Después de más de dos años que 150 policías de investigación de nueve delegaciones y fiscalías interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por sus condiciones laborales, el organismo les dio la razón: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal violó sus derechos.
[contextly_sidebar id=”Vz2KrkJfg4GpxVkwkXvBVqfRnwIY5diY”]En 2013, ministerios públicos y policías de investigación iniciaron protestas ante el gobierno capitalino en demanda de mejores condiciones de trabajo. Comenzaron la organización Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia, encabezado por Ramón Bernal, policía que fue destituido meses después argumentando abandono de trabajo.
En mayo de 2014, elementos de las zonas territoriales de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Iztacalco y Venustiano Carranza, la Fiscalía de delitos sexuales y la Dirección de planeación policial se atrevieran a denunciar la violación a sus derechos humanos.
El pasado 14 de diciembre, la CDHDF emitió la recomendación 16/2016 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al titular, Rodolfo Ríos, en la que señala violaciones a los derechos al trabajo, a la igualdad y no discriminación y al principio de legalidad y seguridad jurídica.
Después de una investigación que consistió en entrevistas, encuestas aleatorias a elementos de la Procuraduría, inspección en los espacios de trabajo, documentos de oficiales y análisis del impacto psicosocial colectivo de los policías, el organismo concluyó que existe discrecionalidad en la estructura de mando, las jornadas de trabajo contravienen leyes federales y disposiciones internacionales.
Los turnos de 24 horas continuas cuando están de “guardia” o “imaginaria” —cuando trabajan 12 horas y descansan 12 horas— son impuestos de manera aleatoria a discreción de los mandos. Además, son requeridos para cubrir turnos extraordinarios “por las necesidades del servicio” aún cuando se encuentran en descanso y ni siquiera existen lineamientos para ello.
Animal Político buscó la versión de la PGJDF, sin embargo el área de Comunicación Social señaló que “debido a la época decembrina los funcionarios que podrían responder esta solicitud no están disponibles” y que será el 6 de enero (día límite para aceptar o no la recomendación) cuando se dará a conocer la información correspondiente.
Derechos violados
Las jornadas de trabajo de los policías, funcionarios de confianza de la Procuraduría capitalina, están regidas por los Lineamientos para la operación institucional del personal sustantivo que forma parte del servicio de carrera y el Manual operativo de actuación policial, en el que se establecen los horarios.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo al Servicio del Estado, cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, “la jornada máxima se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que puede trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud”.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el descanso semanal obligatorio, que consiste en un día de reposo con goce de sueldo por cada seis días laborales para preservar la salud física y mental de las personas, quienes no están obligadas a prestar sus servicios en los días de descanso.
Sin embargo, 100% de los policías encuestados ha cubierto horarios laborales extraordinarios extenuantes durante su jornada laboral, bajo el argumento de sus superiores de “necesidades de servicio”, pero ni siquiera hay una definición de qué significa.
La Comisión acreditó que al existir varias jornadas de trabajo y la falta de definición de los turnos complementarios trae como consecuencia que no se respete a los policías en su horario de trabajo, ni el tiempo de descanso.
“La jornada de trabajo se excede por más de 96 horas semanales. Esto vulnera el derecho al descanso y a la limitación de la jornada laboral en agravio de las y los policías de investigación y su derecho al trabajo”.
Además, los policías de investigación son enviados a partidos de futbol o hasta vigilancia en los bancos, aunque no se expida la orden por escrito, mientras que en sus propias áreas hay déficit de elementos.
Por ejemplo, en la Fiscalía IZC-2 están adscritos 30 elementos; sin embargo sólo hay cuatro agentes por turno debido a que el resto está “comisionado” realizando actividades de “escolta, administrativas, de licencia médica, entre otras, lo que el estado de fuerza se ve reducido significativamente”.
Las autoridades de la Procuraduría “han omitido llevar a cabo las acciones administrativas para solicitar los recursos humanos necesarios. En los últimos cinco años sólo se crearon diez plazas de policías de investigación y ello no obedeció a la prestación de mejorar las condiciones laborales estructurales de la Procuraduría, sino a la erogación de recursos par instrumentar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial”.
La Comisión concluyó que tampoco respetan el derecho a un salario remunerador y en igualdad de condiciones, toda vez que aunque existe un tabulador establecido por la dirección de recursos de la Procuraduría fijado en 16 mil 631 pesos mensuales para un policía de investigación, se comprobó que algunos ganan hasta 9 mil pesos.
Las mujeres policías, además son discriminadas, toda vez que no les permiten permisos en caso de tener hijos y existen menos plazas para mujeres que para hombres.
El hostigamiento laboral también es una constante pues, la mitad de los agentes cambiados de adscripción aseguran que la causa fue por haber denunciado a su coordinador o por defender sus derechos, por ser mujer por alguna discapacidad, por no cumplir órdenes de sus superiores o no cumplir las cuotas de puestas a disposición (detenciones).
La CDHDF también comprobó que la Procuraduría no proporciona a los policías las herramientas, insumos y materiales de trabajo, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y espacios donde laboran, ni espacios dignos a favor de las mujeres (en algunos casos no hay baños separados por género) lo que violenta el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo en condiciones de igualdad y no discriminación con perspectiva de género.
La recomendación
La CDHDF hizo recomendaciones dirigidas al procurador Rodolfo Ríos para que en un plaza no mayor a 120 días naturales realice un diagnóstico sobre la situación laboral de todos los policías de investigación, insumos y materiales y problemáticas en las instalaciones.
Que en 180 días realicen acciones para atender las problemáticas y necesidades de los policías con base en el presupuesto y sea establezca en el Programa Operativo Anual de 2018.
Pidió también una revisión y adecuación de los instrumentos internos con las disposiciones legales internacionales para establecer jornadas de trabajo que permitan periodos establecidos de descanso y definición y establecer procedimientos para los “servicios extraordinarios”.
Mientras que a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México debe homologar salarios, prestaciones, estímulos y creación de nuevas plazas entre los policías de investigación.
El procurador Ríos Garza tiene hasta el 6 de enero de 2017 para aceptar o no esta recomendación.
