En agosto pasado, la canciller Claudia Ruiz Massieu presumió que el Estado mexicano había hecho una “aportación extraordinaria” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para superar su crisis financiera, como una muestra que México era un “aliado” del organismo internacional, pero no informó el monto.
[contextly_sidebar id=”dfIHIICwVTDNoinAkxA6jpb87kJe2RTf”]Animal Político solicitó, vía transparencia, la prueba documental de dicha aportación y, según la respuesta, el Estado mexicano dio 50 mil dólares, es decir, 915 mil pesos, al tipo de cambio de 18.3 pesos. Sin embargo, esa cantidad apenas representa 16% de la aportación ordinaria que el gobierno mexicano realizó en 2014, que ascendió a 300 mil dólares.
“Hemos confirmado una contribución voluntaria extraordinaria a la Comisión Interamericana atendiendo al llamado urgente hecho recientemente a todos los estados miembro”, dijo Ruiz Massieu el 26 de agosto pasado, durante la inauguración del seminario Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos, en el 55 Periodo extraordinario de sesiones de la CIDH.
Esta aportación fue para reiterar el compromiso de México como “uno de los aliados más activos y comprometidos” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, según se publicó en el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La prueba de la aportación que la Secretaría entregó vía transparencia es un oficio firmado por Erasmo Lara, titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la dependencia a la CIDH el 23 de agosto, donde se informa el monto.
El documento advierte que el Estado mexicano haría la contribución extraordinaria con el “fin que la CIDH en posibilidad de continuar con las actividades de promoción y protección de derechos humanos”.
A diferencia del resto de documentación entregada, con copia del recibo de las transferencias a los organismos internacionales, la Cancillería no proporcionó la prueba financiera de esta aportación extraordinaria.
El comisionado presidente de la CIDH, James Cavallaro, emitió el oficio número OEA-02068, para informar que el Estado mexicano había respondido favorablemente a la solicitud de la Comisión para recibir donaciones que le permitiera continuar operando.
“El Estado mexicano es sensible a la preocupación que ha mantenido la Comisión por las consecuencias que pudiera tener la crisis financiera, por lo que continuará buscando alternativas para atender la situación y presentar propuestas a fin de fortalecer la sustentabilidad financiera de la CIDH a mediano y largo plazo”, dijo Cavallaro en el oficio fechado el 19 de agosto de 2016.
El exsecretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que México había dejado de entregar cuotas voluntarias y, por lo tanto, tenía responsabilidad en la crisis financiera del organismo internacional, según publicó el diario Reforma.
La labor de la CIDH es importante porque representa la última instancia internacional para que las víctimas de violaciones a derechos humanos accedan a la justicia, después de agotar todas las instituciones y no encontrar respuesta en sus propios países.
Las víctimas en México, además, son quienes más acuden al organismo. De las mil 164 peticiones que se presentaron en 2015, 849 correspondieron a México, por lo que es el país con más denuncias de violaciones a derechos humanos.
