La PGR va por otra orden de aprehensión contra Duarte, ahora por presunto desvío de 200 mdp

Javier Duarte desvió más de 200 millones de pesos para la compra de terrenos a sobreprecio en Campeche, de acuerdo con las investigaciones de la PGR.

Javier Duarte
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Cuartoscuro Archivo
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a un juez federal una segunda orden de aprehensión contra el exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, por un nuevo presunto desvío de recursos públicos que supera los 200 millones de pesos.

El supuesto desvío del dinero se hizo a través de triangulaciones mediante compañías fantasma.

La solicitud que enviará la PGR a un juez, en los próximos días, establece que a través de una empresa denominada “Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria” se realizaron operaciones de lavado de dinero para ocultar el origen de recursos públicos.

Los datos recabados por el Ministerio Público, a los que Animal Político tuvo acceso, detallan que Terra compró parcelas ejidales sobrevaluadas en Campeche en los que invirtió más de 210 millones de pesos.

Los recursos para esta compra provinieron de varias compañías fantasma que fueron contratistas de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud de Veracruz.

El dueño de las parcelas ejidales adquiridas por la empresa Terra era un abogado corporativo de nombre Alfonso Ortega López, quien previamente compró la tierra en no más de 20 millones de pesos. Lo anterior gracias a una serie de operaciones en las que simuló ser ejidatario para poder adquirir los terrenos.

“Nosotros nos convertimos en ejidatarios de papel, no lo éramos porque había que vivir en Campeche pero hicimos unos arreglos con un señor de nombre Antonio Almazán  para poder adquirir estos terrenos  a un precio inferior y luego vendérselos a estas empresas. Todo era una fachada”, declaró ministerialmente Ortega López.

Este esquema es prácticamente el mismo que el utilizado en el primer caso consignado por la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en contra de Javier Duarte y otros ocho presuntos cómplices. Esa compra fue de 250 millones y se hizo a través de la empresa Consorcio Brades. Los terrenos ejidales que fueron sobrevaluados eran propiedad de Moisés Mansur, empresario prestanombres de Duarte que también está prófugo.

En esta segunda acusación la PGR procederá contra Javier Duarte y contra Alfonso Ortega López, entre otros presuntos implicados.

En el caso de Ortega López, este ha colaborado con el Ministerio Público confesando todas las operaciones simuladas en las que estuvo involucrado para “ocultar recursos públicos con fines privados”.

El titular de la PGR, Raúl Cervantes. confirmó en una entrevista radiofónica, el pasado 30 de noviembre, que Ortega López no era un testigo protegido pero estaba colaborando con las autoridades a través de una figura que contempla el nuevo sistema penal acusatorio, y que permite que personas implicadas en un delito alcancen penas reducidas.

La nueva consignación también incluirá a Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva, quienes, según las declaraciones de Ortega López, figuran como socios de la empresa Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria utilizada en esta nueva trama para la triangulación de los recursos.

Consulta aquí el especial: Las empresas fantasma de Veracruz

Prófugos durante dos meses

Ayer, Javier Duarte cumplió dos meses prófugo de la justicia. Fue la noche del 14 de octubre cuando un juez federal en la Ciudad de México concedió en una audiencia privada una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dos días antes de que el juez concediera dicha orden, Javier Duarte había pedido licencia en su cargo como gobernador y desde entonces se desconoce su paradero.

El pasado 7 de noviembre. el entonces gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, reconoció que hizo algunas gestiones para facilitar que Javier Duarte se desplazara en un helicóptero fuera de Veracruz. Aclaró que esto ocurrió porque no sabía en ese momento que fuera prófugo de la justicia.

“Él (Javier Duarte) pidió un helicóptero que lo trasladó a Coatzacoalcos, lo pidió directamente al aeropuerto. Pedí a la gente del aeropuerto que le dieran las atenciones de un gobernador porque yo no sabía que existía una orden de aprehensión”, dijo Ríos en una entrevista.

Cuatro días después de la declaración de Ríos y a casi un mes de que se había concedido la orden de arresto, la PGR anunció que ofrecía una recompensa de quince millones de pesos. Además, el 18 de noviembre se reveló públicamente que una persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tapachula con dos pasaportes en los cuales aparecían las imágenes retocadas de Javier Duarte y de su esposa Karime Macías pero con otros nombres. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que se trataba de documentos falsos.

De acuerdo con autoridades de la PGR, hasta ahora no hay un dato sólido que permita presumir que Javier Duarte consiguió salir del país en los últimos dos meses. Se siguen varias líneas de investigación que apuntan a que pudiera encontrarse en alguno de los estados del sur del país o incluso en el centro.

Javier Duarte no es el único que cumplió dos meses prófugo de la justicia. Dentro de la causa penal 97/2016 que contiene la acusación en contra del exgobernador también se giraron órdenes de aprehensión en contra de ocho personas  de las cuales solamente dos han sido detenidas hasta ahora: las hermanas Nadia e Isabel Arzate Peralta, socias de Concesionaria Brades.

El resto de las personas que siguen prófugas son Moisés Mansur Cisneyros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria.

Duarte, en el “desamparo”

Javier Duarte ha intentado frenar la orden de aprehensión en su contra con dos demandas de amparo que hasta ahora no han fructificado.

En una de las demandas, la radicada en el expediente 1031/2016, Javier Duarte argumentó que debido a que tenía fuero como gobernador no podía ser detenido. Esto luego de que a través de un tercero envió una carta al Congreso del Estado en la que supuestamente anunciaba que daba por concluida la licencia temporal que pidió. Pero el juez no validó este argumento y rechazó suspender la orden de captura.

De forma paralela, los abogados de Duarte promovieron otra demanda de amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo pero el resultado también fue negativo. En este caso el juez consideró que el delito de delincuencia organizada es grave uy por lo tanto amerita prisión preventiva por lo que la orden de aprehensión concedida a la Procuraduría era legal.

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