Autoridades federales y del Estado de México (Edomex) violaron los derechos de los pobladores indígenas otomíes del pueblo de San Francisco Xochicuautla al imponer, sin consulta previa y sin un adecuado informe de impacto ambiental, una carretera que sería construida por una filial del Grupo Higa, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 56/2016.
[contextly_sidebar id=”yxUZNJgGMd9IFARWUFCEO1uRr2TKgM91″]En la recomendación dirigida a la secretaria Rosario Robles Berlanga, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); al secretario Rafael Pacchiano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Edomex, la CNDH concluyó que el proyecto, que inició el 5 de diciembre de 2006, se hizo sin “consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista”.
No sólo eso. La CNDH evidenció que estas autoridades, así como la empresa filial de Grupo Higa, han incumplido acuerdos judiciales, cometido actos de intimidación con el apoyo de la fuerza pública y puesto en marcha nuevas estrategias para continuar con los trabajos de construcción de la carretera, sin cumplir con el derecho de las comunidades indígenas de “ser consultados de manera previa, libre e informada”.
Lo documentado por la CNDH provocó que, desde 2007, una parte importante de los pobladores y activistas de la región se organizaran y denunciaran las irregularidades cometidas ante diferentes instancias defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Los pobladores en todo este tiempo han denunciado no haber sido tomados en cuenta para decidir sobre el futuro de su comunidad, regida por usos y costumbres; no tomarse en cuenta las afectaciones que el proyecto traería a la flora y fauna de la región y el hecho de que el pueblo quedaría partido en dos por el paso de la carretera, provocando a su vez que se perdiera el vínculo que tienen con el bosque y de lo que ahí obtienen, como madera, hongos, y otros alimentos.
La recomendación
En la recomendación de 102 cuartillas, la CNDH no sólo documentó la falta de una consulta previa para construir la carretera, identificó algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades para saltarse las normas y los procesos judiciales existentes que prohíben continuar con los trabajos de construcción en tanto concluyen los juicios interpuestos por los propios pobladores.
Corroboró que aun cuando las autoridades aseguraron haber cumplido con las consultas correspondientes con los pobladores, para pedir la autorización de la obra, no existió una verdadera consulta.
“La participación de los pobladores tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras”, como indicaba el decreto expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015.
“Tampoco se advirtió de qué manera se dio a conocer dicho proceso de consulta, porque se organizó sin tomar en cuenta a la comunidad indígena, se programó en un lugar ajeno a ésta y de último momento se cambió a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México. Además, la consulta se realizó en una semana, tiempo insuficiente para que los afectados pudieran conocer los detalles, resolver dudas, proponer soluciones, reflexionar y fijar una postura para otorgar o no su consentimiento”, dijo la CNDH.
La Comisión también detectó como el pasado 11 de abril los representantes de la filial de Grupo Higa, acompañados por policías municipales y de Seguridad Ciudadana, reanudaron los trabajos de construcción de la autopista y para ello demolieron la casa de uno de los pobladores de San Francisco Xoxhicuautla, así como un campamento instalado para evitar el avance de las obras.
Ante ese panorama, la CNDH lanzó una serie de recomendaciones a las autoridades involucradas para lograr una adecuada solución al conflicto, independientemente de los procesos judiciales que se siguen en este momento en los tribunales.
Al Gobierno del Edomex recomendó mantener las mesas de diálogo para la solución del conflicto y la puesta en marcha de un Fondo Comunitario en favor de las comunidades indígenas, “cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole, mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas y otras actividades que las beneficien”.
En el caso de la construcción de la autopista pidió que se valore la modificación del trazo y la construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla.
A Sedatu y Semarnat pidió la redacción de circulares que obliguen a sus funcionarios a respetar las consultas previas de los derechos indígenas, conforme a las normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recomendó vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las resoluciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de la autopista Toluca-Naucalpan, entre las más importantes.
