El secretario de Finanzas de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín, dijo este miércoles en entrevistas que Javier Duarte -gobernador con licencia buscado por la justicia- dio la instrucción de tomar recursos federales etiquetados para municipios y otros objetivos, y utilizarlos para el pago de gasto corriente o nómina.
[contextly_sidebar id=”Kv0OY4Koqe1mQ53BKv06cMBp90K7jejc”]En entrevista con Radio Fórmula, dijo que “prácticamente se dio como hábito, como mecanismo” en la administración de Duarte, “la utilización de recursos de cualquier fuente para poder satisfacer el pago de nóminas”, prestaciones laborales de los trabajadores estatales.
El argumento de Duarte, según Pelegrín, era que tenía que ponerse como prioridad ese gasto, para mantener la paz pública en la entidad.
Esto aunque los recursos federales fueran etiquetados para otros objetivos. Y ahora un grupo de alcaldes incluso mantiene una protesta en el Palacio de Gobierno de Veracruz, reclamando que no le fueron entregados los recursos que les asignó la Federación.
Gómez Pelegrín dijo que él llegó al cargo de secretario de Finanzas en 2015, y que él no dio la instrucción de utilizar ese mecanismo de desvío de recursos federales, aunque estuvo al tanto de ello ya como funcionario.
“Yo también tengo que asumir en mi momento la responsabilidad que pudiera tener, por omisión o por acción. Yo no me estoy excluyendo de una presunta responsabilidad que pudiera tener. Tengo que asumirla, tengo que aceptarla”, comentó a la periodista Denise Maerker.
El secretario estatal dijo que la situación financiera de Veracruz comenzó a descomponerse desde 2010, al existir un desfase entre los recursos federales recibidos, los generados en el estado, y lo que se debe destinar al gasto corriente.
“De 2010 pasó de 16 mil millones de pesos, el gasto corriente en nómina, a 23 mil millones de pesos en 2014”, mencionó el funcionario.
Gómez Pelegrín reconoció que se actuó tarde, para poner orden y atender la situación.
Así que ahora la deuda que tiene Veracruz, dijo, es de 87 mil millones de pesos.
“Corresponde una parte a bancos, 41 mil millones de pesos”, detalló, el resto, a proveedores, a contratistas y otros.
A esa cifra de deuda, mencionó, tendría que agregarse los recursos que pudieron extraerse con mecanismos de corrupción, con casos como el de las empresas fantasma, a la espera de los resultados que den las investigaciones en marcha.
