En un gran golpe para el gobierno británico, el Tribunal Supremo del país determinó este jueves 3 de noviembre que la primera ministra no puede activar la salida del país de la Unión Europea sin recibir primero la aprobación del Parlamento.
[contextly_sidebar id=”zHjWdeNjTfmKG2yLVUPvlDmBHvoKFWyX”]El Gobierno británico dijo en un comunicado estar “decepcionado” por la decisión y anunció que apelaría el fallo.
Los británicos votaron a favor de abandonar la UE “en un referendo aprobado por Ley del Parlamento. Y el Gobierno está decidido a respetar el resultado del referendo”, afirmó el comunicado.
Varios demandantes desafiaron ante el tribunal los planes de abandonar la UE, en un caso con grandes implicaciones constitucionales, que gira en torno al equilibrio de poder entre el Parlamento y el Gobierno.
Los demandantes alegan que abandonar la UE les despojará de derechos como la libre circulación dentro del bloque, y afirman que el proceso no puede iniciarse sin aprobación del Parlamento.
Tres magistrados determinaron que “el Gobierno no tiene el poder dentro de la prerrogativa de la Corona” para iniciar las conversaciones de salida de la UE.
El caso está considerado como la cuestión constitucional más importante en una generación.
Subrayando la importancia del proceso, May puso al fiscal general del Estado, Jeremy Wright, al frente del equipo legal que hace frente a las demandas. Wright alegó que la demanda es un intento de poner un obstáculo legal a cumplir el resultado del referendo del 23 de junio a favor de abandonar el bloque.
May quiere emplear la prerrogativa real, una competencia histórica oficialmente ostentada por la reina, para activar el Artículo 50 del tratado de la UE, que da inicio a dos años de negociaciones antes de la salida británica de la UE. Esa competencia, que en la práctica se ha delegado a los políticos, permite tomar decisiones sin un voto en el Parlamento y abarca asuntos tan graves como declaraciones de guerra o tan básicos como emitir pasaportes.
En el pasado también se ha utilizado ese mecanismo en asuntos exteriores y en la negociación de tratados.
