón porque no hay elementos que justifiquen esta revisión.
Líder impune, cero sentencias
Más de 120 personas han sido detenidas durante la investigación tras la desaparición de los normalistas, pero de ellos solo 70 están acusados ante un juez de haber participado en estos hechos.
Sidronio Casarrubias, presunto líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” al que se responsabiliza oficialmente de ser el autor de la desaparición de los normalistas, se encuentra entre los detenidos pero no ha sido consignado por el caso. La PGR informó que aún no reúne los elementos de prueba para hacerlo.
Casarrubias ya logró desestimar a través del amparo una de las acusaciones por crimen organizado que pesaba en su contra luego de que los jueces. Sigue preso por un segundo caso de delincuencia organizada y por posesión de armas.
A esto se suma que otros detenidos clave, como los presuntos sicarios de Guerreros Unidos en cuyas declaraciones se sostiene la versión de que los normalistas, han denunciado que fueron torturados.
Hasta ahora no se ha dictado ni una sentencia por el caso de los normalistas desaparecidos.
Localización de las víctimas
La principal demanda de las víctimas, la localización de los normalistas, no se ha concretado a dos años de distancia.
Aunque la PGR estableció inicialmente que todos ellos fueron quemados en el basurero de Cocula no hay estudios concluyentes que certifiquen al menos que esto fuera posible. Pruebas avanzadas de ADN en la Universidad de Innsbruck han permitido identificar solamente a dos de las víctimas cuyos restos fueron encontrados en Cocula.
En su balance del caso la PGR reveló que en los próximos días se recibirán resultados de los exámenes practicados en Innsbruck a las últimas pruebas.
La semana pasada la Procuraduría anunció la identificación con fotografías en 3D de 40 puntos nuevos en Iguala y Cocula en donde podrían encontrarse fosas clandestinas. Para confirmarlo es necesario una búsqueda en tierra que aún no inicia.
