La Procuraduría General de la República (PGR) investiga el operativo de desalojo realizado en Nochixtlán, Oaxaca –que derivó en un enfrentamiento entre policías y pobladores donde murieron ocho personas en junio pasado–, pero a cuatro meses no ha llamado a declarar a víctimas ni testigos, ni ha realizado peritajes en el lugar.
[contextly_sidebar id=”R8fU9H1bbsOYcK400NEJdLgUQleEu6wt”]El segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD), Enrique Guadarrama, confirmó que la carpeta de investigación que la PGR le entregó en septiembre pasado carece de testimonios de los pobladores que presenciaron el operativo.
Lo anterior, s pesar de que existía un acuerdo entre la PGR, la CNDH y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que las víctimas fueran acompañadas por los defensores a rendir sus testimonios.
“Hasta ahora no hemos sido enterados de que se lleven a cabo esas diligencias” con la PGR, aseguró Guadarrama.
En tanto que los familiares de las ocho personas que murieron en el enfrentamiento no han sido citados por la PGR para rendir su declaración. “Nosotros sí queremos declarar, pero nadie nos ha llamado”, reconocieron en entrevista.
Además, la PGR no ha rendido ningún avance para explicar qué ocurrió el 19 de junio pasado en el poblado de Nochixtlán. Tampoco existe ningún detenido por los enfrentamientos que resultaron en 100 personas heridas y ocho fallecidos.
Nueve días después del operativo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la Procuraduría estatal realizaba peritajes para determinar el calibre de las armas que hirieron a policías, porque “tenemos que saber exactamente lo que sucedió y tenemos que ver quién usó las armas, por qué y de quiénes fueron las órdenes”.
A cuatro meses no se sabe nada.
El resultado de las autopsias realizadas a los cuerpos y los peritajes a las armas se encuentran en la carpeta de investigación, confirmó el visitador de la CNDH, pero la PGR no ha ofrecido ninguna conclusión con base en esos datos.
La PGR atrajo la investigación que había iniciado la procuraduría estatal un mes después de los hechos, es decir, en julio pasado. En agosto, el subprocurador de Control Regional y Procesos Penales y Amparo de la PRG, Gilberto Higuera Bernal, informó en agosto algunos avances durante un encuentro con la comisión del Senado. Después de eso no ha habido ningún otro anuncio.
Ahí informó que los peritos de la Procuraduría no habían acudido a la zona, pero hasta este 26 de octubre, la situación sigue igual. El 27 de septiembre hubo un intento, pero los pobladores impidieron los peritajes porque –según la vocera del comité de víctimas, Juana Ramón– los peritos sólo pretendían revisar las zonas donde se encontraban los pobladores durante el enfrentamiento y no revisar la actuación de los policías y ni siquiera llevaban equipo.
Durante una comparecencia en el Senado el pasado 10 de octubre, la exprocuradora Arely Gómez enumeró las acciones que la PGR había realizado hasta entonces. Dijo que el expediente incluía 469 entrevistas a mandos policiales y servidores públicos de Oaxaca y de la federación que acordaron y realizaron el operativo.
Además, 229 dictámenes periciales en medicina forense, balística, fotografía, audio, video, criminalística, incendios y explosivos, informática, valuación, telecomunicaciones, ingeniería y arquitectura.
Aunque dijo que la PGR había hecho 32 entrevistas a “testigos civiles”, según confirmó el Comité de víctimas de Nochixtlán, ninguno de los integrantes ha sido llamado a declarar.
Animal Político consultó a la PGR sobre la ausencia de peritajes y declaraciones de víctimas y testigos claves, pero no obtuvo respuesta.
Otra comisión legislativa
El 4 de octubre pasado, ocho diputados, encabezados por el perredista Omar Ortega, instalaron la segunda comisión de seguimiento a lo ocurrido en Nochixtlán. Aunque estaba previsto un calendario de encuentro, la destitución de Arely Gómez en la PGR modificó el programa de trabajo.
Supuestamente, el subprocurador Higuera acudiría con los diputados el 3 de noviembre para informar los avances de la investigación, pero la reunión ya fue cancelada. De hecho aún no se sabe si el funcionario continuará en su puesto, pero el cambio de personal impactaría en el avance de esta y otras investigaciones.
La comisión de diputados, a diferencia de la de senadores, trabajará hasta el término de la legislatura, en 2018, y la presidencia será rotada entre sus integrantes cada ocho meses.
La comisión de senadores y diputados que trabajó durante agosto pasado, recibió información de la PGR, Gobernación, CNDH, la defensoría de Oaxaca, las policías estatal, Federal y Gendarmería, pero fue insuficiente para determinar la hora en que comenzaron los disparos y quiénes los perpetraron, o la existencia de grupos ajenos a los pobladores y manifestantes.
De acuerdo con el diputado Ortega, la primera etapa de trabajo de la comisión consistirá en recabar información para “no perder el tiempo y llegar al esclarecimiento de lo que pasó”. Sin embargo, la PGR no ha entregado ninguna información hasta el momento.
Ortega aseguró que esta comisión sí tendrá más elementos para llegar a conclusiones, porque a cuatro meses, “la única claridad es que hay ocho muertos” y “es inaceptable que no haya ni un sólo detenido”.
