El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables del gobierno de Javier Duarte, tras confirmar la inexistencia y operaciones de al menos 31 empresas que facturaron al menos mil millones de pesos en múltiples contratos de la administración estatal.
[contextly_sidebar id=”6reXkw9DtHVLG4aYY4pFh7DJVNQztUWv”]Los funcionarios involucrados podrían alcanzar hasta seis años de cárcel solo por la facturación de operaciones simuladas en Veracruz; se calcula que el daño patrimonial supera los 967.7 millones de pesos. Además continúan abiertas auditorías independientes a seis funcionarios involucrados y que presentan irregularidades relevantes.
Se trata de la primera denuncia penal que presentará el SAT directamente contra los funcionarios de Duarte por el caso de las empresas fantasma. Las 32 anteriores fueron contra las compañías no localizadas.
El SAT entregó a Animal Político las respuestas a un cuestionario enviado para dar seguimiento a las investigaciones del caso, luego de que por ley se concedió un plazo a las compañías no localizadas en sus domicilios fiscales para comprobar su existencia y operaciones.
El resultado: de 34 contribuyentes investigados, se tiene como no localizados a 31 empresas contratadas por el gobierno veracruzano.
Conforme a lo marcado en el Código Fiscal de la Federación (CFF) se procederá a anular fiscalmente todas las operaciones facturadas, que en este caso incluían pagos por supuestas compras de materiales para viviendas endebles, materiales didácticos, despensas, entre otros. Quedará sin efecto la utilización de esos recursos reportada por el gobierno estatal.
En su respuesta oficial, el SAT informó que adicional a las repercusiones fiscales mencionadas, se formularán denuncias de hechos contra quien resulte responsable de las dependencias de gobierno estatal ante la autoridad ministerial por la actualización del tipo penal previsto en el artículo 113 fracción III del CFF, referente a la expedición y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Según el artículo mencionado, se castiga con tres meses a seis años de prisión “al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Por ahora, según lo reportado por las autoridades fiscales, el monto de operaciones anuladas a las empresas no localizadas es de 945 millones de pesos pagados por el gobierno estatal; en los registros del SAT las compañías habían declarado en cero.
Sumado a lo anterior, el SAT reveló que una vez concluya el procedimiento fiscal notificará a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz sobre las irregularidades en que incurrieron dependencias del gobierno de Veracruz por la emisión de facturas que amparan operaciones no existentes.
Esto con el objetivo de que esas instancias realicen sus propias investigaciones respecto al uso y destino del dinero.
De forma paralela continúan las investigaciones abiertas por la PGR contra las empresas involucradas en esta situación, luego de 32 denuncias iniciales interpuestas por el SAT; el pasado viernes se dio a conocer que ya se giró una orden de aprehensión en esta línea, y que hay casos ya consignados ante jueces federales.0
Las acciones del SAT arrancaron luego de que Animal Político publicara el pasado 24 de mayo, que el gobierno de Veracruz otorgó casi sin competencia 645 millones de pesos a empresas que no existían en sus domicilios, y cuyos socios son en realidad personas de bajos recursos, no empresarios.
A continuación se publican íntegras las respuestas entregadas por el SAT respecto a los cuestionamientos planteados sobre la indagatoria:
