Guardería de la Procuraduría de Justicia de la CDMX niega inscripción a niño con discapacidad

La inscripción a la estancia infantil es un derecho laboral para las trabajadoras de la Procuraduría, sin embargo ésta negó inscripción a un menor que tiene discapacidad motriz e intelectual.

Procuraduría
La PGJ negó varias veces la inscripción al menor a la guardería. StockSnap.io

El pasado 3 de diciembre, al conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que gracias a los apoyos que su administración ha brindado a la población con discapacidad, en la capital del país ha logrado disminuirse el índice discriminación hacia este sector de la sociedad.

Sin embargo, un informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos capitalina –publicado este 8 de diciembre–, revela que cuando Mancera fue Procurador de Justicia del Distrito Federal, esta dependencia se negó reiteradamente a aceptar a un menor de edad con discapacidad en la guardería-preescolar donde se cuida a los hijos e hijas de quienes ahí laboran.

Tal como consta en la recomendación 15/2016, de la CDHDF, la mamá de este menor intentó inscribir a su hijo con discapacidad motriz e intelectual en la guardería de la Procuraduría, desde agosto del año 2011, cuando el actual jefe de gobierno dirigía la PGJ de la Ciudad de México.

A pesar de que el acceso a la guardería es un derecho laboral de la afectada, la Procuraduría le informó que el reglamento de la institución prohibía inscribir a menores con “autismo infantil”, por lo que le requirieron llevar a su hijo a otra institución.

En enero de 2012, Miguel Ángel Mancera dejó de ser titular de la Procuraduría y se convirtió en candidato, primero, y luego en jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, esto no implicó ningún cambio en la política de la Procuraduría capitalina hacia los hijos de sus empleados con discapacidad. De hecho, durante 2012, la mamá del menor  recibió nuevos pretextos para no aceptar a su hijo en la guardería: en agosto de ese año, ante un nuevo intento de inscripción, la negativa se sustentó en el supuesto de que no había cupo en el grado escolar que le correspondía al menor.

Luego, en 2013, el argumento fue que el niño podía ingresar a la guardería, sólo si la mamá obtenía, por sus propios medios, diagnósticos en psicología, terapia de lenguaje, pedagogía y medicina, para que, con ellos, con el fin de que la guardería oficial estuviera en posibilidades de prepararse para brindarle atención.

En 2014, el menor cumplió los 6 años y dejó de estar en edad de acceder a la guardería-preescolar de la PGJ de la Ciudad de México, por lo cual, su mamá presentó una denuncia penal por el delito de discriminación en contra de su hijo. La misma PGJ desechó la denuncia.

PGJ discriminó y afectó al menor

Por todas estas anomalías, la Comisión de Derechos Humanos del DF determinó que la Procuraduría capitalina violó el derecho de este menor a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, que gozan las personas menores de edad con discapacidad.

Además, concluyó, al no contar con infraestructura, recursos humanos ni convenios con instituciones especializadas (locales o federales) para atender a menores con discapacidad, la PGJ de la Ciudad de México “viola el derecho (de estos menores) a la educación inclusiva, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Por último, al carecer de una “política de de apoyo a los niños y niñas con discapacidad, que son hijos e hijas del personal” se vulnera el derecho de estos menores “a recibir la protección y asistencia necesarias por parte del Estado y sus familiares”.

Cabe destacar que, aunque la guardería en cuestión pertenece a la PGJDF, su “vigilancia y supervisión” está a cargo de la Secretaría de Educación Pública federal y, por lo tanto, en dicha guardería aplica el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa federal, según el cual, los planteles oficiales deben “eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación”.

En concreto, este ordenamiento establece que “tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica”.

Este decir, por ley, la guardería de la PGJDF está obligada a recibir a todos los menores con discapacidad, que sean hijos del personal, y eliminar aquellas condiciones que le impiden atender adecuadamente a estos menores, tales como la falta de infraestructura, de personal capacitado, así como la falta de convenios con instituciones que puedan complementar los servicios de su guardería-preescolar.

La Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó, también, que el Manual Administrativo de la Procuraduría y el Manual de Operación de la guardería violan el derecho de los niños y niñas con discapacidad a una educación inclusiva, al prohibir expresamente que menores con discapacidad sean atendidos por la guardería-preescolar de la institución.

Al respecto, la Procuraduría alegó que dicho manual ya había sido reformado, y que estas prohibiciones fueron eliminadas. Sin embargo, cuando la CDHDF solicitó las pruebas documentales de que dichos cambios habían sido realizados, la Procuraduría debió reconocer que no existían dichas modificaciones y que la prohibición contra personas con discapacidad sigue vigente.

Peor aún: este Manual Administrativo, así como el Manual Específico de Operación de la guardería de la PGJDF, violan “lo estipulado en diversos instrumentos internacionales, en el sentido de que ninguna ley debe ser discriminatoria”, según las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Estas normas ordenan “negar la inscripción” en la guardería o, en su caso, “suspender” a todo niño o niña que presente epilepsia, ceguera, labio y paladar hendidos, neoplasia, luxación congénita de cadera, alteraciones ortopédicas que obliguen al uso de “aparatos ortopédicos que representen riesgo al menor o compañeros”, “retraso mental” y “Síndrome de Asperger”.

Por todas estas violaciones a derechos humanos, la CDHDF ordenó a la Procuraduría modificar su normatividad interna para adecuarla a los ordenamientos nacionales e internacionales, capacitar al personal de su guardería en atención a menores con discapacidad, así como “planificar e implementar” las medidas de accesibilidad necesarias para que sus instalaciones puedan brindar servicio óptimo a este sector de la población.

Por último, ordenó que se inicien investigaciones, tanto penales como administrativas, en contra de los funcionarios responsables del delito de discriminación, en contra del menor agraviado.

Respuesta de la Procuraduría

Tras la publicación de este reportaje, la Procuraduría respondió lo siguiente:

1. El 23 de agosto de 2011, la madre del menor de edad solicitó su ingreso al Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil (CEPDI). El mismo día, se le entregaron los requisitos generales del servicio médico para iniciar el trámite, entre los que se incluían los exámenes de laboratorio.

2. El 23 de septiembre de 2011, la madre del menor presentó los resultados de dichos exámenes de laboratorio, y se le brindó cita para elaboración de documentación y valoración de ingreso del menor de edad, como se hace con todos los de nuevo ingreso.

3. El 29 de septiembre de 2011, se elaboró la historia clínica del menor de edad, y del diagnóstico obtenido, se canalizó al Instituto Nacional de la Comunicación Humana, del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sector Salud para su valoración.

4. El 20 de enero de 2012, se realiza llamada telefónico a la madre, para solicitarle los resultados de la canalización, informando que aún no contaba con ellos, sino sólo con el carnet de citas, cuya copia presentó el 10 de febrero de 2012.

5. El 30 de mayo del mismo año, se realizó la valoración por neurología y psiquiatría, del Instituto mencionado.

6. Hasta el 21 de junio de ese mismo año, la madre presentó al CEPDI los documentos de valoración y diagnóstico del niño, y señaló que no continuaría con el trámite pues lo llevaría al Centro de Atención Múltiple de la SEP, manifestando su agradecimiento por la atención brindada.

7. El 30 de agosto de 2012, la madre del menor de edad volvió a solicitar su ingresó al CEPDI, manifestándosele que en ese momento no había cupo en el grado preescolar pretendido, y se le sugirió realizar el trámite de lista de espera, como se hace en todos los casos.

8. El 12 de marzo de 2013, el CEPDI hace del conocimiento de la madre del niño, que para formular un plan de trabajo adecuado al menor, resultaba necesaria una valoración neuropsicopedagógica que permitiera conocer sus habilidades y necesidades; aunado a ello, el niño debía recibir educación especializada, adicional a la que el CEPDI le proporcionaría.

9. A partir de lo anterior, la madre del niño no continuó con los trámites correspondientes al ingreso.

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Comentarios
  • Sandra Padilla

    Derecho de réplica soy la madre del menor en cuestión y nunca de intentar escribirlo faltó decir que paso de pseudo autismo a autismo severo por el acoso laboral que hizo la pgjdf, quien me descontó salario indebido y aumento mi horario s indeterminado de 9 a 10 de la noche de lunes a sábado, olvidaron que el tráfico de influencias trato de despedirme, que nunca se me aplicaron ajuste s razonables entre otras cosas innombrables.
    Olvidaron también que en ese entonces estaba embarazada.lo que inclemente la violencia de género y que caí en el hospital en más de dos ocasiones.

  • Blooms

    Que triste pero la verdad es que esta falta de atención a los discapacitados es nacional. Cuantas veces no hemos visto que ponen rampas (hasta en edificios federales) que solo llegan a una puerta dura sin boton. Desafortunadamente, con los niños discapacitados es mas complicado por que definitivamente tienen que tener personal que entrenado Y que quiera estar ahí para ayudarlos por que es mas dificil trabajar con niños con discapacidades. Muchos niños autistas tienden a morder a la gente, recuerden el autismo = falta de empatía (no entienden ni les importa que te duela la mordida). Esto significa que admitir a este tipo de niños en una guardería puede poner en peligro a los otros niños si no están bien vigilados/cuidados. Ademas, para las maestras tambien es otra carga por que por ejemplo un niño de 7 años ya va solo al baño, pero uno con retraso mental probablemente necesite un cambio de pañal y este se tiene que hacer entre dos personas mínimo ya que patean y están pesados. Pero si tienes a dos maestras cambiando pañal, quienes están con los otros niños? La verdad es que debería de haber instituciones especiales para estos niños por que no va a ser equitativo para los otros ponerlos ahí, estos niños necesitan cuidado especial no el mismo que tienen los otros.