[contextly_sidebar id=”Hczz1R95bEHfgWR9GeRuaqLfSwoGnO9p”]Buscar refugio en México cuando la vida de una persona corre peligro en su país de origen es casi una tarea imposible.
Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), en tan solo cuatro años, de 2011 a 2015, México recibió 8 mil 419 solicitudes de asilo; un promedio de 175 al mes, o 6 al día.
Sin embargo, solo 2 mil 175 de las peticiones fueron aceptadas.
O en otras palabras: en los últimos cuatro años, las autoridades migratorias rechazaron 8 de cada 10 peticiones de refugio y ordenaron la deportación de miles de personas extranjeras, a pesar de los riesgos que enfrentan en países como Honduras o El Salvador, en Centroamérica, donde la ‘guerra’ de las pandillas ha colocado a estas naciones como las más violentos del mundo.
En contraste con los pocos refugios concedidos, en 2015 se registraron 190 mil 366 eventos de detención de migrantes; la cifra más alta en casi una década. Mientras que de 200o a 2015, se produjeron 2 millones 126 mil eventos de detención que concluyeron con un millón 659 mil deportaciones, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Para dimensionar este dato: los más de dos millones de migrantes detenidos en México, equivalen a la población total de países como Letonia, Eslovenia, Macedonia o Kuwait.
Estos son algunas de las claves que la organización civil Sin Fronteras subraya en su informe ‘Detención sin Excepción’, en el que presenta un análisis de 15 años de monitoreo a estaciones migratorias, así como de las problemáticas, los avances y los retrocesos, de la política migratoria mexicana.
Pese a recomendaciones, aún existen celdas de castigo en estaciones del INM
Joselin Barja Coria, consultora de Sin Fronteras y autora del informe, destacó que las cifras anteriores son el resultado de un política migratoria en la que, independientemente del presidente que haya ocupado la residencia de Los Pinos en los últimos 15 años, la detención de migrantes “es la norma y muy pocas veces la excepción”.
Coria advirtió que la política mexicana de detenciones masivas “potencializa” aún más los riesgos de sufrir abusos y violaciones a derechos humanos de la población migrante más vulnerable, como solicitantes de asilo, menores migrantes, grupos LGBTTI, o extranjeros que huyen de países en guerra.
Entre esos abusos, la directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, subrayó algunos de los recabados por el informe, que van desde faltas al debido proceso –es decir, no se informa a los migrantes por qué se les detiene, ni cuánto tiempo va a estar detenido, ni cuáles son sus derechos-, a casos de tortura y abusos sexuales por parte de agentes migratorios, hasta la existencia de celdas de castigo en los centros de reclusión del INM.
Cabe recordar que ya en abril de 2013, en el informe ‘Ser migrante no me hace delincuente’, Sin Fronteras denunció junto con otras organizaciones civiles la existencia de “calabozos de castigo” en las estaciones migratorias de Tapachula y de la Ciudad de México, donde “la práctica recurrente es encerrar a jóvenes en un cuarto de aislamiento, como método de sanción”.
A partir de esta denuncia, Sin Fronteras hizo una recomendación al INM para erradicar estos cuartos de castigo. Recomendación que repitió en 2014 y en 2015, cuando en el informe ‘Derechos cautivos’ documentó que las celdas de castigo, “y el trato violento y humillante” son una táctica recurrente “para amedrentar a quienes exigen respeto a sus derechos”.
A pesar de la reiteración en las recomendaciones, y a pesar de que desde 1986 México ratificó la Convención contra la Tortura y otras tratos crueles, Sin Fronteras recalca en su último informe de este 2016 que los espacios de castigo o aislamiento” no se han erradicado”.
15 años de recomendaciones y muy pocos avances
No obstante, esta no es la única recomendación ignorada por las autoridades del INM. De hecho, en el análisis del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los últimos 15 años, la mayoría no han sido atendidas, o se han atendido solo parcialmente.
Por ejemplo, en los años 2003, 2013, 2014 y 2015, se recomendó al INM prohibir el encarcelamiento de niños, niñas y adolescentes migrantes.
Aunque algunos de estos menores migrantes sí son ubicados en albergues del DIF o de la sociedad civil –tal y como establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-, existen numerosos testimonios de niños literalmente encarcelados en estaciones migratorias a la espera de ser enviados de vuelta a su país.
En el especial ‘Menores Migrantes: México cierra la puerta a una generación que huye de la violencia’, Animal Político documentó la historia de niños presos en la estación migratoria de Tapachula.
Otra de las recomendaciones más reiteradas -2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015- es que los agentes del INM informen de manera clara y precisa a los migrantes por qué están siendo detenidos, el procedimiento que se llevará a cabo, y cuáles son sus derechos.
Sobre este punto, Sin Fronteras recalca que a pesar del gasto de dinero en la capacitación del personal del INM para cumplir esta recomendación, los esfuerzos no se reflejan en la práctica, ya que “la desinformación (de los migrantes) sigue siendo una queja constante”.
Mientras que otra de las recomendaciones más frecuentes -2005, 2006, 2007, 2009 y 2015- relativas a informar a los migrantes de su derecho a solicitar refugio, Sin Fronteras apunta que se han dado avances, como la publicación por parte de COMAR de un protocolo para identificar a menores migrantes que podrían aplicar a la condición de refugiado.
Sin embargo, el informe también advierte que en las estaciones migratorias aún hay personal operativo que lleva a cabo prácticas de “disuasión” hacia las personas interesadas en solicitar asilo –como advertirles que será un proceso muy largo y costoso-, o que directamente los amenazan y agreden para que se desistan de ejercer su derecho.
Aquí puedes leer el informe completo ‘Detención sin excepción’ de Sin Fronteras:
Informe EM 23noviembre FINAL by mureste4878 on Scribd
