[contextly_sidebar id=”Lsn1PwU2YXcixDAObJ7SivuvxJqQxztg”]A pesar de haber violado la ley electoral en reiteradas ocasiones, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantendrá su registro como partido político nacional.
Así lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF), tras considerar que las irregularidades en las que incurrió el Partido Verde fueron sancionadas oportunamente y calificadas como de gravedad ordinaria y no especial ni sistemática.
El Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que integre un registro sistematizado de las sanciones acumuladas por el Partido Verde, como medida preventiva que sirva como elemento de análisis contextual en caso de que se le imputen nuevamente conductas similares en los próximos procesos electorales federales.
La decisión del Tribunal ocurre luego de que el 15 de agosto de 2015, el Consejo General del INE consideró, por siete votos a favor, que “no ha lugar” a la cancelación y/o pérdida del registro del Partido Verde por presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso electoral federal del 7 de junio de ese año.
Lo anterior, ante la demanda que presentó un grupo de activistas encabezados por Sergio Aguayo, —respaldado por 160 mil firmas ciudadanas—, para retirar el registro a ese partido político por violación recurrente y sistemática a la norma electoral.
En sesión pública, realizada este miércoles 5 de octubre, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que sería excesivo cancelar el registro al PVEM, pues para actualizar ese supuesto, sería necesario que el partido hubiese socavado más de un principio constitucional o actuado de manera violenta para impedir la participación del electorado.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa recordó que conforme a la ley electoral, la pérdida del registro se obtiene por no obtener el umbral de votación establecido por la ley de tres por ciento y por faltas graves y sistemáticas.
Señaló que las violaciones en que incurrió el Partido Verde fueron investigadas, sancionadas y se tomaron todas las medidas para que el proceso electoral que en ese momento se desarrollaba siguiera su cauce, por lo que la pérdida de registro sería una decisión “desmedida y desproporcionada”.
