La organización ciudadana Participando por México indicó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el amparo que presentó en contra de diferentes instituciones por aprobar la ampliación de mandato de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
[contextly_sidebar id=”bKeAGn4UlFcZqZij6r4wCQ92Zny2oiPM”]El amparo fue presentado el pasado 25 de noviembre, en contra de el Congreso de la Unión, el secretario de Gobernación y el presidente de la República.
“La solicitud para que sea la Suprema Corte la que resuelva el amparo se fundamenta en la importancia y trascendencia del caso”, indicó la ONG en un comunicado.
“El amparo es una respuesta de la sociedad civil frente a la aprobación, el pasado 3 de noviembre, de la controversial #LeyDeCuates, con la cual se alteraron los periodos de designación de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior.
En su momento, más de 20 mil ciudadanos se sumaron a la petición por un Tribunal Electoral #SinCuotasNiCuates. Sin embargo, los diputados y senadores ignoraron este petición, y de manera ilegal ampliaron el periodo de dos magistrados de 3 a 7 años y de otros dos magistrados de 6 a 8 años”, agregó.
Junto con otras organizaciones, Participando por México también presentará en los próximos días un amicus curiae (amigo de la corte) –un documento que contiene la opinión legal de ciudadanos y especialistas sobre un caso que se discute en la Corte–, “a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca la postura de la sociedad civil sobre las acciones de inconstitucionalidad que los partidos presenten en contra de la #LeyDeCuates”.
La ONG indica que rechaza la ampliación de mandato de los magistrados electorales por los siguientes puntos:
1) Atenta contra la equidad de género, pues es una ley que sólo beneficia a 4 hombres y que impide contar con una integración paritaria
2) Pone en duda la imparcialidad e independencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
3) Impide que las organizaciones de la sociedad civil puedan opinar y participar en los procesos de designación programados para 2019 y 2022
4) Contribuye a reforzar la idea de que en la designación se siguió una lógica de cuotas y cuates
5) Daña la credibilidad de la máxima autoridad en materia electoral.
